Los Franco aportan p¨®lizas de seguro y declaraciones de la renta de Meir¨¢s

La familia Franco ha aportado una serie de documentaci¨®n por la demanda interpuesta por el Estado y a la que se adhirieron los ayuntamientos de Sada y de A Coru?a y la Xunta, que reclaman la incorporaci¨®n al Patrimonio Nacional del Pazo de Meir¨¢s, situado en el municipio coru?¨¦s de Sada. Quieren "hacer valer" que el inmueble es propiedad suya y, por ello, adjuntaron p¨®lizas de seguro y declaraciones de la contribuci¨®n general sobre la renta.

Concretamente, esta documentaci¨®n, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido adelantada por la Cadena Ser, incluye las declaraciones de la renta de Francisco Franco Bahamonde del a?o 1960 sobre el ejercicio 1959 y del a?o 1958, en la que se incluye el Pazo de Meir¨¢s como propiedad.

Los papeles incluidos en la causa son documentaci¨®n aportada para el juicio, que se celebrar¨¢ entre el 6 y el 10 de julio tras la vista preliminar que ha tenido lugar el pasado 31 de enero en el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de A Coru?a y que finaliz¨® tres horas y media despu¨¦s sin acuerdo entre las partes.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, ha remarcado este martes que toda la documentaci¨®n aportada, que "no ha sido impugnada" por las partes personas como demandantes, trata de "hacer valer" que el pazo era considerado "una propiedad privada".

En las declaraciones aportadas tambi¨¦n se incluyen los rendimientos agr¨ªcolas por propiedades fincas destinadas a cultivos, como as¨ª se recoge en los papeles incorporados a la causa.

En la documentaci¨®n aportada, tambi¨¦n se encuentran dos p¨®lizas de seguros en caso de incendios, contratadas con Covadonga Sociedad An¨®nima de Seguros para proteger los bienes incluidos en el pazo, que como all¨ª se indica tambi¨¦n es conocido como Torres de Meir¨¢s.

As¨ª, una de las p¨®lizas ten¨ªa diez a?os de duraci¨®n, desde el 11 de septiembre de 1959 hasta el mismo d¨ªa de 1969, aseguraba un capital de 2,5 millones de pesetas, con un coste de la prima de 3.790,10 pesetas, en el valor de la mitad del siglo XX. Otra de las p¨®lizas remitidas es del 27 de abril de 1940 y tambi¨¦n por duraci¨®n de diez a?os con la misma empresa y una prima de 1.500.000 pesetas.

De ella, 1.250.000 pesetas aseguraban, seg¨²n el documento, la casa se?orial; mientras que un mill¨®n de pesetas proteg¨ªa el mobiliario, que inclu¨ªa objetos religiosos. Las 250.000 pesetas restantes era el valor de alhajas, encajes, tapices, biblioteca, piano y otros objetos de arte.

La documentaci¨®n aportada tambi¨¦n incluye un informe de la Abogac¨ªa del Estado de abril de 2018, cuando estaba en el gobierno el PP de Mariano Rajoy, en el que se examinaba la reclamaci¨®n de la Diputaci¨®n de A Coru?a sobre el Pazo de Meir¨¢s.

En este escrito, la instituci¨®n del Estado concluye que "aunque fue una de las dos residencias oficiales veraniegas del jefe de Estado (...) desde 1941 a 1975, al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional".

"Y ello por aplicaci¨®n de las leyes de 7 de marzo de 1940 y de 16 de junio de 1982". En su virtud, el Consejo de Administraci¨®n de la entidad no se halla legitimado para su reivindicaci¨®n", concluye.

En su demanda, la actual Abogac¨ªa del Estado plantea que fue el Ayuntamiento de Ferrol y no Franco quien abon¨® el impuesto de contribuci¨®n, cuesti¨®n que se expuso en las alegaciones del pasado 31 de enero y que por parte de la jueza se admiti¨® hacer el requerimiento necesario para que se aporte la documentaci¨®n que conste a este respecto en el consistorio.

El letrado ha sostenido que hab¨ªa una explotaci¨®n de car¨¢cter agrario de la que se hac¨ªa cargo en determinadas cuestiones la Administraci¨®n central y que se mantuvo vigilancia de la Guardia Civil hasta el a?o 1990, argumentos con los que se pretende respaldar la reivindicaci¨®n de que el inmueble pase al patrimonio p¨²blico.

Sin embargo, los Franco defienden con una "documentaci¨®n muy abundante" que el dictador consideraba el pazo suyo y que, por ello, "pagaba la contribuci¨®n y declaraba los rendimientos agrarios". "Nadie puede pensar que Francisco Franco contratase p¨®lizas de seguro y se imputase rendimientos agr¨ªcolas y tributase por ellos", ha manifestado el abogado de sus descendientes.

Otro de los argumentos esgrimidos radica en que la contribuci¨®n urbana "giraba a su nombre" y, si fuese un edificio del Estado, "estar¨ªa exento" del IBI. "Entrar¨ªa en contradicci¨®n que lo declarase como suyo, si no, el Estado tendr¨ªa algo que decir", esgrime.

El abogado advierte de que en este juicio "no se trata de dirimir si (Franco) era malo, regular o bueno", sino que "se disputa una propiedad". "Nosotros consideramos que todas las consideraciones pol¨ªticas en torno a Franco y el momento hist¨®rico son irrelevantes de cara a un pleito en el que lo que vale es el C¨®digo Civil. Las consideraciones pol¨ªticas tienen que estar al margen, es un pleito t¨¦cnico-jur¨ªdico", ha sentenciado.

Tras la vista preliminar de enero, la representaci¨®n legal de la familia Franco dijo que "lo importante es que el dinero no sali¨® ni del comprador ni de las arcas p¨²blicas, sino de particulares que no son parte".

Una de las cuestiones que centr¨® parte de las divergencias en la vista preliminar de enero fue la escritura de 1941, que el letrado del Estado puso en cuesti¨®n y la calific¨® de "fraudulenta" para dar "una apariencia a favor de Franco y sus herederos". Por su parte, la parte demandada replic¨® que se trata de "un documento v¨¢lido".