Madrid podr¨¢ contratar con empresas que incumplan la Ley de Transparencia
El Gobierno central obliga al regional a modificar la norma al considerar que invade sus competencias
El Gobierno del Estado y el de la Comunidad han acordado modificar la Ley de Transparencia regional, eliminando la previsi¨®n que inhabilitaba durante un a?o para contratar con la Administraci¨®n a las empresas que cometan infracciones muy graves. El cambio, que debe ser aprobado en la Asamblea regional, fue exigido por el Ejecutivo de la naci¨®n, al entender que se invad¨ªan sus competencias. En consecuencia, las dos partes llegaron a un acuerdo en su comisi¨®n bilateral, evitando que la disputa llegara al Tribunal Constitucional.
"La Comunidad de Madrid asume el compromiso de promover la correspondiente iniciativa legislativa para proceder a la supresi¨®n del inciso para contratar con las Administraciones P¨²blicas del art¨ªculo 84.2.a).3 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participaci¨®n de la Comunidad de Madrid". Ese p¨¢rrafo, publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y en el regional, resuelve una discrepancia competencial entre el Estado y la Comunidad y abre la puerta a que la Administraci¨®n regional pueda contratar con empresas y sujetos sancionados por incumplir la nueva norma que entr¨® en vigor el 1 de enero.
"La Comunidad de Madrid, a petici¨®n de la Administraci¨®n General del Estado, adecua su normativa de transparencia al orden de competencia que determina la Constituci¨®n", explican desde la Consejer¨ªa de Deportes, Transparencia y Portavoc¨ªa del Gobierno, que dirige el vicepresidente, Ignacio Aguado. "La decisi¨®n de la Comunidad de Madrid resuelve una vulneraci¨®n en materia de contrataci¨®n. Es el Estado y solo el Estado quien puede determinar los supuestos de imposibilidad de contratar. No lo puede hacer una ley auton¨®mica", ampl¨ªan sobre la causa del desencuentro. "Ante esa disyuntiva, se ha optado por eliminar ese supuesto de inhabilitaci¨®n de contrataci¨®n no por no considerarlo oportuno o necesario, sino por una cuesti¨®n competencial".
El cambio, recuerdan desde la Comunidad, no impedir¨¢ que el Gobierno sancione a las empresas infractoras con multas de hasta 300.000 euros, o que las inhabilite para beneficiarse de ayudas p¨²blicas.
La Ley de Transparencia, que fue aprobada durante el Gobierno de ?ngel Garrido, es de obligado cumplimiento para los partidos pol¨ªticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones de las Administraciones P¨²blicas de la Comunidad. La normativa recoge espec¨ªficamente el caso de los adjudicatarios de contratos del sector p¨²blico. Modificar su contenido depender¨¢ ahora de la Asamblea.
Veto parental
La C¨¢mara, precisamente, vuelve a reunir hoy a su plenario tras el par¨®n de las Navidades. La sesi¨®n de control al Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso estar¨¢ marcada por las exigencias de Vox para apoyar los Presupuestos, que incluyen que el Ejecutivo impulse el veto parental educativo.
En paralelo, la Asamblea ha admitido a tr¨¢mite como propuesta ciudadana la iniciativa de la asociaci¨®n Hazte O¨ªr para exigir la implantaci¨®n de esa pol¨¦mica medida, a la que se opone el Gobierno regional, que considera suficiente que los padres conozcan las actividades de cada colegio antes del inicio de cada curso.
"Ir m¨¢s all¨¢ es un absurdo", opin¨® ayer el consejero de Educaci¨®n, Enrique Ossorio.
Una vez calificada la iniciativa por la Mesa, se dar¨¢ traslado a la Comisi¨®n de Participaci¨®n y, si este ¨®rgano da luz verde a la propuesta, se elevar¨¢ de nuevo a la Mesa del Parlamento, que ordenar¨¢ su remisi¨®n a los grupos parlamentarios.
Para que la iniciativa sea debatida en pleno o comisi¨®n, alg¨²n partido debe asumirla como propia, lo que previsiblemente har¨¢ Vox. En ese caso, se convertir¨¢ en una proposici¨®n no de ley, un tipo de iniciativa sin rango legal ni capacidad ejecutiva, que, en el caso de ser aprobada, insta al Gobierno a hacer algo, pero no lo obliga a realizarlo.
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