Alquilar un piso p¨²blico en Madrid: los que lleven 10 a?os empadronados primero

Cuando las gr¨²as terminen de levantar las 15.000 viviendas p¨²blicas en r¨¦gimen de alquiler que la Comunidad quiere construir, los vecinos y trabajadores vinculados a los 43 municipios en los que se instalen tendr¨¢n prioridad para ocuparlas. As¨ª se explicita en el proyecto del decreto que regular¨¢ la asignaci¨®n de los pisos del Plan Vive, que dar¨¢ preferencia a quienes lleven una d¨¦cada en cada una de las localidades participantes. Un requisito que ayer soliviant¨® a los partidos de la oposici¨®n ¡ªque lo consideraron "discriminatorio" para personas de otras ciudades, regiones y pa¨ªses¡ª y que la Comunidad defendi¨® con contundencia. Si los locales no son suficientes para cubrir las casas que se levanten en sus municipios, el resto de empadronados en la regi¨®n podr¨¢n optar a ellas... siempre y cuando lleven diez a?os en la Comunidad.?

"Se busca un arraigo consolidado, por eso el plazo de diez a?os, aunque todav¨ªa estamos en la fase de alegaciones", explica Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa, el director general de Vivienda y Rehabilitaci¨®n, que asegura que ese requisito y ese plazo tambi¨¦n se emplean para acceder a las viviendas sociales de la Comunidad. "El suelo se nos dio en los nuevos planeamientos municipales, y lo que pretendemos es que revierta a favor de los municipios, y que sus vecinos puedan optar a esas viviendas", a?ade. "Como probablemente no se vayan a cubrir todas las viviendas solo con ellos, se establece una cl¨¢usula para que, en ese caso, se permita el acceso a todos los empadronados en la Comunidad", sigue. Y remata: "Este enfoque de acceso a la vivienda es intermedio. No es ni mercado libre ni vulnerabilidad social. Se busca aliviar la tensi¨®n del mercado del alquiler centr¨¢ndonos en una capa de la poblaci¨®n que tiene dificultades para competir en el mercado libre".

El planteamiento de la consejer¨ªa dirigida por David P¨¦rez afecta a ciudadanos de toda la regi¨®n. Desde los residentes en grandes ciudades como M¨®stoles (1.352 viviendas), Getafe (1.029), Alcal¨¢ (736), Alcorc¨®n (900) o Madrid (728), a los que viven en peque?as localidades como Velilla de San Antonio (271), Fresno de Torote (180) o Quijorna (100). Los que lleven viviendo o trabajando diez a?os en esos municipios tendr¨¢n prioridad, aunque deber¨¢n cumplir con otros requisitos: no ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda, o ingresar entre 15.000 y 35.000 euros al a?o, por ejemplo.

"No es normal que estar empadronado en el municipio donde se ubique la promoci¨®n de viviendas desde hace 10 a?os, sea un requisito", lamenta Carolina Alonso, diputada de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. "Tiene un claro sesgo discriminatorio hacia las personas que vienen de otras Comunidades Aut¨®nomas o ciudades de la regi¨®n y desde luego para las personas que vienen de otros pa¨ªses", prosigue. "Deja entrever una visi¨®n endog¨¢mica y poco realista de la regi¨®n, una regi¨®n que se ha caracterizado por ser abierta e inclusiva".

"Que tengas que estar diez a?os empadronado muy normal no es", coincide la socialista Cristina Gonz¨¢lez. "Son viviendas destinadas para j¨®venes, y si los j¨®venes se quieren ir a otro lado, ?qu¨¦ sentido tiene?", se pregunta. "No mucho", se contesta.

"El obligarte a estar empadronado en un municipio y no tomar en cuenta el ¨¢mbito regional va en contra de la tan cacareada movilidad laboral", ironiza Jorge Moruno, representante de M¨¢s Madrid, sobre un requisito con el que la Comunidad pretende fijar poblaci¨®n en municipios distintos al de la capital. "El criterio de los diez a?os es para excluir a gente que haya venido a Madrid de fuera, muchos no podr¨¢n acceder", sigue. "Adem¨¢s, as¨ª el ratio de demandantes ser¨¢ m¨¢s bajo, y con ello tambi¨¦n las cifras a las que se enfrentar¨¢ la Comunidad".

1.300 millones de inversi¨®n

El Ejecutivo de Isabel D¨ªaz Ayuso se opone a limitar el espectacular alza de los alquileres que se est¨¢ dando en las principales ciudades de la regi¨®n, por considerarlo una intrusi¨®n en el mercado libre. Sin embargo, s¨ª marcar¨¢ un tope en la renta de las viviendas de alquiler p¨²blicas que planea construir. Esta ser¨¢ un 40% inferior a lo que cobren los arrendadores privados, aunque a¨²n no est¨¢ claro el ¨ªndice de referencia. Una f¨®rmula con la que el Ejecutivo espera facilitar la emancipaci¨®n de j¨®venes entre 25 y 35 a?os y la seguridad de los jubilados mayores de 65 a?os.

Es dif¨ªcil que el total de las 15.000 viviendas proyectadas est¨¦n terminadas para cuando termine la legislatura (2023). El proyecto es de envergadura, porque incluye una segunda fase con otras 10.000 viviendas para la siguiente (que depender¨¢ del Gobierno que nazca de las pr¨®ximas elecciones). Construir todos esos pisos supondr¨¢ para los inversores privados interesados entre 900 y 1.300 millones de euros, seg¨²n el Gobierno. Eso generar¨¢ 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, seg¨²n el Ejecutivo, que mantendr¨¢ la titularidad p¨²blica del suelo y calcula que se embolsar¨¢ casi 50 millones en impuestos. Luego llegar¨¢ la hora de utilizarlos. Y en ese momento, los locales de cada municipio ir¨¢n primero.