Gabriel Boric se enreda con la estrategia para frenar la violencia en la zona mapuche

Ha sido una semana negra para el Gobierno chileno que, entre los m¨²ltiples desaf¨ªos que enfrenta, debe hacer frente a la compleja situaci¨®n que se vive en el sur del pa¨ªs, espec¨ªficamente en La Araucan¨ªa y las regiones aleda?as. Zona hist¨®rica de reclamo de tierras ind¨ªgenas, la demanda se ha complejizado en los ¨²ltimos a?os con una escalada de violencia que incluye asesinatos, atentados incendiarios, robo de madera, narcotr¨¢fico y gran poder de fuego, con un Estado que en ocasiones parece ausente.

El presidente Gabriel Boric, que se hab¨ªa resistido a contar con la ayuda de los militares, finalmente tuvo que ceder y aplicar un estado de emergencia ¡°acotado¡±, que en la pr¨¢ctica les permitir¨¢ a los uniformados controlar los caminos. En las horas previas a esta decisi¨®n tomada a contrapelo de algunos sectores de su coalici¨®n pol¨ªtica, sin embargo, el mandatario ha dado se?ales contradictorias que dejan a La Moneda en un mal pie para controlar la compleja situaci¨®n que se libra en el sur del pa¨ªs.

La semana pasada, el l¨ªder de la Coordinadora Arauco-Malleco, una organizaci¨®n mapuche dedicada a impulsar la violencia pol¨ªtica, hizo un llamamiento a ¡°preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada¡± contra el Estado chileno. El Gobierno anunci¨® que presentar¨ªa una querella, como lo explic¨® el domingo la ministra Jeanette Vega, de la cartera de Desarrollo Social. En las horas sucesivas, sin embargo, la ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartaron la querella y abrieron un nuevo camino: incorporar los antecedentes a causas judiciales ya abiertas contra Llaitul en el Gobierno pasado.

El presidente Boric, sin embargo, cerr¨® de golpe el asunto al se?alar que su Gobierno ¡°no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos¡±, con lo que la querella contra Llaitul qued¨® descartada en medio de un conflicto que tiene a la poblaci¨®n de la zona en una situaci¨®n extrema de inseguridad, incluso para trasladarse de un lugar a otro.

Fue la propia Fiscal¨ªa la que se vio empujada a contradecir a La Moneda. El vocero de la Fiscal¨ªa Regional de La Araucan¨ªa, Luis Torres, confirm¨® que el Ministerio P¨²blico no puede iniciar una investigaci¨®n de oficio por los dichos de Llaitul sin una acci¨®n del Gobierno. ¡°Se tratan estas ¨²ltimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo tanto, la Fiscal¨ªa no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acci¨®n penal ¨Cque en este caso es el Gobierno¨Clo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido¡±, dijo el portavoz.

De acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado, el ministerio del Interior debe interponer una denuncia que permita a la Fiscal¨ªa investigar. En Chile, luego de que el presidente Boric calificase las palabras de Llaitul como ideas o declaraciones, se ha abierto un debate intenso entre especialistas, pero impera la convicci¨®n de que los llamados a las armas y las amenazas contra el orden p¨²blico configuran delitos tipificados en la legislaci¨®n chilena, sobre todo cuando el levantamiento armado ya se est¨¢ produciendo.

Diferencias internas

En una coalici¨®n oficialista que tiene diferencias internas profundas sobre la estrategia que desplegar en la zona, el Gobierno ha dado se?ales err¨¢ticas que hacen dif¨ªcil comprender su objetivo. En paralelo al decreto del estado de excepci¨®n ¡°acotado¡± para asegurar el libre tr¨¢nsito, ha lanzado un plan intersectorial que contempla la compra de tierra para comunidades ind¨ªgenas, construcci¨®n de caminos y observadores internacionales en una de las regiones m¨¢s pobres del pa¨ªs. Lo denomin¨® plan Buen vivir.

Fue ese el contexto en que el presidente Boric decidi¨® el jueves destituir al militar que estaba a cargo de aplicar el estado de excepci¨®n , el contraalmirante Jorge Parga Balaresque. Lo hizo solo 48 horas despu¨¦s de que fuera nombrado por el propio Gobierno, en una propuesta de la ministra de Defensa, Maya Fern¨¢ndez Allende.

La decisi¨®n de Boric se produjo luego de hacerse p¨²blica una carta enviada por la familia de un joven, Manuel Rebolledo, que durante el estallido social de 2019 muri¨® atropellado por un infante de marina que reprim¨ªa un saqueo. La misiva hac¨ªa referencia al papel de Parga, que antes de que se conociera la sentencia respald¨® al acusado y se?al¨®: ¡°La Armada va a defender a sus funcionarios porque tenemos la convicci¨®n que ¨¦l es absolutamente inocente¡±. Luego, el infante fue condenado por cuasi delito de homicidio con una pena de 540 d¨ªas.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ratific¨® el jueves que fue la carta la que impuls¨® a Boric a sacar al contraalmirante: ¡°Ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que es importante actuar r¨¢pidamente y hacer esta modificaci¨®n y el presidente as¨ª lo ha establecido¡±, asegur¨®.

Este segundo incidente dej¨® al Gobierno en una mala posici¨®n, porque aparece revirtiendo una decisi¨®n propia. Complica, de paso, al ministerio de Defensa, las relaciones con la Fiscal¨ªa y a la propia Marina que, desautorizada, vivir¨¢ este s¨¢bado su fiesta institucional del 21 de mayo, donde Chile decreta feriado por las Glorias Navales.

Pero no han sido las ¨²nicas expresiones contradictorias que dejan en evidencia que La Moneda ha tomado a contrapelo la decisi¨®n de hacer ingresar a los militares a la zona. La ministra Siches dijo a mitad de semana que no quer¨ªan ser el Gobierno que terminara con un comunero mapuche muerto, como ocurri¨® en la Administraci¨®n de Sebasti¨¢n Pi?era (2018-2022), pero luego asegur¨® que si las Fuerzas Armadas son atacadas ¡°van a tener que responder y defender su vida¡±.

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