Carlos Cerda, el juez que proces¨® a la familia Pinochet: ¡°Los civiles son tan culpables como los militares¡±

A fines de 1976, en plena dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), un caso de violaciones de derechos humanos caus¨® particular impacto en la sociedad chilena. El r¨¦gimen militar que derroc¨® al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, del que Chile conmemora este lunes 50 a?os, detuvo a 11 miembros de la c¨²pula clandestina del Partido Comunista y a dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de extrema izquierda. Entre los detenidos estaba Reinalda Pereira, embarazada de cinco meses. Se perdi¨® rastro de su destino y el de los dem¨¢s. Varios de ellos siguen desaparecidos.

La causa que surgi¨® de esos hechos, conocida como el caso de los 13, se convirti¨® en una de las m¨¢s emblem¨¢ticas de la dictadura de Pinochet. No solo por su brutalidad, sino porque adem¨¢s permiti¨® identificar por primera vez el m¨¦todo sistem¨¢tico de represi¨®n del Estado y llev¨®, en 1986, al procesamiento de 40 oficiales de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, el exgeneral de la Fuerza A¨¦rea y miembro de la junta golpista, Gustavo Leigh.

Quien dict¨® los procesamientos fue el juez Carlos Cerda (80 a?os, Santiago), conocido en el pa¨ªs sudamericano por ser de los pocos integrantes del Poder Judicial que se atrevieron a investigar la tortura, la ejecuci¨®n y la desaparici¨®n de personas en la dictadura. En Chile, tras el golpe, m¨¢s de 27.000 personas fueron v¨ªctimas de detenciones y apremios, y 1.469 fueron desaparecidas.

Con doctorados de las Universidades de Lovaina (B¨¦lgica) y de la Sorbonne (Par¨ªs), Cerda fue duramente castigado por sus superiores por negarse a cerrar causas de derechos humanos: se tard¨® m¨¢s de 30 a?os en ser nombrado ministro de la Corte Suprema, en 2014. Pero en 2018, cuando se jubil¨®, se retir¨® del palacio de Justicia bajo aplausos por su valent¨ªa y su aporte al derecho. Entre otras cosas, fue el juez que logr¨® torcerle la mano a la Ley de Amnist¨ªa adoptada en 1978 que garantizaba la inmunidad de los culpables. Y en 2007, ya en democracia, orden¨® detener a la familia de Augusto Pinochet -incluyendo a su mujer Luc¨ªa Hiriart ¨C en el marco del llamado caso Riggs-, que indag¨® la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos realizada por el dictador en los 17 a?os de su r¨¦gimen.

Hoy, este hombre de trato c¨¢lido que alguna vez quiso ser sacerdote vive en una casa de campo rodeada de almendros, en las afueras de Santiago. Ha tenido serios problemas de salud que le hacen dif¨ªcil expresarse, pero sigue pendiente del quehacer nacional y no ha perdido su agudeza intelectual. A pocos d¨ªas de la conmemoraci¨®n de los 50 a?os del golpe, sentado bajo un ¨¢rbol de su jard¨ªn, dice que a pesar de los esfuerzos, la sociedad chilena a¨²n est¨¢ lejos de saldar su deuda con las v¨ªctimas de la dictadura y emplaza al Estado a revisar los expedientes en detalle para conseguir nuevos datos. Lo llama tambi¨¦n a ser m¨¢s firme con quienes podr¨ªan tener informaci¨®n.

¡°Las Fuerzas Armadas no han querido revelar la verdad, por lo tanto creo que el m¨¦todo es constre?irlas a entregar toda la informaci¨®n. Son parte del Estado, tienen la obligaci¨®n de hacerlo y si no es posible, hay que ir al Tribunal Penal Internacional. En materia de lesa humanidad no hay amnist¨ªa ni prescripci¨®n posible¡±, sentencia, antes de destacar que las investigaciones tambi¨¦n deber¨ªan centrarse en los civiles que participaron en cr¨ªmenes de ese tipo.

¡±Son tan culpables como los militares, porque la complicidad hasta el d¨ªa de hoy es impresionante, y no hemos actuado frente a eso con la rigurosidad que las circunstancias exigen¡±, dice.

La soledad de un juez

El d¨ªa del golpe, Cerda sali¨® temprano de su casa en el sector oriente de la capital de Chile. Viv¨ªa cerca de la residencia de Salvador Allende que fue atacada en calle Tom¨¢s Moro, en el municipio de Las Condes, y sinti¨® el estruendo de las bombas que ca¨ªan sobre ella. Alarmado, parti¨® al Palacio de Justicia, donde era entonces relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Se encontr¨® con un centenar de funcionarios, pero r¨¢pidamente los militares los obligaron a salir con un pa?uelo blanco en la mano, los subieron a buses y los llevaron a una plaza del centro, donde los mantuvieron tendidos con la cara contra los adoquines durante varias horas. Luego, se llevaron a algunos sin que Cerda supiera por qu¨¦, y fueron a dejar al resto a sus domicilios.

¡°Se sent¨ªan los balazos y hab¨ªa una tensi¨®n ambiente, pero nadie vislumbr¨® lo que ocurrir¨ªa, que las personas que se llevaban podr¨ªan ser desaparecidas¡±, dice.

No se demorar¨ªa mucho en tomar consciencia de la realidad. A la Corte llegaban permanentemente familiares de personas detenidas a presentar recursos de amparo. Incluso se abri¨® una oficina para recibirlos. Y todos los d¨ªas, Cerda ve¨ªa c¨®mo se negaban a entregarles informaci¨®n. ¡°Se recib¨ªa un recurso de amparo en primera instancia de la Corte de Apelaciones, se ped¨ªa el informe al Ministerio del Interior, y este casi autom¨¢ticamente respond¨ªa una l¨ªnea: no hay informaci¨®n. As¨ª, todos los d¨ªas¡±, recuerda.

Entre 1973 y 1983 se presentaron en Chile 5.400 habeas corpus, de los cuales solo 10 fueron acogidos. A la pregunta de c¨®mo ve la nueva etapa que empez¨® la justicia chilena con el golpe, cuando han transcurrido 50 a?os desde entonces, describe la asonada como ¡°un quiebre absoluto del Estado de derecho¡±. ¡°En el Poder Judicial hubo una posici¨®n tajante contra cualquier cosa que no fuera dictadura. Los ministros de la Corte Suprema ten¨ªan una identificaci¨®n ideol¨®gica con el general Augusto Pinochet y todo su Gobierno, y fueron f¨¦rreos para mantener la disciplina. Entonces, hab¨ªa un temor generalizado que se fue internalizando en la instituci¨®n y los jueces se hicieron d¨®ciles a la jerarqu¨ªa. Falt¨® coraje, el juez qued¨® sometido y eso en lo institucional signific¨® la mansedumbre. Ah¨ª es donde me fui quedando solo, con unos poquitos¡±, rememora.

En 1973, Carlos Cerda se reun¨ªa con algunos magistrados que compart¨ªan su inquietud en reuniones clandestinas en que se desahogaban y buscaban maneras de adaptarse a las circunstancias. Una vez nombrado ministro de la Corte de Apelaciones, su compromiso con la justicia fue a¨²n mayor.

¡°La impresi¨®n que yo ten¨ªa era que hab¨ªa que ser juez m¨¢s que nunca, porque lo que tiene que hacer un juez es proteger a la persona y sus derechos esenciales. Nunca tuve una duda, cualquiera fuera el riesgo¡±, dice.

Y riesgos hab¨ªa.

Fue en 1983, por casualidad, que el caso de los 13 cay¨® en manos de Cerda. Sus antecesores hab¨ªan dejado la causa sin investigar y, en un intento por cerrar el caso, hab¨ªan presentado certificados de extranjer¨ªa que, supuestamente, demostraban que los detenidos hab¨ªan salido hacia Argentina. Lo primero que hizo el juez fue ir personalmente a las distintas estaciones de trenes que llevaban al paso fronterizo por el cual se dec¨ªa que hab¨ªan salido para revisar las hojas de ruta; se dio cuenta de que los nombres no aparec¨ªan. Proces¨® entonces a cuatro detectives por falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos, aunque la Corte de Apelaciones dej¨® sin efecto la orden de aprehensi¨®n.

¡°La justicia en Chile estaba totalmente intervenida¡±, dice.

Pero ¨¦l sigui¨® y as¨ª descubri¨® la existencia de una agrupaci¨®n de inteligencia clandestina llamada Comando Conjunto, que inclu¨ªa, entre otros, a miembros de la Fuerza A¨¦rea, de Carabineros, y civiles del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. El grupo fue responsable de la desaparici¨®n de m¨¢s de 30 personas y contaba con varios centros de torturas.

En 1986, Cerda dict¨® el procesamiento de 40 personas, la gran mayor¨ªa de las Fuerzas Armadas, por privaci¨®n ileg¨ªtima de libertad y asociaci¨®n il¨ªcita. Para lograrlo hab¨ªa realizado centenares de interrogatorios a m¨¢s de 100 personas, no sin costos. Le pon¨ªan trabas burdas, como cuando le toc¨® interrogar a un general en un recinto militar y los hicieron evacuar por una alerta de bomba. En distintas oportunidades, entraron y revisaron su despacho y su casa. Recib¨ªa llamados telef¨®nicos amenazantes; lo segu¨ªan y fotografiaban; y llegaron incluso a poner una bomba en su auto, que por suerte explot¨® un d¨ªa en que no lo us¨® a la hora en que acostumbraba a hacerlo. En esos a?os, cambi¨® dos veces de actuario, al darse cuenta de que filtraban datos de su investigaci¨®n a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Cuando finalmente encontr¨® a una persona confiable, amenazaron con secuestrarla y su suegra tuvo que esconderla en su casa.

No a la Ley de Amnist¨ªa

Tras el procesamiento de los 40 uniformados, las ramas de las Fuerzas Armadas buscaron detener los avances de Cerda. Para hacerlo, la Corte Suprema le orden¨® sobreseer el caso aplicando la Ley de Amnist¨ªa impulsada por la dictadura, que les conced¨ªa inmunidad a todas las personas implicadas en delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1978. Pero el juez se neg¨® a cumplir, arguyendo que amnistiar iba en contra del C¨®digo de Procedimiento Penal, que indicaba que no se pod¨ªa cerrar una causa hasta agotar la investigaci¨®n. Hasta 1998, cuando dej¨® de aplicarse, ese argumento fue usado recurrentemente por abogados de derechos humanos.

La Corte Suprema no toler¨® la rebeld¨ªa de Cerda. Lo suspendi¨® por varios meses y redujo su sueldo a la mitad. El juez, quien tiene siete hijos, se mantuvo firme. Trataron entonces de expulsarlo. Se salv¨® gracias a una invitaci¨®n de la Universidad de Harvard a pasar una temporada investigando en su campus. Aun as¨ª, su carrera qued¨® truncada.

¡°El Senado de la Rep¨²blica, el Parlamento, no acept¨® que yo llegara antes a la Corte Suprema, lo que signific¨® que tampoco alcanzara a ser presidente. Yo quer¨ªa contribuir a una mejor justicia; esa es la gran tarea. Y claro, eso qued¨® cortado¡±, dice.

El juez responde a la pregunta de si esperaba m¨¢s del Poder Judicial con el fin de la dictadura, recordando c¨®mo ¡°se mantuvo al ¡°dictador como senador designado y se quedaron los mismos ministros. A la vez, [algunos jueces] entend¨ªamos que hab¨ªa que generalizar la investigaci¨®n por violaciones de los derechos humanos. Cuando ya a trav¨¦s [del recambio] de ministros empez¨® a haber resoluciones con fundamentos del derecho internacional vigente, el miedo fue desvaneciendo. Y, en ese momento, se vio que los jueces no lograban derribar el muro hacia la verdad. A pesar de su buena intenci¨®n, el Poder Judicial no ha logrado ser eficaz y nos falta. Tenemos m¨¢s de mil y tantos desaparecidos todav¨ªa, eso es una barbarie¡±.