El golpe de Estado en Chile, un crimen fundacional

Se cumplen 50 a?os del cruento golpe de Estado contra el Gobierno democr¨¢tico del presidente Salvador Allende, cuya conmemoraci¨®n no puede ser solo un evento art¨ªstico o cultural. Es un hecho pol¨ªtico de la mayor relevancia, pues se trata de hacer un ejercicio de memoria hist¨®rica y, a la vez, del cumplimiento de una obligaci¨®n estatal respecto del crimen que fund¨® el terrorismo de Estado en que la dictadura hundi¨® a Chile durante 17 a?os.

Jam¨¢s hemos pretendido que no pueda debatirse sobre el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), pues se han escrito cientos de libros, art¨ªculos y papers sobre ese proceso pol¨ªtico. Yo tengo por cierto una opini¨®n: lo entiendo como la culminaci¨®n de un proceso de luchas populares dedicadas a hacer de Chile una sociedad menos olig¨¢rquica y m¨¢s inclusiva. Pero la obligaci¨®n ineludible es aceptar como m¨ªnimo civilizatorio en una sociedad la condena al golpe de Estado contra un Gobierno democr¨¢tico. Sostener lo contrario es aceptar al crimen como instrumento regulador de los conflictos pol¨ªticos.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue financiado e instigado por la CIA y, por cierto, llen¨® generosamente las arcas de los golpistas. Tuvo su pre¨¢mbulo antes que asumiera su mandato el presidente Allende cuando, intentando torcer la voluntad ciudadana, organizaciones pol¨ªtico-militares de extrema derecha, espec¨ªficamente militantes de Patria y Libertad, asesinaron al general Ren¨¦ Schneider, Comandante en Jefe del Ej¨¦rcito.

En la dictadura civil militar que fue inaugurada con el golpe de Estado, hace medio siglo, se instaur¨® una pol¨ªtica estatal dirigida a exterminar a los opositores pol¨ªticos a trav¨¦s de los m¨¢s perversos m¨¦todos, que se materializaron en prisi¨®n pol¨ªtica, tortura, ejecuciones, desaparici¨®n forzada, exilio, despidos laborales masivos y sobre 40.000 v¨ªctimas de las cuales m¨¢s de mil permanecen a¨²n en calidad de detenidas desaparecidas.

Estos hechos configuraron graves, masivas, generalizadas y sistem¨¢ticas violaciones de derechos humanos, que se encuentran documentadas de manera indubitada en los informes de las cuatro comisiones estatales mandatadas al efecto: el informe de la Comisi¨®n Nacional de Verdad y Reconciliaci¨®n; el informe de la Corporaci¨®n Nacional de Reparaci¨®n y Reconciliaci¨®n; el informe de la Comisi¨®n Nacional sobre Prisi¨®n Pol¨ªtica y Tortura; y el informe de la Comisi¨®n Asesora para la Calificaci¨®n de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Pol¨ªticos y V¨ªctimas de Prisi¨®n Pol¨ªtica y Tortura. Lo han establecido sentencias judiciales condenatorias a agentes del Estado, que se encuentran firmes.

Esos documentos oficiales dan cuenta de atrocidades como personas arrojadas vivas al mar desde helic¨®pteros y aviones del Ej¨¦rcito y de la Fuerza A¨¦rea de Chile, vejaciones sexuales, ni?as y ni?os secuestrados en centros de tortura, experimentaci¨®n cient¨ªfica con seres humanos, cuerpos inhumados en fosas clandestinas y luego exhumados en una cuidadosa operaci¨®n para trasladarlos ¨Cmuchas veces arrojados al mar¨C con el fin espec¨ªfico de que no fueran encontrados para, as¨ª, garantizar impunidad. Cabe hacer presente que, respecto del hecho de hacer desaparecer los restos de una persona, existe consenso: aquello a?ade una especial crueldad e ignominia al acto.

El movimiento de derechos humanos inmediatamente despu¨¦s del golpe de Estado se convirti¨® en la primera expresi¨®n p¨²blica de resistencia anti dictatorial, comenzando, as¨ª, un camino pedregoso de d¨¦cadas con el objetivo de consensuar como bienes jur¨ªdicos morales, pol¨ªticos y sociales, la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n.

Ese caminar ha estado plagado de obst¨¢culos impuestos por poderosos intereses y muy escaso apoyo del establishment, por motivos relacionados con las caracter¨ªsticas de la transici¨®n a la democracia que se construy¨® ¨Centre otras cosas¨C con pactos t¨¢citos de impunidad que estallaron dram¨¢ticamente cuando Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998.

As¨ª, la denuncia del golpe civil militar del 11 de septiembre de 1973 como un crimen fundacional de un Estado de terror es un m¨ªnimo civilizatorio que como sociedad debemos alcanzar, por lo que excede a un tema meramente acad¨¦mico o cient¨ªfico como ser¨ªa su solo estudio desde la historia, la sociolog¨ªa o la antropolog¨ªa. Tampoco es una concesi¨®n graciosa de la autoridad. Por el contrario, se trata indudablemente de una obligaci¨®n estatal emanada del estatuto internacional de los derechos humanos, construido por la comunidad de naciones civilizadas amantes de la paz en d¨¦cadas de esfuerzo. Se plasma en el deber que surge a los Estados que han sufrido el exterminio, de dar a conocer la verdad de esos cr¨ªmenes, entregar justicia, reparar adecuadamente, activar medidas de prevenci¨®n y garant¨ªas de no repetici¨®n.

El asesor presidencial [Patricio Fern¨¢ndez] en una entrevista reciente disoci¨® el golpe de Estado de las consecuencias criminales contra la poblaci¨®n: ¡°Los historiadores y polit¨®logos podr¨¢n discutir por qu¨¦ y c¨®mo se lleg¨® a eso, pero lo que podr¨ªamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio¡±. Es decir, de manera liviana, elude condenar el golpe de Estado y calificarlo como lo que fue: un crimen. Asimismo, en anteriores declaraciones se?al¨® que ¡°apoyar el golpe de Estado es algo comprensible, porque se viv¨ªan momentos de mucha tensi¨®n¡±.

En este contexto, habiendo constatado el incumplimiento de esta obligaci¨®n por parte de quien detentaba el cargo de asesor presidencial para la coordinaci¨®n de la conmemoraci¨®n de los 50 a?os del golpe de Estado, y siendo coherentes con el sentido que se debe dar a ese crimen fundacional, es que 162 organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de v¨ªctimas de todo nuestro pa¨ªs demandaron responsabilidad pol¨ªtica y el consecuente cambio de esa persona. Este reclamo volvi¨® iracundos a la derecha y a un sector del llamado progresismo chileno, quienes no han dudado en denostar, descalificar y proferir insultos e imputaciones dolosas a las organizaciones de derechos humanos. Exhiben, as¨ª, una bajeza e inmoralidad que no tiene l¨ªmites, que es derechamente repugnante y tiene como consecuencia indefectible contribuir al peligroso fen¨®meno negacionista que campea hoy en nuestra sociedad.