El Congreso chileno aprueba una ley que sanciona con penas de c¨¢rcel el porte injustificado de combustibles en las protestas
Si bien la normativa fue impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, buscaba sanciones con multas en lugar de privaciones de libertad
La C¨¢mara de Diputados chilena despach¨® un proyecto de ley que sanciona con penas privativas de libertad, que van desde los 61 hasta los 540 d¨ªas de c¨¢rcel, el porte injustificado de combustibles en el contexto de manifestaciones. Es una iniciativa que si bien impuls¨® el Ejecutivo del presidente de izquierdas Gabriel Boric, no propon¨ªa que se aplicara presidio, sino un castigo con multas en ciertas circunstancias. Sin embargo, durante su tramitaci¨®n tuvo importantes modificaciones de parte de la oposici¨®n en el Senado y as¨ª es como se aprob¨® finalmente.
Fue el 29 de mayo cuando el Ejecutivo ingres¨® el proyecto en el marco de la agenda prioritaria en materia de seguridad pactada por la ministra del Interior, Carolina Toh¨¢, con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de la UDI, partido de la derecha tradicional, en la que se comprometieron a sacar adelante 31 iniciativas en los pr¨®ximos 150 d¨ªas. Firmada por Boric, contemplaba modificar el C¨®digo Penal y el C¨®digo Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para cometer atentados en contra de las personas o provocar da?os durante reuniones en lugares p¨²blicos y con llevaba multas que iban desde las 10 UTM (694 d¨®lares) a las 20 UTM (13.888 d¨®lares).
El diputado Andr¨¦s Longton, de Renovaci¨®n Nacional, de la derecha tradicional, quien respald¨® los cambios que realiz¨® el Senado, critic¨® la postura del Gobierno. ¡°Todos sabemos que las multas no disuaden. Al igual que las usurpaciones [de terreno], deben tener penas efectivas, de c¨¢rcel, porque quien est¨¢ con combustible en una manifestaci¨®n tiene como objetivo claramente atentar contra la vida de una persona¡±, dijo. Y a?adi¨®: ¡°Cuando se quiere poner multas a delitos graves, como portar combustible, que puede repercutir o terminar en el atentado a un carabinero, a un profesor, a un miembro de un establecimiento educacional, nuestro pa¨ªs muestra que est¨¢ cansado y agotado, y esas cosas tienen que ser sancionadas penalmente¡±.
En cambio, la diputada Lorena Fries de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, vot¨® en contra: ¡°No apoyaremos el uso desproporcionado de la ley penal para inhibir un derecho que es clave en toda la democracia¡±.
Previo a la aprobaci¨®n de la ley, que ha sido considerada como una derrota para el oficialismo, la idea de la ministra del Interior, ante las modicaciones, era lograr que el proyecto fuera derivado a una comisi¨®n mixta en la que se discutieran nuevamente los contenidos. ¡°(La indicaci¨®n) tiene el error garrafal de no establecer en qu¨¦ contexto se est¨¢ refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera [camiseta], en cualquier lugar, podr¨ªa ser puesto en la c¨¢rcel. No podemos mandar a la c¨¢rcel a una persona que todav¨ªa no ha cometido un delito¡±, dijo Toh¨¢ durante el debate donde, incluso, hizo reserva de constitucionalidad.
Pero los planes del Ejecutivo se vieron truncados cuando el Congreso vis¨® la iniciativa por 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones. Alineados con el Gobierno, la mayor¨ªa de los diputados oficialistas votaron en contra. Fueron los parlamentarios provenientes del centro (Democracia Cristiana, Amarillos y Dem¨®cratas) quienes se inclinaron junto con la oposici¨®n a favor del proyecto y lograron que la norma se despachara a ley.
A pesar de las alertas ante la posibilidad de que el Gobierno recurriera al Tribunal Constitucional (TC), horas despu¨¦s de la discusi¨®n, la ministra Toh¨¢ y el ministro de la Secretar¨ªa General de la Presidencia, ?lvaro Elizalde, anunciaron que no vetar¨ªan el proyecto ni recurrir¨ªan al TC. ¡°Se va a promulgar¡±, dijo Toh¨¢.
La aprobaci¨®n de este proyecto se suma al rev¨¦s que sufri¨® el Gobierno en la ley de usurpaciones, que fue visada por el Congreso el 30 de agosto. A pesar de que era respaldada por el Gobierno en sus puntos centrales, la ministra Toh¨¢ calific¨® esta ¨²ltima normativa de ¡°aberrante¡± luego que contemple la leg¨ªtima defensa privilegiada, por lo desde el Ejecutivo materializaron el pasado viernes un veto presidencial.
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