Chile no quiere un Bukele, pero¡­

La imagen de un delincuente lanz¨¢ndole una granada de mano a una polic¨ªa es el testimonio m¨¢s dram¨¢tico de semanas angustiantes en materia de seguridad. El cat¨¢logo es tan amplio como siniestro: secuestros con extorsi¨®n, encerronas, asesinatos, diversas manifestaciones de crimen organizado. El Estado, en cambio, parece impotente, incapaz de frenar la criminalidad y poner atajo a la percepci¨®n ciudadana de descontrol, de que el asunto se sale de las manos y que hay poco que hacer m¨¢s que resignarse, cambiar los h¨¢bitos para evitar ser v¨ªctimas de delito, encerrarse en casa, evitar la noche.

El diagn¨®stico cr¨ªtico no viene de una ultraderecha que busca generar un caos que la beneficie, como deslizaron algunos en redes sociales. La temporada de secuestros, ironizaban, terminar¨ªa curiosamente el 18 de diciembre, un d¨ªa despu¨¦s del plebiscito constitucional. Muy por el contrario, la voz de alerta llega desde cerca del propio oficialismo. Claudio Orrego, gobernador de Santiago, pidi¨® decretar estado de excepci¨®n constitucional. Los problemas llegaron cerca de su oficina: una practicante del Gobierno Regional fue asesinada en el mercado Tirso de Molina, mientras iba camino a su casa. Orrego ¡ªen un gesto antes impensable para nuestras izquierdas¡ª pidi¨® ¡°expulsar de inmediato a cualquier extranjero que viene a cometer delitos a nuestro pa¨ªs¡± (lo mismo que, dicho sea de paso, sugiere la nueva propuesta constitucional).

Pero no es el ¨²nico. Un grupo transversal de diputados, que incluye a miembros del socialismo, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente m¨¢s independientes, hizo una dura advertencia al Gobierno: ¡°Hacemos un llamado a extremar las medidas y a echar mano a todas las herramientas constitucionales y legales disponibles para poner freno a esta situaci¨®n ahora. No es tiempo de diagn¨®sticos. Los diagn¨®sticos ya est¨¢n hechos, es tiempo de actuar¡±, indic¨® el legislador Ra¨²l Soto (PPD, de centroizquierda). Tambi¨¦n apuntan a la expulsi¨®n de inmigrantes irregulares, proponiendo una operaci¨®n rastrillo a nivel nacional, junto con el estado de excepci¨®n respectivo.

El problema no es solo chileno ni inicia con este Gobierno. Sin ir m¨¢s lejos, las elecciones presidenciales argentinas tambi¨¦n han tenido un componente mayor de seguridad, y en Per¨² se est¨¢ implementando un decreto legislativo del Ejecutivo que establece un procedimiento para expulsar en 48 horas a los migrantes irregulares o que hayan cometido delitos. Tambi¨¦n incluye sanciones para empresas de transporte interprovincial y hospedajes que brinden servicio a inmigrantes irregulares.

Sin embargo, la situaci¨®n chilena tiene peculiaridades que la vuelven todav¨ªa m¨¢s compleja. Por una parte, las izquierdas cuentan con escasa credibilidad para construir soluciones en materia de seguridad, toda vez que una parte importante del Frente Amplio ha hecho su carrera desde la sospecha hacia las instituciones policiales, critic¨¢ndolas de manera apresurada o injusta. Por otra, la agenda migratoria ¡ªsostenida bajo la frase bonachona pero insuficiente de que ¡°no hay personas ilegales¡±¡ª parte con retraso, menoscabando tanto las posibilidades de ordenar la inmigraci¨®n como las oportunidades de quienes ingresan de manera legal al pa¨ªs. Finalmente, el estado del sistema pol¨ªtico en general, sostenido en la performance, la ganancia de corto plazo, la idea de pasar facturas a los adversarios, hace poco probable que se concreten cambios eficaces en esta materia, cambios que pasen la l¨ªnea del populismo punitivo.

Al enfrentar los problemas de seguridad, la pol¨ªtica se juega su propia subsistencia. Si no es capaz de abordar esta dimensi¨®n con eficacia, crece una doble tentaci¨®n terrible: la autotutela o el liderazgo disruptivo, o una conjunci¨®n de ambos. La autotutela se vuelve una opci¨®n atractiva, acentuando la violencia en la sociedad, traspasando una de las funciones que debieran ser privativas del Estado. Los l¨ªderes disruptivos, que prometen mano dura a cualquier costo, tambi¨¦n ven crecer sus bonos. Es la ecuaci¨®n que hizo popular al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como su opci¨®n m¨¢s radical, pasando a llevar derechos humanos y garant¨ªas penales m¨ªnimas, pero logrando contener la violencia de las bandas delictuales. Pero no es el ¨²nico. Mientras m¨¢s aumente la sensaci¨®n de desamparo, de impunidad y descontrol, crecer¨¢n las posibilidades de quien ofrezca mano dura.

Chile no parece querer un Bukele por ahora, pero la mesa est¨¢ servida para que, m¨¢s temprano que tarde y aprovech¨¢ndose de la incapacidad de la pol¨ªtica, alg¨²n primo lejano decida encarnar su terrible rol.