La antigua o la nueva, no hay m¨¢s

Entre quienes votar¨¢n En contra el 17 de diciembre hay distintos grupos de personas. Est¨¢n quienes nunca quisieron una nueva Constituci¨®n, y consideran que el texto vigente no s¨®lo acompa?¨® las mejores d¨¦cadas de la historia de Chile, sino que tambi¨¦n es el m¨¢s adecuado para los tiempos que vienen. Est¨¢n tambi¨¦n los que nunca renunciar¨¢n a la expectativa de tener una nueva Constituci¨®n refundacional como la rechazada el a?o pasado, que esperar¨¢n que vuelva a surgir el contexto propicio para empujarla. Que ahora declaren su preferencia por el texto vigente porque la propuesta ¡°agrega nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal¡± y se comprometan a cerrar la discusi¨®n constitucional para abocarse a ¡°abordar la situaci¨®n de seguridad¡± y ¡°mejorar la econom¨ªa¡±; no parece cre¨ªble cuando siempre han sostenido que todos los problemas de Chile eran constitucionales o sist¨¦micos, y que se arreglaban con m¨¢s Estado. Finalmente, est¨¢n los operadores ligados a partidos pol¨ªticos, que en ning¨²n caso apoyar¨¢n cambios constitucionales como los que propone la nueva carta en el empleo p¨²blico, que alteran las reglas del juego que los han instalado en distintos puestos a lo largo y ancho del Estado. Todos ellos podr¨¢n celebrar esa noche, de ganar el En contra.

Pero tambi¨¦n han optado por el En contra algunos que probablemente no celebrar¨¢n ese 17 de diciembre de ganar su opci¨®n. Me refiero a aquellos l¨ªderes pol¨ªticos, econ¨®micos y de la sociedad civil que ¡ªinspirados en una l¨®gica evolutiva, por razones diversas y con distintos niveles de intensidad¡ª siempre consideraron que escribir una nueva Constituci¨®n o introducir cambios sustantivos a la existente era necesario para salir de la crisis que el pa¨ªs viv¨ªa. Para entender su posici¨®n, especialmente en beneficio de quienes siempre hemos seguido con inter¨¦s sus an¨¢lisis, no s¨®lo deben explicar el por qu¨¦ rechazan la actual propuesta, sino que sobre todo el por qu¨¦ es mejor la Constituci¨®n vigente.

Algunos argumentaban que lo importante era que la Constituci¨®n tuviera un origen plenamente democr¨¢tico y participativo. Desde esta mirada, se hace dif¨ªcil racionalizar una preferencia por la Constituci¨®n vigente cuando la nueva nace de un acuerdo pol¨ªtico transversal que acord¨® las reglas del proceso y nombr¨® a los integrantes de la comisi¨®n experta que propuso el anteproyecto; de una jornada democr¨¢tica ejemplar donde 13 millones de chilenas y chilenos eligieron a los miembros del Consejo Constitucional llamados a terminar el trabajo de los expertos, lo que hicieron en estricto apego a las reglas definidas; del hecho de que los ¨¢rbitros definidos para velar por el respeto de las 12 bases ni siquiera fueron convocados; y del aporte de 269 mil personas que se hicieron parte de los mecanismos de participaci¨®n ciudadana que defini¨® el propio ¨®rgano redactor, varias de cuyas propuestas quedaron plasmadas en el texto que hoy se somete a plebiscito.

Para otros, una nueva Constituci¨®n era necesaria como un pacto social que uniera a los chilenos. Quienes as¨ª argumentan deben partir por aterrizar cu¨¢l, en tiempos de diversidad y polarizaci¨®n, es ese umbral de unidad que demandan; para luego explicar, con independencia del guarismo, c¨®mo el texto vigente nacido en dictadura (y cuyas reformas del 2005 no fueron plebiscitadas) puede generar m¨¢s uni¨®n que uno escrito en democracia y sometido a plebiscito.

Hay quienes afirman que la nueva Constituci¨®n deb¨ªa ser minimalista. En este caso, adem¨¢s de aterrizar ese concepto abstracto, debe compararse la propuesta con el texto vigente considerando que durante m¨¢s de 30 a?os nuestra carta no estuvo ¨²nicamente integrada por sus 120 a 143 art¨ªculos permanentes y 29 a 53 transitorios (seg¨²n la fecha en que se examine), sino tambi¨¦n por las casi 20 leyes org¨¢nicas constitucionales que ya no lo son, y que esta propuesta debe, al menos en parte, reintegrar. De hecho, la autonom¨ªa del Banco Central pas¨® a ser, enhorabuena, parte de la propuesta constitucional para evitar que pueda ser modificada por mayor¨ªa simple, lo que la constituci¨®n vigente s¨ª permite.

Un grupo relevante planteaba que una nueva Constituci¨®n era necesaria para cambiar el sistema pol¨ªtico y la estructura del Estado. En esta materia, incluso los m¨¢s ac¨¦rrimos opositores al texto propuesto reconocen avances ¡ªsustantivos, marginales, cosm¨¦ticos, importantes; pero avances al fin¡ª que enfrentan falencias transversalmente diagnosticadas: la fragmentaci¨®n del sistema pol¨ªtico y los crecientes grados de captura en el Estado. Es una apuesta al menos osada pensar que versiones m¨¢s ambiciosas de estos cambios ser¨¢n acordadas en el Congreso, siendo que va en contra de los propios intereses de los incumbentes.

Por ¨²ltimo, est¨¢n quienes planteaban que una nueva Constituci¨®n era necesaria para consagrar un Estado Social y Democr¨¢tico de Derecho. Considerando que este concepto est¨¢ hoy totalmente ausente y, en cambio, s¨ª est¨¢ consagrado en el art¨ªculo 1 de la propuesta, ?c¨®mo se puede explicar que el texto vigente sea una mejor opci¨®n? Se argumenta que la propuesta debi¨® dejar a la pol¨ªtica p¨²blica la precisi¨®n de c¨®mo se aterriza este principio rector. ?Acaso no era necesario establecer la concepci¨®n de Estado Social que m¨¢s se acercaba a las bases constitucionales acordadas y a las preferencias ciudadanas que piden equilibrar libertad de elecci¨®n y provisi¨®n mixta con solidaridad para compartir los riesgos propios de la vida como son la vejez y la enfermedad?

Es efectivo que la propuesta cae en excesos ret¨®ricos en la formulaci¨®n de algunos derechos sociales, que eventualmente, seg¨²n algunos expertos, podr¨ªan abrir espacios a distintas interpretaciones y por lo tanto a una judicializaci¨®n sobre los espacios para el Estado y la solidaridad. Pero cabe preguntarse si acaso tal riesgo no est¨¢ presente ya hoy y hasta qu¨¦ punto la propuesta establece protecciones de las que la carta vigente carece. Es relevante considerar dos: el recurso de protecci¨®n en la propuesta deja de ser un mecanismo para aprobar pol¨ªticas p¨²blicas sin votos, y el Tribunal Constitucional tiene espacios m¨¢s reducidos para intervenir el proceso legislativo. Por de pronto, necesitar¨ªa 7 de 11 votos, en lugar de 5 de 10.

Es de esperar que en las semanas que quedan hasta el plebiscito contribuyamos a un debate en profundidad que se centre en definir cu¨¢l de los dos textos representa un mejor marco para las pr¨®ximas d¨¦cadas. No estar¨¢ en la papeleta la Constituci¨®n perfecta: la antigua o la nueva, no hay m¨¢s. Y un debate de esta naturaleza no s¨®lo contribuir¨¢ a un voto informado el 17 de diciembre, sino que tambi¨¦n, cualquiera sea el resultado del plebiscito, sentar¨¢ las bases para acordar reformas imperativas como son las que se requieren para modernizar el Estado y mejorar el sistema pol¨ªtico. De ganar el A favor esas reformas vendr¨¢n mandatadas desde la nueva Constituci¨®n; de ganar el El contra habr¨¢ que desafiar los pocos incentivos que los incumbentes en Gobierno y Congreso tienen para construirlas y acordarlas.