Las cinco crisis que debe atajar el Gobierno de Boric

El rechazo a la propuesta constitucional con 55% de los votos en contra puso fin al segundo intento de Chile por cambiar su Carta Magna. El presidente Gabriel Boric dijo tras conocer los resultados el domingo por la noche que el resultado no supon¨ªa ¡°ni celebraci¨®n ni arrogancia¡±. ¡°Pelota al piso, humildad y trabajo¡±, sostuvo desde el Palacio de La Moneda. Y es que entre el hast¨ªo constitucional que impera tras cuatro a?os de debate pol¨ªtico en torno a la ley de leyes, existe consenso en que la ciudadan¨ªa quiere que el Ejecutivo se dedique a resolver los problemas m¨¢s urgentes y cotidianos. La Administraci¨®n de izquierdas, que tiene poco m¨¢s de dos a?os para intentar sacar adelante algunas de sus grandes reformas, debe responder a al menos cinco grandes crisis.

Una nueva delincuencia, m¨¢s violenta y desconocida

Chile vive una profunda crisis de seguridad ante la irrupci¨®n de una nueva delincuencia, m¨¢s violenta, con un aumento en el uso de armas de fuego en homicidios y el avance del crimen organizado. Tambi¨¦n han subido los secuestros que, entre 2016 y 2020 variaban de seis a ocho anuales en la Regi¨®n Metropolitana de Santiago, pero al pasado noviembre llegaban a 45 solo este a?o. Las autoridades asocian la nueva criminalidad a las bandas nacionales, que est¨¢n m¨¢s armadas, como a las extranjeras, cuyos miembros han ingresado al pa¨ªs por pasos no habilitados, como el Tren de Aragua. La inseguridad es la primera preocupaci¨®n de los chilenos. El miedo a ser v¨ªctima de un delito lleg¨® al 30%, el m¨¢ximo hist¨®rico desde el 2000, seg¨²n un informe de la Fundaci¨®n Paz Ciudadana, mientras que la que la percepci¨®n de inseguridad alcanz¨® el 90,6%, la m¨¢s alta en 10 a?os, arroj¨® la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. La Administraci¨®n de Boric ha impulsado una ley contra el crimen organizado y, ante la urgencia el Ministerio P¨²blico ha tenido que crear una unidad especial, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Un terremoto educativo agravado por la pandemia

Los peores resultados del Simce ¨Cla prueba de evaluaci¨®n de aprendizajes¨C en una d¨¦cada, el ausentismo y la deserci¨®n escolar (m¨¢s de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre 2021 y 2022) y problemas en la infraestructura, entre otros, ha supuesto un terremoto educativo en Chile. Adem¨¢s, la violencia y el acoso en los colegios aument¨® un 40% entre 2020 y 2022, hasta rozar los 6.000 casos graves, seg¨²n la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. Una de las mayores problem¨¢ticas es la de los Servicios Locales de Educaci¨®n P¨²blica (SLEP), la nueva institucionalidad que se encuentra en etapa de implementaci¨®n para reemplazar a los municipios en la responsabilidad de entregar educaci¨®n p¨²blica. Un grupo de profesores de colegios SLEP de Atacama realiz¨® este a?o una huelga de m¨¢s de 90 d¨ªas para protestar contra la infraestructura y la falta de apoyo en t¨¦rminos pedag¨®gicos. Casi 30.000 alumnos arriesgaron perder el a?o por la huelga. Tras el esc¨¢ndalo, el Congreso defini¨® en su ley de presupuestos 2024 que los municipios podr¨¢n extender su facultad para no concretar el traspaso a los SLEP que les correspond¨ªa el pr¨®ximo a?o.

La posible quiebra de las aseguradoras privadas de salud amenaza al sistema p¨²blico

Dos fallos de la Corte Suprema tienen contra las cuerdas al sistema de salud. El primero, de noviembre de 2022, oblig¨® a las isapres -las aseguradoras privadas de salud, donde se atiende el 17% de la poblaci¨®n-, a devolver de forma retroactiva los cobros excesivos que hab¨ªan realizado a sus afiliados y ajustar el valor de sus planes. El segundo fallo, del 10 de agosto de 2023, fij¨® que las aseguradoras pod¨ªan cobrar un precio m¨¢ximo por el paquete de Garant¨ªas Expl¨ªcitas en Salud (GES), un conjunto de beneficios que deben proveer por ley a sus afiliados. Las isapres han alertado que ejecutar ambas sentencias podr¨ªa llevarlas a la quiebra. En lo inmediato, las consecuencias del fallo GES, que ya empez¨® a ejecutarse, es lo que m¨¢s preocupa a las aseguradoras. Seg¨²n sus c¨¢lculos, desde el pr¨®ximo enero sus ingresos caer¨¢n un 13% mensual, con lo que, han alertado, no alcanzar¨¢n a cubrir los gastos de sus afiliados. La eventual quiebra de las empresas de seguros de salud privados impactar¨ªa a todo el sistema. Sus afiliados se ver¨ªan obligados a migrar a Fonasa, el asegurador p¨²blico, que no tiene capacidad para acoger a los cerca de tres millones de beneficiarios de isapres.

Una econom¨ªa estancada hace diez a?os

Hace 10 a?os que la econom¨ªa chilena est¨¢ estancada. Entre 2014 y 2023 Chile ha crecido en promedio 1,9% al a?o, lejos del promedio de 4,8% registrado entre 2004 y 2014. Y el panorama futuro no se ve auspicioso. Seg¨²n las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el pa¨ªs registrar¨¢ este a?o un crecimiento nulo y en 2024 se espera que llegue a 2,5%. Otras estimaciones, como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectan que ser¨¢ m¨¢s cercano al 2%. Retomar la senda del crecimiento y mostrar cifras contundentes se ha transformado en un imperativo, pero hay variables que hoy atentan contra ese anhelo. La falta de acuerdos para avanzar en las reformas de pensiones y en el pacto fiscal que incluye una adecuaci¨®n tributaria genera incertidumbre en el empresariado, a lo que se suma la excesiva burocracia para obtener permisos para levantar obras de infraestructura. Recuperar la productividad y fomentar una mayor competencia tambi¨¦n son parte de la ecuaci¨®n. El Gobierno de Boric, que no ten¨ªa la agenda del crecimiento en el centro de sus prioridades, hoy se est¨¢ poniendo al d¨ªa. Hace una semana anunci¨® un gabinete del crecimiento econ¨®mico, compuesto por sus ministros sectoriales vinculados al ¨¢rea para dar una se?al al mercado y generar pol¨ªticas que apuntalen la actividad.

Dos millones de personas sin vivienda digna

En Chile (19 millones de habitantes), unas 650.000 familias no tienen una vivienda digna, lo que afecta a m¨¢s de dos millones de personas. La profunda crisis habitacional empuja a unas 150 personas todos los d¨ªas a instalarse en asentamientos irregulares. Casi 114.000 hogares ¨Cun tercio de ellos migrantes¨C habitan sitios con alcantarillado deficitario y acceso informal a agua potable y electricidad, cuatro veces m¨¢s que en 2011, seg¨²n el centro de estudios de Techo Chile. El Gobierno de Gabriel Boric se ha puesto como meta la construcci¨®n de 260.000 viviendas en los cuatro a?os de Administraci¨®n, hasta 2026. Hasta mediados de este a?o se hab¨ªan entregado unas 65.000 casas, cerca de 130.000 estaban en ejecuci¨®n y 75.000 estaban listas para iniciar su edificaci¨®n. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, est¨¢ en una situaci¨®n compleja desde que estall¨® el caso Convenios, una trama de traspasos de recursos p¨²blicos a fundaciones privadas ligadas principalmente al oficialismo de Boric. La oposici¨®n de derecha ha pedido insistentemente su salida por las responsabilidades pol¨ªticas, ya que le achaca no haberse percatado de las irregularidades que comenzaron, precisamente, en una repartici¨®n de su cartera en el norte del pa¨ªs.