La crisis del presidencialismo chileno

Desde muchos puntos de vista, Chile ha dejado de ser el mejor alumno de la clase del barrio o, si se quiere, un modelo a seguir en diversas asignaturas. Desde hace a?os que se viene gestando el fin de la excepci¨®n chilena en el continente. Sin embargo, hay una asignatura en la que ¨²ltimamente este pa¨ªs del extremo sur global se ha negativamente destacado: su mediocridad pol¨ªtica y la creciente incapacidad de suministrar gobernabilidad a los presidentes, sean estos de izquierda o de derecha.

Si bien Chile se transform¨®, a lo largo de su larga transici¨®n a la democracia iniciada en 1990, en un modelo de estabilidad pol¨ªtica, esta se pag¨® al precio fuerte de una Constituci¨®n impuesta por la dictadura y de un sistema electoral binominal que redujo durante 25 a?os la pluralidad pol¨ªtica en el Congreso a una expresi¨®n artificial. Es por estas dos buenas razones que Chile ensay¨® una v¨ªa larga de reformas a la Constituci¨®n de 1980 y la definitiva sustituci¨®n de su sistema electoral por otro, de representaci¨®n proporcional con magnitudes distritales moderadas e indiferentes por el valor del voto, en 2015. En la dimensi¨®n constitucional, a lo m¨¢s que se pudo llegar es a la eliminaci¨®n de sus aspectos m¨¢s grotescos en 2005 sin llegar a ser una Constituci¨®n carente de sesgos ideol¨®gicos (lo que se consolid¨® con el fracaso de dos procesos de cambio constitucional entre 2020 y 2023). En la dimensi¨®n electoral, el pa¨ªs efectivamente transit¨® hacia un esquema de mayor representatividad de la sociedad en el Congreso a partir de 2015, pero con un costo que reci¨¦n hoy estamos aquilatando.

Chile se encuentra organizado por un presidencialismo reforzado, el que se aviene mal con un sistema de representaci¨®n excesivamente inclusivo (al punto que varios diputados fueron elegidos con menos del 2% de los votos). En efecto, tras ocho a?os de ejercicio del nuevo sistema electoral y dos Congresos elegidos bajo estas nuevas reglas, Chile adolece del mal de la fragmentaci¨®n en la C¨¢mara de Diputados (con 21 partidos representados en la actualidad), un creciente transfuguismo entre partidos, as¨ª como un creciente funcionamiento con pr¨¢cticas parlamentarias que nada tienen que ver con la racionalidad del presidencialismo. Es cierto que la fragmentaci¨®n observada no es el resultado exclusivo del nuevo sistema electoral: es durante el imperio del sistema binominal que comienzan a gestarse nuevos partidos, a partir de una cr¨ªtica justificada al efecto de cierre del acceso a la representaci¨®n legislativa como resultado del juego oligop¨®lico por la derecha y la Concertaci¨®n. Pero al mismo tiempo, sin la sustituci¨®n del binominal por un nuevo sistema, la eclosi¨®n de nuevos partidos no habr¨ªa alcanzado las magnitudes de hoy: en tal sentido, hay un verdadero efecto no deseado que fue generado por el nuevo sistema electoral, con total independencia de su necesidad para superar la escasa representatividad del binominal.

Sin embargo, es conveniente detenerse en un efecto casi mec¨¢nico que ha resultado de la fragmentaci¨®n del Congreso, especialmente en la c¨¢mara baja (y en mucho menor medida en el Senado, cuya poblaci¨®n es tres veces menor y con territorios electorales mucho m¨¢s extensos). A lo menos desde el 2018, a?o en el cual se inicia la fragmentaci¨®n, se ha podido constatar un espectacular aumento de las acusaciones constitucionales en contra de ministros e, incluso, de un presidente de la Rep¨²blica, cuyo ritmo de crucero se ha mantenido hasta el d¨ªa de hoy. Si bajo el segundo gobierno de Sebasti¨¢n Pi?era (2018-2022) se produjeron graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social y una decena de acusaciones constitucionales presentadas por las izquierdas (tan solo un pu?ado de ellas tuvieron que ver con el estallido), en lo que va del mandato del presidente Gabriel Boric (2022-2026) ya van cinco acusaciones constitucionales por parte de la derecha. Todo un r¨¦cord, y nada de admirable. Si ya una acusaci¨®n constitucional es una herramienta de alto calibre en un r¨¦gimen presidencial, su naturaleza se distorsiona cuando lo que se pretende con ella es derribar a un ministro a sabiendas que no pasar¨¢ la valla de la c¨¢mara acusadora, a partir del supuesto que con el ministro acusado se encuentra planteada una cuesti¨®n de confianza con la c¨¢mara de diputados. Un diputado tr¨¢nsfuga, V¨ªctor Pino (elegido por el Partido de la Gente y hoy adscrito al Comit¨¦ Social Cristiano e Independientes), lo expres¨® con total desparpajo a prop¨®sito de la acusaci¨®n al ministro de vivienda Carlos Montes (PS): ¡°las personalidades acusadas en la mayor¨ªa de los casos, han dejado los cargos que ostentaban (¡­). Esa ha sido la t¨®nica de este y los ¨²ltimos 4 gobiernos. Si lo vemos estad¨ªsticamente hay un 80% de probabilidades de que pueda ocurrir. Es factible que el ministro Montes ya no est¨¦ en el gabinete¡±. En tal sentido, la racionalidad de las acusaciones constitucionales mucho se parece a la l¨®gica inherente de las mociones de censura en un r¨¦gimen parlamentario: si un ministro no dispone de la confianza de la c¨¢mara baja, esta puede perfectamente presentar una moci¨®n de censura y derribar no solo al ministro, sino al gobierno completo. En la crisis del presidencialismo chileno, se espera que la sola acusaci¨®n constitucional a un ministro derive en su remoci¨®n o renuncia. Mal.

?C¨®mo no ver que pr¨¢cticas nefastas de este tipo son la expresi¨®n de una crisis del presidencialismo? ?C¨®mo no persuadirse que, con la reforma del 2015 (a todas luces bien intencionada, pero equivocada en sus efectos), es la capacidad de gobernar lo que ha sido puesto en entredicho? ?C¨®mo no entender que Chile se est¨¢ mimetizando con las malas pr¨¢cticas del presidencialismo sudamericano? Razones para introducir reformas sobran, la voluntad para hacerlo escasea.