Entre el c¨¢lculo y la manipulaci¨®n electoral: la relativizaci¨®n del voto obligatorio

En lo pol¨ªtico, las ¨²ltimas tres semanas estuvieron marcadas por la controversia acerca del pago de la sanci¨®n que hace efectivo el voto obligatorio. Como ha sido destacado por especialistas y evidencias internacionales, aunque est¨¦ establecido legalmente el voto obligatorio queda reducido a lo nominativo si no se acompa?a de una sanci¨®n a quienes no concurran a sufragar. Al igual como en cualquier otra falta e incumplimiento de compromisos ¨Ccomo no responder el Censo o no pagar impuestos¨C, la sanci¨®n debe ser alta. De otra forma, no es posible asegurar que la ciudadan¨ªa cumpla con uno de los compromisos m¨¢s b¨¢sicos: la de elegir a sus autoridades y hacerse cargo de sus decisiones. La misma ciudadan¨ªa que apela a derechos y que demanda al Estado servicios y otros beneficios sociales.

Convengamos que el sufragio universal fue una conquista hist¨®rica que, desde mediados del siglo XIX, motiv¨® el accionar de una serie de movimientos sociales, como el obrero y el de las sufragistas. Fue tambi¨¦n el resultado de ciertas ¨¦lites y grupos ¡®progresistas¡¯ que vieron en la apertura del sistema pol¨ªtico e integraci¨®n de los sectores excluidos, la oportunidad para debilitar y desplazar del poder a las oligarqu¨ªas tradicionales preocupadas de sus privilegios. Hoy en d¨ªa, la alta participaci¨®n ciudadana se considera fundamental para la calidad y la sostenibilidad del sistema democr¨¢tico, as¨ª como la mayor expresi¨®n de ejercicio de la soberan¨ªa popular. Mientras m¨¢s participa la ciudadan¨ªa, mayor legitimidad y respaldo reciben las decisiones y autoridades electas. Asimismo, la participaci¨®n sigue siendo el piso m¨ªnimo de integraci¨®n en la sociedad.

El tema de la obligatoriedad hab¨ªa quedado zanjado en nuestro pa¨ªs antes del plebiscito de salida del primer proceso constituyente efectuado el 4 de septiembre de 2022, siendo reiterada para el plebiscito de diciembre de 2023. Pese a lo anterior, el ¨¢nimo y las intenciones entre los parlamentarios tendieron a cambiar cuando hubo que discutir la propuesta del Servicio Electoral (SERVEL) para enfrentar la megaelecci¨®n de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales a celebrar en octubre del presente a?o. El SERVEL propuso realizar la megaelecci¨®n en dos d¨ªas, dado los problemas que podr¨ªa generar la masiva concurrencia considerando la vigencia del voto obligatorio desde 2022. En vez de resolver con rapidez, los parlamentarios se enmarcaron en una discusi¨®n que termin¨® derivando hacia el cuestionamiento de la obligatoriedad o no del voto y las condiciones para la participaci¨®n de los extranjeros.

Las indicaciones introducidas en la C¨¢mara de Diputados llevaron a los parlamentarios del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) a votar en bloque en contra de la sanci¨®n, iniciativa que cont¨® con el respaldo de otros representantes del Socialismo Democr¨¢tico y de d¨ªscolos que surgieron a ¨²ltima hora. En el Senado se volvi¨® a reiterar la tendencia anterior. En medio de la controversia, el ministro Secretario General de la Presidencia, el socialista ?lvaro Elizalde, a?adi¨® otras aristas ¨Cdistinguir entre ¡®ciudadanos¡¯ y ¡®votantes¡¯ para los extranjeros residentes¨C generando con ello un verdadero enredo, que no pocos analistas consideraron intencional.

La decisi¨®n qued¨® en manos de una comisi¨®n mixta que repuso la idea de restablecer la sanci¨®n, sin definir un monto claro y sin resolver la condici¨®n de los extranjeros residentes. Al final se recurri¨® al veto del presidente de la Rep¨²blica, quien redujo de manera considerable el monto de la sanci¨®n, al punto de transformarla en algo nominativo que, m¨¢s que promover la participaci¨®n, produce lo contrario. A todas luces, el veto denota una decisi¨®n err¨¢tica por parte del gobierno, falta de convicciones sobre el significado de la participaci¨®n y una medida populista que busca contrarrestar los efectos del alza del pago de la luz.

La controversia por la multa y el voto obligatorio, y en especial las posiciones adoptadas por parlamentarios del FA, del PC y del PS, pusieron en evidencia una serie de comportamientos que revisten especial preocupaci¨®n. Por un lado, considerando la necesidad de enfrentar reformas al sistema pol¨ªtico, que el gobierno ha ido postergando al priorizar en otros temas. Por otro, dada la importancia que los dirigentes de esos partidos ¨Csupuestamente¨C suelen dar a la participaci¨®n ciudadana y a la ampliaci¨®n de espacios de participaci¨®n y de deliberaci¨®n democr¨¢tica.

1. Existe una experiencia en nuestro pa¨ªs respecto al impacto que trajo consigo el voto voluntario. Entre 2012 y 2021, la vigencia del voto voluntario acentu¨® los problemas de desafecci¨®n con el sistema pol¨ªtico y, al mismo tiempo, gener¨® una clara segregaci¨®n social entre los votantes. Las comunas de m¨¢s altos ingresos registraron siempre mayores niveles de participaci¨®n que aquellas de ingresos medio-bajo y bajo. El hecho de no contar con sanci¨®n efectiva trae la misma consecuencia que el del voto voluntario. Antes del 2012, exist¨ªan evidencias internacionales y la advertencia que especialistas sobre los efectos del voto voluntario que no fueron tomadas en cuenta.

2. Para justificar el voto voluntario, previo a 2012, el progresismo liberal de la exConcertaci¨®n, entre los que se contaban varios dirigentes socialistas en la actualidad en el Gobierno y en el Congreso Nacional, dec¨ªan que sufragar deb¨ªa ser un derecho que el Estado deb¨ªa respetar sin imponer coacci¨®n alguna. Adem¨¢s, argumentaban que la participaci¨®n voluntaria estimulaba la competencia, al obligar a los partidos a movilizar a los votantes y a generar propuestas program¨¢ticas alternativas. Nada de eso ocurri¨®. Por el contrario, aument¨® la influencia del dinero en la pol¨ªtica, como qued¨® evidenciado en las situaciones de corrupci¨®n denunciadas a partir de 2015. Varios especialistas advirtieron que, en relaci¨®n a la competencia pol¨ªtica y electoral, lo que realmente la estimulaba era una alta participaci¨®n, el financiamiento p¨²blico de las campa?as y un mayor acceso a la informaci¨®n.

3. Las declaraciones de algunos personeros del oficialismo, entre ellos el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio, o el senador Jos¨¦ Miguel Insulza del PS, dejaron relucir una suerte de ¡®temor a los subordinados¡¯. El mismo temor que antes era atribuido a los sectores olig¨¢rquicos, reaccionarios, o simplemente defensores de sus privilegios, ahora es manifestado por parlamentarios del PC, del FA, del PS y en menor grado por otros representantes del oficialismo. Ese ¡®temor a los subordinados¡¯ se reconoce al evitar una masiva participaci¨®n de los sectores populares y, en especial, por el efecto que puede traer el voto de los inmigrantes.

4. La izquierda chilena ¨Cel PS antes de la primera mitad de los noventa, as¨ª como el PC y el FA en los ¨²ltimos trece a?os¨C aprendi¨® en el terreno universitario lo que significa controlar y manipular la participaci¨®n en pos de sus propios intereses. Lo ha hecho en las federaciones y organizaciones estudiantiles, al controlar los quorum de elecciones y al imponer pr¨¢cticas autoritarias en asambleas y otros espacios de deliberaci¨®n directa. No por casualidad esa misma izquierda, en su momento, ha sido responsable de haber desincentivado la participaci¨®n, junto con haber hecho sucumbir a las federaciones y dem¨¢s org¨¢nicas estudiantiles. Trasladar esas pr¨¢cticas y malas experiencias al ¨¢mbito del sistema pol¨ªtico y democr¨¢tico, puede traer nefastas consecuencias para todo el pa¨ªs.

La apuesta del Gobierno respecto al voto, y del grueso de los partidos que conforman las dos coaliciones oficialistas, es riesgosa pensando en la necesidad de mejorar el sistema pol¨ªtico. Al relativizar el voto obligatorio, se corre el riesgo de reproducir un esquema de exclusi¨®n y desafecci¨®n ciudadana similar al experimentado por nuestro pa¨ªs entre 2012 y 2021.

En las ¨²ltimas semanas se ha dicho que la discusi¨®n y las posiciones fueron asumidas con la calculadora en la mano. En realidad, ello es inherente a cualquier discusi¨®n sobre reforma y modificaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas, o de las f¨®rmulas electorales y de distribuci¨®n de cargos. Basta recordar lo sucedido con las reformas electorales aprobadas entre 1958 y 1962. Por el contrario, lo ocurrido en las ¨²ltimas semanas saca a relucir otro hecho m¨¢s preocupante a¨²n, relacionado con la manipulaci¨®n electoral. La literatura especializada en procesos electorales pone el acento en la importancia que reviste la trasparencia, la informaci¨®n y la ecuanimidad por parte del gobierno para de ese modo evitar la manipulaci¨®n. Pero a su vez, tambi¨¦n indica que es una forma (directa o indirecta) de manipulaci¨®n el no disponer de normas claras ¨Co que se alteren ad portas de una elecci¨®n¨C en lo que ata?e a la participaci¨®n.

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