Cuando se apaga la luz: crisis el¨¦ctrica y malestar en Chile

La vida contempor¨¢nea se sostiene sobre algunas tecnolog¨ªas indispensables. La electricidad ¨Ccomo el internet, el alcantarillado o el agua potable¨C goza de un protagonismo irremplazable: dependemos de ella para calefaccionar, iluminar los espacios, abrir portones, refrigerar alimentos, incluso mantener funcionando aparatos que sostienen la vida de otros. Dicho en simple, el humano contempor¨¢neo no sabe bien c¨®mo vivir sin electricidad. El rodeo anterior es importante para dimensionar la magnitud de la crisis que produce el largo y masivo corte de electricidad en varios lugares del pa¨ªs, concentrado principalmente en la Regi¨®n Metropolitana. En alg¨²n sentido es una crisis vital, azuzada por la mezcla entre incapacidad empresarial y ausencias del regulador.

Por eso sorprende la reacci¨®n de Enel frente al desastre, sin mostrar mayor conciencia de la gravedad de lo que implica no tener suministro el¨¦ctrico. El despliegue territorial y comunicacional ha sido lento y torpe, como si no hubiera nadie preparado para resolver los problemas, explicar lo que est¨¢ sucediendo y dar alguna certeza respecto a los plazos, los indicadores, los n¨²meros. M¨¢s bien, se ve una empresa sorprendida por un evento clim¨¢tico raro ¨Caunque predecible, a diferencia de un terremoto¨C, a la vera de los hechos. Como si nada se pudiera hacer mejor, m¨¢s r¨¢pido, como si no hubiera formas de prevenir, o al menos mitigar, el desastre.

Junto a la lentitud para resolver el problema ¨Chay lugares que se encaminan a cumplir una semana sin suministro¨C, la actuaci¨®n de los voceros de la empresa solo ha agudizado el malestar. Todo indica que existen discordancias entre la informaci¨®n que entrega Enel y lo que reportan los usuarios. En algunos lugares, la empresa apunta que restableci¨® el servicio, cuando eso no ha ocurrido. Esto, por cierto, atiza la rabia, el cabreo. Sus declaraciones contribuyen a la misma sensaci¨®n de falta de empat¨ªa y la distancia. Por m¨¢s justificado que est¨¦ desde la t¨¦cnica, pedir que los informen si sufren cortes es un p¨¦simo mensaje. Menos a¨²n lo es haber prometido resolver prontamente el problema y luego no cumplir, lo que ha ocurrido en decenas de miles de casos.

La manera en que la empresa ha enfrentado la crisis se traduce en hast¨ªo, uno que se suma a una larga lista de malos funcionamientos ¨Ccuando no derechamente negligencias o abusos¨C que impactan en la vida cotidiana de much¨ªsimos. Es, en cierto sentido, un corolario de una sensaci¨®n extendida de maltrato, de orfandad, de falta de soluciones, de no ser considerado por quienes deber¨ªan hacerlo. Se vive a diario, en la relaci¨®n con empresas, con reparticiones del Estado, con los superiores y pares en el trabajo (no por nada se est¨¢ implementando la llamada Ley Karin, para disminuir la violencia laboral).

Chile vive un estallido lento de la confianza en las instituciones. No tiene, por ahora, la espectacularidad violenta del 18 de octubre. Pero d¨ªa tras d¨ªa suma molestia, peque?os malos ratos, otras veces grandes, condiciones desiguales, que pueden terminar emergiendo de manera violenta. Y, aunque no lo hicieran con violencia, no debiera ser el miedo a la violencia lo que movilice a quienes deben tomar decisiones, sino la exigencia de dignidad.

No se trata de ir por la vida vaticinando estallidos ni el derrumbe del modelo, sino de comprender que los incumplimientos de una empresa pueden terminar socavando la legitimidad del entramado social y pol¨ªtico completo (y sabemos que ning¨²n sector se beneficia de la situaci¨®n). La manoseada e incompleta imagen de los ¡°no son 30 pesos, son 30 a?os¡± esconde una verdad de la cual hay que hacerse cargo. ?Qui¨¦n estar¨¢ dispuesto para defender un modelo si se percibe que no funciona como debe ser?

El orden de mercado supone, al menos, que las empresas sepan dar certezas a sus usuarios, que no traicionen la confianza de los clientes. Por lo mismo, cabe una pregunta m¨¢s amplia por su papel en el entramado social, si acaso le cabe algo m¨¢s que cumplir con los est¨¢ndares m¨ªnimos. En caso contrario, crecer¨¢n los desbandes ideol¨®gicos, como el de la diputada Gael Yeomans, que llamaba a que el Estado controle la distribuci¨®n el¨¦ctrica (soluci¨®n que se sostiene sobre una fe incomprobable respecto a la capacidad de gestionar del aparato p¨²blico).

La pretensi¨®n de Yeomans y su sector contrasta con la incapacidad del propio regulador ¨Cparte del mismo Estado al que les gustar¨ªa transferir la distribuci¨®n el¨¦ctrica¨C para fijar est¨¢ndares m¨¢s exigentes a la empresa, perseguir su cumplimiento ni fiscalizar las tareas preventivas. Tampoco genera mucho optimismo la actuaci¨®n del Gobierno, preocupado de hacer declaraciones de guerra (inviables, por lo dem¨¢s) a las distribuidoras, sin que haya mayor reproche a su propia acci¨®n durante los ¨²ltimos d¨ªas.

El malestar se ha vuelto un ruido de fondo en nuestro pa¨ªs. Crece con coyunturas como esta, en las que se consolida la sensaci¨®n de desamparo y de asimetr¨ªa. No ser¨¢ Enel quien habr¨¢ de pagar la cuenta.

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