Luis Cordero y el ¡®Caso Audios¡¯: ¡°Esta crisis no es solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia chileno¡±

El esc¨¢ndalo del caso Audios, que ha cumplido diez meses este s¨¢bado, ha golpeado a la Corte Suprema, que atraviesa por una crisis que solo va en alza y que el ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Luis Cordero (Santiago, 51 a?os), monitorea con atenci¨®n pues su cartera es el v¨ªnculo del Ejecutivo con el Poder Judicial chileno. Se suma a ello que, como acad¨¦mico de derecho administrativo de la Universidad de Chile, su foco de estudio ha sido por m¨¢s de veinte a?os los fallos del m¨¢ximo tribunal. Los chats que algunos de sus jueces, en especial ?ngela Vivanco, sostuvieron con el penalista Luis Hermosilla, protagonista principal de la trama pol¨ªtico-judicial que impacta a Chile, la tienen en medio de un proceso que podr¨ªa derivar con su expulsi¨®n.

De acuerdo con lo publicado por el medio Ciper Chile, Vivanco y Hermosilla se enviaron WhatsApp entre 2018 y 2023 y en ellos se ve c¨®mo ella le pidi¨® ayuda para ser nombrada en 2018 en la Suprema. Los contactos arrancaron cuando Hermosilla era asesor del ministerio del Interior que lideraba Andr¨¦s Chadwick en la Administraci¨®n de Sebasti¨¢n Pi?era (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional. Los chats divulgados revelan que ella le habr¨ªa entregado informaci¨®n de causas y que ambos intentaron influir en designaciones de altos cargos del Poder Judicial, entre otros varios hechos que est¨¢n en la mira de la Fiscal¨ªa. La jueza enfrenta desde el lunes la apertura de un cuaderno de remoci¨®n, levantada por sus pares del pleno de la Corte Suprema; una investigaci¨®n penal por su papel en un fallo en contra de Codelco que favoreci¨® a una firma de capitales bielorrusos y chilenos y una acusaci¨®n constitucional impulsada por el oficialismo y la derecha tradicional. En una situaci¨®n similar, pero por otra arista, est¨¢ el magistrado Jean Pierre Matus, pues tambi¨¦n se empuja un libelo desde el Congreso.

Los WhatsApp con el abogado han salpicado a otras instituciones. En marzo, un jefe policial, Sergio Mu?oz, fue formalizado por entregar informaci¨®n de causas mientras que el Ministerio P¨²blico ha abierto indagaciones en contra del fiscal regional de Ays¨¦n, Carlos Palma, y del exfiscal jefe de la zona oriente de Santiago, Manuel Guerra.

Para Luis Cordero esta crisis va m¨¢s all¨¢ del Poder Judicial, sino que involucra al sistema completo de justicia chilena: jueces, fiscales y abogados que ejercen la profesi¨®n privada. Desde su ministerio lidera la elaboraci¨®n propuesta del Ejecutivo, que se presentar¨¢ en octubre y que, adelanta, no solo ser¨¢ sobre el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, sino tambi¨¦n apuntar¨¢ a regular los conflictos de inter¨¦s de distintos actores, p¨²blicos y privados.

El mecanismo actual para designaciones en la Corte Suprema, que ha sido puesto en el banquillo, requiere de la participaci¨®n de los tres poderes del Estado: primero la Suprema elabora una quina, que selecciona del listado de postulantes. Luego, de esas propuestas el presidente de la Rep¨²blica elige un nombre, que debe ser ratificado en el Senado por un qu¨®rum de dos tercios. En el caso de los ministros de Cortes de Apelaciones, sus pares hacen una terna y el Ejecutivo nomina.

Cordero recibe a EL PA?S en su oficina, ubicada casi al frente de La Moneda, la misma semana que la crisis se instal¨® en el Poder Judicial.

Pregunta. ?C¨®mo se vive la crisis en el Gobierno que golpea a la Corte Suprema?

Respuesta. Para el Ministerio de Justicia es un tema central, porque el primer mandato por ley es el v¨ªnculo del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Por lo tanto, el impacto que tiene es muy significativo, pero m¨¢s all¨¢ del Gobierno, sino para el funcionamiento del Estado. Y por varias cosas: los datos para Chile de las ¨²ltimas dos d¨¦cadas en la confianza en el sistema de justicia son de los m¨¢s bajos en Am¨¦rica Latina, tanto en el Latinobar¨®metro como en la encuesta de los motores de confianza de la OCDE de este a?o. Adem¨¢s, Chile es el pa¨ªs de la regi¨®n que tiene la mayor percepci¨®n de desigualdad ante la ley.

P. Y todo esto incluso antes de que estallara el caso Audios-Hermosilla.

R. Cuando uno mira las ¨²ltimas dos d¨¦cadas para Chile, existe una visi¨®n cr¨ªtica del sistema de justicia, una distancia y una percepci¨®n de la gente de un tratamiento desigual. Por lo tanto, el Caso audios termina por confirmar esas aproximaciones de trato desigual ante la ley y de la desconfianza, en un contexto en que Chile ven¨ªa realizando esfuerzos bien significativos desde el retorno a la democracia [1990].

P. Chile cambi¨® su sistema inquisitivo secreto a mediados de los 2000 por uno oral con audiencias p¨²blicas ?por qu¨¦ no ha servido eso para mejorar la percepci¨®n? ?por qu¨¦ vuelve a estallar un esc¨¢ndalo?

R. Se olvida que cuando asumieron los gobiernos democr¨¢ticos el entonces ministro de Justicia del presidente Aylwin [1990-1994], Francisco Cumplido, present¨® una reforma constitucional muy ambiciosa en materia de justicia y que ten¨ªa cambios muy significativos para la Corte Suprema. Y uno de los diagn¨®sticos que hab¨ªa era la cr¨ªtica visi¨®n y la degradaci¨®n institucional del Poder Judicial en dictadura. Esa reforma fue archivada. Y si uno mira hoy esa propuesta es m¨¢s o menos la agenda de justicia de los ¨²ltimos 30 a?os en Chile.

P. Luego vinieron acusaciones constitucionales contra jueces de la Suprema.

R. Una seguidilla, y la publicaci¨®n de El libro negro de la justicia chilena de la periodista Alejandra Matus sobre las pr¨¢cticas corruptas del Poder Judicial. Tambi¨¦n estuvo la decisi¨®n de la Corte Suprema sobre el caso de Luis Correa Bulo [destituido en 2001]. En 1997 Chile realiz¨® la reforma a la Corte Suprema que permiti¨® la incorporaci¨®n de cinco abogados ajenos a la carrera judicial y la participaci¨®n del Senado. Todas esas reformas, incluida la procesal penal, ten¨ªan por prop¨®sito transparentar el funcionamiento del Poder Judicial y mejorar la calidad de la Corte Suprema.

P. Hoy de nuevo est¨¢ en el foco el sistema de nombramientos y la Suprema dijo hace unos meses que ¡°podr¨ªa permitir algunos espacios de opacidad¡± ?no hay responsabilidad tambi¨¦n de las personas m¨¢s all¨¢ del mecanismo?

R. Chile tiene un problema en el sistema de nombramientos en general. Cuando hicimos la reforma en 1997 fue a los nombramientos en la Corte Suprema porque hab¨ªa una visi¨®n cr¨ªtica de la opacidad, que antes depend¨ªan de una quina [del pleno] y del presidente de la Rep¨²blica. Se supone que la incorporaci¨®n del Senado le iba a dar escrutinio. Pero el problema tambi¨¦n est¨¢ en aguas abajo.

P. ?En las cortes de Apelaciones y los jueces en general?

R. S¨ª. Tenemos un sistema en que la Academia Judicial reci¨¦n cumple 30 a?os y solo a partir de su creaci¨®n, para ingresar a la carrera judicial, hay que tener un curso de formaci¨®n. Entonces, todav¨ªa nos quedan unos cuatro a?os para que puedan llegar a la Corte Suprema aquellos que entraron con escuela judicial. Lo segundo es que los nombramientos son en el inicio y en las posiciones siguientes. Entonces, los nombramientos est¨¢n vinculados m¨¢s bien a la hoja de una vida de una persona y a las ternas [cortes de Apelaciones] o a las quinas [Suprema]. Por lo tanto, no es un sistema que permite evaluar la trayectoria de una persona.

P. ?Qu¨¦ determina entonces esas designaciones?

R. Como la quina o la terna se forma por aquellas personas que tienen m¨¢s votos, va a depender de cu¨¢nto conozcan los ministros de cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a las personas que est¨¢n postulando. Dado que el sistema ha descansado sobre eso, durante a?os la Asociaci¨®n Nacional de Magistrados ha dicho que generaba incentivos para el ¡®besa manos¡¯. Es decir, los candidatos deb¨ªan ir a entrevistarse con sus superiores en reuniones que eran regularmente privadas. Esa visi¨®n cr¨ªtica dio origen a reformas administrativas de la Corte, que obligan a transparentar si alguien les pide audiencia. Si ha funcionado bien o mal, probablemente no ha generado los incentivos adecuados. Entonces, si un juez del norte de Chile quiere irse al sur, la probabilidad de que lo conozcan es baj¨ªsima. Por lo tanto, es un sistema que no incentiva el m¨¦rito. Y en los ministros que nacen de una quina, se suma el Senado. Eso agrega la misma pregunta ?c¨®mo los senadores conocen al candidato m¨¢s all¨¢ de que lo presente el Ejecutivo?

P. ?No cree que est¨¢ viciado el sistema? En ninguna parte de la ley, por ejemplo, se dice que a un juez o jueza de la Suprema lo nombra la derecha y luego, pero eso ocurre.

R. Es un error creer que el problema est¨¢ [solo] en el sistema de nombramientos de la Corte Suprema, porque esto est¨¢ aguas abajo, donde el sistema privilegia y no tiene c¨®mo generar herramientas para evaluar adecuadamente el m¨¦rito. Entonces, cuando se llega a la Corte Suprema se puede terminar por reproducir el mismo incentivo: ¡®como no tengo condiciones para evaluar adecuadamente el m¨¦rito, termino generando incentivos para contactos impropios¡¯. Por eso todas las iniciativas, la de 1991 de Cumplido; la de la Corte Suprema en 2015, ratificada y actualizada en 2024; la de la Administraci¨®n Pi?era; los dos procesos constituyentes de 2022 y 2023; tres mociones parlamentarias que est¨¢n en el Congreso contingentemente y las opiniones de dos grandes grupos de acad¨¦micos, hoy m¨¢s menos el consenso es que ese sistema no es sostenible en su generalidad.

Los cambios que prepara el Ejecutivo

P. ?Y en qu¨¦ hay consenso de lo que debiera venir?

R. Este debate no viene de los ¨²ltimos a?os, sino del retorno a la democracia. Tenemos que buscar un consenso porque el problema no est¨¢ solo en los nombramientos de la Corte Suprema. La idea de perfeccionarlo no solo tiene que ver con separar la funci¨®n judicial [de la Suprema ], sino que, adem¨¢s, permita evaluar comparativamente el m¨¦rito.

P. ?C¨®mo ser¨ªa un buen sistema de nombramientos?

R. Un buen sistema de nombramientos no necesita intermediarios, no solo en la Corte Suprema, sino tambi¨¦n aguas abajo.

P. La jueza de la Suprema, Mar¨ªa Teresa Letelier dijo ante el pleno que ninguno est¨¢ ah¨ª por ¡°obra del Esp¨ªritu Santo¡± ?c¨®mo interpreta esa frase? ?se refiere a intermediarios o a qu¨¦?

R. No quiero juzgar sobre ese punto. Ac¨¢ hay dos dimensiones: la de aquellos que requieren ese contacto, que alguien hable bien a favor de alguien; o bien, aquel que se acerca al candidato. En mi experiencia como ministro, en la que me ha tocado este ¨²ltimo proceso de nombramientos [pendiente], al ser entremedio del caso Audios probablemente eso ha disuadido cualquier tipo de contacto.

P. ?C¨®mo definir¨ªa usted esta crisis? ?Es la m¨¢s grave?

R. Esta es una de las crisis m¨¢s intensas de la Corte Suprema; la de los noventa fue importante. Pero la de hoy es la m¨¢s importante no solo del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia. El panorama es un poco m¨¢s global: tiene que ver con los jueces, la Corte y todav¨ªa no sabemos el impacto que esto puede tener en otros rangos de la estructura judicial. Tambi¨¦n est¨¢ comprometiendo investigaciones a fiscales y, por cierto, al ejercicio de la profesi¨®n legal. En el caso Audios aparece un abogado, reconocido, como intermediario. Eso genera una condici¨®n de conflicto de inter¨¦s. Porque un asunto son los criterios que tiene el Ejecutivo con el Congreso y otro es que en ese proceso intermedie alguien que tiene un inter¨¦s abiertamente privado que en el futuro puede comprometer la independencia e imparcialidad del juez.

P. ?Comprometi¨® o puede comprometer?

R. Son mensajes [con Vivanco] que dan cuenta de amistad. El desaf¨ªo que tiene Chile a partir de este caso no es solo modificar el sistema de nombramientos, y por eso me reun¨ª con el Colegio de Abogados: es revisar tambi¨¦n el conjunto e hip¨®tesis del conflicto de inter¨¦s en el que se puede encontrar la profesi¨®n.

P. Usted antes de ser ministro tambi¨¦n litig¨® ?puede ser un abogado amigo de un juez?

R. Puede ser, pero esa es una causal de conflicto de inter¨¦s si el d¨ªa de ma?ana ese juez tiene que resolver un asunto. Usted puede tener conflictos reales, cuando efectivamente se verifican; pueden ser aparentes y a lo mejor no los hay, pero la posici¨®n puede generar un conflicto de inter¨¦s o puede ser potencial.

P. En un clima de desconfianza, agudizado ?qu¨¦ pueden esperar los chilenos?

R. Por eso es tan relevante no solo regular los conflictos reales, sino tambi¨¦n los aparentes. Esto, adem¨¢s, depende de los criterios y gesti¨®n de la propia profesi¨®n legal. No es solo conflicto de inter¨¦s del juez, sino tambi¨¦n del abogado. Por eso es muy importante el control ¨¦tico. Los abogados intermedian en la representaci¨®n de intereses y derechos de otras personas, o en una funci¨®n fiduciaria. Por ello, no es solo el juez el que tiene que garantizar su imparcialidad, es tambi¨¦n el abogado.

P. ?C¨®mo se proyecta el debate?

R. Este caso abre de nuevo el debate sobre regulaci¨®n de conflictos de intereses, control ¨¦tico y colegiatura obligatoria de la profesi¨®n legal. Y esto demuestra otro factor que es clave: Chile debe ir hacia una cultura de gesti¨®n de conflictos de inter¨¦s. Por lo tanto, hay que establecer mecanismos para gestionar estos conflictos.

P. ?Qu¨¦ trae la reforma que van a proponer?

R. Las propuestas de Cumplido en adelante, m¨¢s o menos, convergen en situaciones similares. El Gobierno est¨¢ avanzando hacia un cambio integral del sistema de nombramientos, pero no hay que quedarse solo en la Corte Suprema, porque hay problema aguas abajo pues no tenemos un mecanismo que permita nombramientos y promociones en base al m¨¦rito, o lo dificulta. El segundo de los aspectos es tambi¨¦n tener regulaciones adecuadas de conflictos de inter¨¦s. ?En qu¨¦ momento el abogado ejerce la profesi¨®n legal y en qu¨¦ momento se transforma en un lobista gestor de intereses? Esa es una zona gris que hoy en la ley no est¨¢ resuelta. El Ejecutivo est¨¢ trabajando en esa direcci¨®n.

P. ?La propuesta del Gobierno ser¨¢ sobre conflictos de inter¨¦s de jueces y abogados?

R. As¨ª es. Por eso me reun¨ª esta semana con el Colegio de Abogados.

P. ?Y est¨¢ la idea de eliminar al Senado en los nombramientos de la Suprema?

R. Esas son cosas que no puedo adelantar en estos momentos.

P. Dijo que le preocupa que las acusaciones constitucionales de jueces de la Suprema se est¨¦n ¡°ocupando¡± en el contexto de contingencia electoral y ¡°no en el sentido m¨¢s profundo de la crisis¡± ?por qu¨¦?

R. Cada instituci¨®n ejerce sus atribuciones en el marco de las competencias que le entrega la Constituci¨®n y la ley; es lo que est¨¢ haciendo el Poder Judicial y el Ministerio P¨²blico. Las acusaciones [constitucionales] cumplen un rol y tienen que ver con la responsabilidad pol¨ªtica de los jueces. Esta crisis, en que hay investigaciones [de la Fiscal¨ªa] que deben seguir avanzando y un sistema con altos niveles de desconfianza, debe tratar de convivir con una proyecci¨®n de reformas que regulen adecuadamente reg¨ªmenes de nombramientos y conflictos de intereses, esencialmente para proyectar un camino y recuperar esa confianza. Mantener un sistema tan alto de desconfianza en la justicia perjudica el funcionamiento del sistema democr¨¢tico, la igualdad ante la ley y el acceso al sistema de justicia.