FES: La ideolog¨ªa que recela del aporte privado a la educaci¨®n

El sistema de educaci¨®n superior chileno ha experimentado avances importantes en las ¨²ltimas d¨¦cadas. Si observamos ciertos indicadores, podremos apreciar que el nuestro es un sistema din¨¢mico, con instituciones de calidad y que se encuentra a la vanguardia en Latinoam¨¦rica.

Analicemos algunos de ellos: Chile ostenta una tasa bruta de cobertura de la educaci¨®n terciaria similar o superior a la de los pa¨ªses m¨¢s desarrollados del mundo (por sobre el 50%). Esto significa que una gran parte de la poblaci¨®n accede a la educaci¨®n superior, con las oportunidades que ello representa. Adem¨¢s, el mercado laboral sigue premiando el paso por la educaci¨®n terciaria, si se considera que un graduado universitario, en promedio, tiene un sueldo 2,4 veces m¨¢s alto que el de aquella persona que solo cuenta con educaci¨®n media.

Por otra parte, la productividad cient¨ªfica de nuestras universidades es notable: recientemente, el ranking Nature Research Leaders 2024 ubic¨® a Chile entre los 33 pa¨ªses de mayor producci¨®n cient¨ªfica en el mundo y el segundo en Latinoam¨¦rica, siendo superado solo por Brasil. Los rankings internacionales muestran lo bien que se ubican las universidades nacionales en el contexto latinoamericano: todav¨ªa m¨¢s, una universidad chilena se encuentra dentro de las 100 mejores del mundo, seg¨²n el ranking QS 2025, lo que, sin duda, es notable para un pa¨ªs peque?o como el nuestro. Por ¨²ltimo, existe una robusta institucionalidad (Subsecretar¨ªa, Superintendencia, Comisi¨®n Nacional de Acreditaci¨®n y Consejo Nacional de Educaci¨®n), lo que sumado a la obligatoriedad de la acreditaci¨®n institucional, garantiza un nivel m¨ªnimo de calidad de los proyectos educativos existentes.

Sobre la base de lo anterior, ?alguien sensato podr¨ªa pensar que es necesario redibujar las reglas del sistema porque ¨¦ste no funciona? Pues bien, aunque sea dif¨ªcil de creer, eso es lo que se propone hacer el Gobierno con el proyecto de ley presentado recientemente, que ofrece una alternativa de condonaci¨®n parcial a los deudores del CAE y un nuevo sistema de financiamiento (FES).

Aunque en los titulares pareciera que el objetivo de este proyecto sea aliviar a aquellos deudores agobiados por la carga del CAE y proponer un mecanismo de financiamiento que sea m¨¢s solidario, en los hechos, est¨¢ atentando contra la sustentabilidad de las instituciones de educaci¨®n superior, especialmente de las universidades.

En efecto, en primer lugar, es discutible que el pa¨ªs deba invertir la friolera de 1.000 millones de d¨®lares (solo en el primer a?o) atendiendo las urgencias que presenta la propia educaci¨®n (en sus niveles parvulario y escolar) y el pa¨ªs en general. En segundo lugar, se est¨¢ creando un impuesto al egresado, como un ¡®componente solidario¡¯ del proyecto, lo que implicar¨¢, en la pr¨¢ctica, que un n¨²mero no menor de graduados termine pagando bastante m¨¢s de lo que el Estado destinar¨¢ a financiar sus estudios. Esto debe transparentarse: el l¨ªmite de la retribuci¨®n no est¨¢ dado por el monto que se le ¡°preste¡± al estudiante, sino por la cantidad de a?os m¨¢xima establecida para pagar (20 a?os).

Pero lo que por lejos m¨¢s levanta las alertas es la regulaci¨®n que se hace respecto del aporte privado a las instituciones de educaci¨®n superior y del crecimiento de sus vacantes de pregrado. Efectivamente, el proyecto de ley proh¨ªbe que las instituciones le cobren un copago a los alumnos que accedan a este sistema de financiamiento, con la sola excepci¨®n de aquellos que pertenezcan al 10% m¨¢s rico de la poblaci¨®n. Esto implica un problema de desfinanciamiento para las universidades, especialmente para las privadas complejas, es decir, aquellas que desarrollan, adem¨¢s de docencia y vinculaci¨®n con el medio, investigaci¨®n y creaci¨®n art¨ªstica. Pero no solo ello: las restricciones al crecimiento de la matr¨ªcula que tiene la gratuidad se hacen extensivas a todo el sistema. En suma, el Estado adquiere el control casi completo, al definir cu¨¢ntos recursos le entregar¨¢ a cada instituci¨®n y cu¨¢nto podr¨ªa crecer cada una de ellas. ?Suena l¨®gico para un sistema de educaci¨®n superior que, como hemos visto, es razonablemente bueno y tiene gran dinamismo? ?Qui¨¦n podr¨ªa pensar que es necesario modificar las reglas vigentes para que el Estado limite los recursos que puedan recibir las instituciones (?por parte de los privados!) y cu¨¢nto pueden ellas expandirse?

En resumen, lo que observamos a la base del proyecto de ley del FES es una ideolog¨ªa que recela completamente del aporte privado a la educaci¨®n, que no cree en la provisi¨®n mixta ni en las alianzas p¨²blico-privadas, aunque diga lo contrario. Para nuestro actual Gobierno, si la educaci¨®n no es provista por el Estado, en las condiciones que ¨¦l determine y financiada tambi¨¦n por ¨¦l, la educaci¨®n no es tal. Y como todav¨ªa no es posible eliminar a los privados, les pone tal cantidad de limitaciones que les hace dif¨ªcil su sostenibilidad, acabando, de paso, con el inter¨¦s de nuevos actores por entrar al sistema.

No nos sorprendamos si, aprobado este proyecto, en 10 a?os m¨¢s observamos un estancamiento o, incluso, la decadencia del sistema de educaci¨®n superior. Ser¨¢ la consecuencia natural de la aplicaci¨®n de recetas ideol¨®gicamente trasnochadas.