El FES: una amenaza al futuro de la educaci¨®n superior chilena

Hace unos d¨ªas, el Gobierno del Presidente Boric present¨® al Congreso el proyecto de ley que condona las deudas educativas asociadas al Cr¨¦dito con Garant¨ªa Estatal (CAE) y reemplaza el sistema de cr¨¦ditos con un impuesto a los graduados, denominado FES. En ¨¦ste, los beneficiarios, despu¨¦s de 12 meses de egresar, deben contribuir con un porcentaje de sus ingresos a las arcas fiscales, por un n¨²mero de a?os que es directamente proporcional a la cantidad de semestres financiados. Existen m¨²ltiples diferencias entre el proyecto que propone el Gobierno y los anteriores intentos de reformar el sistema de cr¨¦ditos de educaci¨®n superior. Estas diferencias crean o profundizan riesgos evidentes y distorsionan incentivos del sistema, fracturando el funcionamiento de la provisi¨®n mixta y afectando, finalmente, la calidad de todas las instituciones que participan en la educaci¨®n superior chilena.

En primer lugar, el proyecto de ley del Gobierno del Presidente Boric viene a confirmar una tendencia lamentable. M¨¢s de 50 mil estudiantes de la educaci¨®n escolar abandonaron el sistema el a?o pasado; las denuncias por convivencia escolar alcanzaron un m¨¢ximo hist¨®rico; las tutor¨ªas acad¨¦micas post pandemia llegaron a un n¨²mero irrisoriamente bajo de estudiantes, menor al 1% de la matr¨ªcula; los aprendizajes est¨¢n estancados hace m¨¢s de una d¨¦cada; y un 71% de los estudiantes de 15 a?os no alcanza competencias m¨ªnimas en matem¨¢ticas, de acuerdo con la prueba PISA (Education at a Glance 2024, OCDE). El Gobierno, frente a esto, ha dedicado poco esfuerzo y presupuesto a reactivar la educaci¨®n parvularia y escolar. M¨¢s bien, ha insistido en aumentar el financiamiento de la educaci¨®n superior y centrar su agenda en prioridades electorales como la condonaci¨®n del CAE.

En segundo lugar, este proyecto extiende la fijaci¨®n de precios y vacantes al 90% de menores ingresos del pa¨ªs, impone un impuesto a la renta adicional a los profesionales y t¨¦cnicos, y deja a cargo de calcular y otorgar el beneficio a instituciones que dependen del gobierno de turno, a saber, la Subsecretar¨ªa de Educaci¨®n Superior y el eventual Servicio Ingresa. Todo esto lesiona gravemente la viabilidad financiera de las instituciones y especialmente su autonom¨ªa, al privarlas de determinar sus propios aranceles para permitir el financiamiento de la investigaci¨®n, la innovaci¨®n y el desarrollo. Asimismo, deja entrever una clara intenci¨®n de control estatal, que extinguir¨ªa el efecto virtuoso del financiamiento y la provisi¨®n mixtos de la educaci¨®n superior sobre las distintas funciones del quehacer universitario.

En tercer lugar, se ha desprendido del tr¨¢mite legislativo y del proyecto de ley que las becas de arancel, determinadas por m¨¦ritos acad¨¦micos y criterios socioecon¨®micos, como la Beca Bicentenario y la Beca Nuevo Milenio, ser¨ªan eliminadas del presupuesto nacional. Junto con la supresi¨®n de los distintos cr¨¦ditos, esto dejar¨¢ sin ninguna ayuda estatal a los estudiantes de los deciles de menores ingresos del pa¨ªs, si sus instituciones no adhieren al nuevo sistema. ?stas ser¨¢n empujadas a decidir entre el acceso de los deciles m¨¢s bajos y su autonom¨ªa institucional. Lo anterior impactar¨¢ negativamente sobre el ingreso de los individuos de bajos ingresos al sistema, profundizando la segmentaci¨®n por nivel socioecon¨®mico del sistema. Hoy, 60 mil estudiantes con CAE del 60% de menores ingresos del pa¨ªs estudian en instituciones no gratuitas.

Estas son algunas de las diferencias fundamentales que este proyecto presenta respecto de otros anteriores, y son las que lo constituyen como un peligro para el futuro de la educaci¨®n superior chilena. Actualmente, las universidades de Chile son, en varios casos, la vanguardia en calidad e innovaci¨®n en Latinoam¨¦rica, con presupuestos que ya se encuentran limitados por la regulaci¨®n estatal, que ha crecido preocupantemente en la ¨²ltima d¨¦cada. Seguir presionando por el control estatal del financiamiento a trav¨¦s de la fijaci¨®n de precios y vacantes, especialmente a trav¨¦s de un proyecto de ley pernicioso como el actual, es un error garrafal, que pone en riesgo la calidad de las instituciones de educaci¨®n superior, el acceso de los estudiantes m¨¢s vulnerables del sistema y, finalmente, el desarrollo nacional.