El tenso derribo de una presa en Teruel

Cuando en 2017 se anunci¨® que la concesi¨®n p¨²blica de la presa Los Toranes (sobre el r¨ªo Mijares, en Teruel) a Iberdrola para su uso hidroel¨¦ctrico tocaba a su fin, muchos de los vecinos no le dieron mayor importancia. La central llevaba all¨ª toda la vida, desde 1943, y no pensaron que el desenlace pudiera ser el derribo, asegura Federico Mart¨ªn, alcalde socialista de Olba, uno de los municipios afectados, y favorable a que se mantenga la presa. Pero as¨ª lo decidi¨® el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica en noviembre del a?o pasado con informes sobre la mesa como el de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ), que sostiene que su mantenimiento es ¡°contrario al inter¨¦s p¨²blico, a las exigencias medioambientales y al plan hidrol¨®gico¡± y su rentabilidad ¡°dudosa¡±.

La intensa pol¨¦mica que se desat¨® entre partidarios y detractores del derribo da una visi¨®n de los problemas que genera eliminar este tipo de infraestructuras, un paso que se considera fundamental para recuperar el buen estado ecol¨®gico de los r¨ªos como marcan las directivas europeas. Incluso en comarcas como esta, de poblaci¨®n escasa y sin grandes superficies de regad¨ªo, la oposici¨®n es f¨¦rrea. La Asociaci¨®n R¨ªos con Vida (AEMS) concreta que las barreras artificiales producen cambios f¨ªsicoqu¨ªmicos y rompen el curso ecol¨®gico de los r¨ªos, alterando los flujos naturales, los sedimentos y la biomasa formada por organismos acu¨¢ticos como los peces, sobre todo en el escenario actual de cambio clim¨¢tico. ¡°Esta presa ni siquiera cuenta con un paso para los peces¡±, critica C¨¦sar Rodr¨ªguez, vicepresidente de la asociaci¨®n.

De momento, el derribo est¨¢ parado a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva el recurso presentado por Iberdrola, que est¨¢ de acuerdo con entregar la presa porque la concesi¨®n ha acabado, pero rechaza que la demolici¨®n sea a su cargo.

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¡°Consideramos que es una instalaci¨®n rentable y si miras la situaci¨®n global del entorno, con el ecosistema que se ha creado a lo largo de los a?os, es m¨¢s sostenible mantenerla¡±, asegura el alcalde de Olba (226 habitantes). La presa tambi¨¦n es importante en caso de incendios, para el regad¨ªo y aporta turismo, a?ade. Mart¨ªn carga contra los ecologistas: ¡°Me hacen gracia, no ven el territorio en su conjunto, hay que pensar en la econom¨ªa, en mantener la poblaci¨®n¡±.

Olba es el municipio m¨¢s afectado por la desaparici¨®n de las instalaciones debido a que algunos vecinos utilizan el caudal del canal de la central hidroel¨¦ctrica para regar varios huertos familiares, desde que en 1993 un derrumbe en la acequia del Diablo impide sacar el agua directamente del r¨ªo. Los municipios de Albentosa y San Agust¨ªn tambi¨¦n se han declarado en contra de la demolici¨®n. Y el Gobierno de Arag¨®n intent¨® parar el derribo iniciando un expediente en mayo de este a?o para declarar las instalaciones bien de inter¨¦s cultural. El intento fracas¨® porque se invad¨ªan competencias estatales, como les record¨® la CHJ.

En el lado opuesto se encuentran personas como David Hammerstein, miembro de la Plataforma El Mijares no se toca de Ecologistas en Acci¨®n. Vive en el pueblo y considera que se han mezclado cuestiones pol¨ªticas y que no deber¨ªa haberse producido este enfrentamiento. ¡°Hay soluciones t¨¦cnicas para continuar regando los huertos¡±, asegura ante la preocupaci¨®n de otros vecinos. ¡°Lo importante es que si se derriba la presa se van a liberar siete kil¨®metros r¨ªo arriba que se volver¨¢n a conectar y eso afectar¨¢ de forma positiva a 30 kil¨®metros m¨¢s de afluentes importantes¡±, aclara. Hammerstein a?ade que la zona se podr¨ªa convertir en una reserva natural fluvial muy atractiva para el turismo activo y natural que crear¨ªa empleo, m¨¢s que ¡°estas centrales que no dan trabajo a nadie del entorno¡±. El ¨¢rea donde se ubica parte de las instalaciones de la central est¨¢ catalogada como lugar de inter¨¦s comunitario (LIC) Estrechos del r¨ªo Mijares y Red Natura 2000 (red ecol¨®gica europea de ¨¢reas de conservaci¨®n de la biodiversidad).

En cuanto al recurso interpuesto por Iberdrola, Hammerstein sostiene que lo que persigue la empresa es no pagar el precio de la demolici¨®n. Algo a lo que no se puede oponer Iberdrola, porque as¨ª lo recoge la Ley de Patrimonio de las Administraciones P¨²blicas, remarca Pedro Brufau, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y experto en legislaci¨®n de aguas.

¡°La decisi¨®n estaba tomada¡±

Javier Mar¨ªn, vicepresidente de la Asociaci¨®n Mijares Vivo, a favor de mantener la instalaci¨®n en funcionamiento, aclara que esto no es un tema de ¡°ecologistas contra no ecologistas, porque yo tambi¨¦n soy ecologista¡±. Mar¨ªn considera que el r¨ªo goza de buena salud y que la demolici¨®n conllevar¨¢ un impacto ambiental muy importante. Reprocha al Gobierno central la forma en la que se ha gestionado el proceso, porque aunque han hablado con ellos y han podido interponer alegaciones ¡°la decisi¨®n ya estaba tomada y no se ha tenido en cuenta nuestra postura¡±. Se ha llegado a la determinaci¨®n de tirar la presa ¡°de cara a las pol¨ªticas ambientales de la Uni¨®n Europea. Han debido de pensar: ¡®Vamos a derribar esta instalaci¨®n, que van a protestar cuatro¡±.

Mar¨ªn opina que lo adecuado habr¨ªa sido que el Estado se hubiera hecho cargo de la presa y de que la central continuara en marcha. ¡°Porque es rentable a pesar de lo que se diga y esos beneficios podr¨ªan repercutir en mejorar el cauce¡±, indica. En cuanto a la falta de peces, asegura que la ca¨ªda se ha producido desde el a?o 2009 y 2010, por lo que no se puede achacar a la presa, que ya llevaba muchos a?os construida.

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