Los peores desastres ecol¨®gicos en Espa?a: cu¨¢nto costaron y cu¨¢nto han dejado sin pagar los contaminadores
Cinco de las principales cat¨¢strofes han supuesto 2.138 millones de euros al Estado, de los que solo ha recuperado 176, el 8% del total: el ¡®Prestige¡¯, el incendio de Valencia de 2012 y los vertidos t¨®xicos en Do?ana, la bah¨ªa de Portm¨¢n y el embalse de Flix
Toneladas de petr¨®leo del Prestige manchando de negro la costa gallega, lodos t¨®xicos de la mina de Aznalc¨®llar a las puertas del Parque Nacional de Do?ana, un incendio en Valencia que arras¨® casi 30.000 hect¨¢reas causado por una negligencia¡ Esas im¨¢genes grabadas en la retina han supuesto da?os ambientales cuya reparaci¨®n han costado miles de millones al Estado. Sobre el papel, la Uni¨®n Europea aplica el principio de ¡°quien contamina paga¡±, que convierte a las compa?¨ªas que provocan da?os ecol¨®gicos en responsables, por lo que deben repararlos y sufragar los costes relacionados.
Sin embargo, un an¨¢lisis de EL PA?S de la situaci¨®n de cinco grandes cat¨¢strofes ecol¨®gicas ocurridas en Espa?a ¡ªPrestige, Do?ana, bah¨ªa de Portm¨¢n, embalse de Flix e incendio de Valencia de 2012¡ª muestra que esos desastres han costado 2.138 millones de euros al erario p¨²blico, mientras que empresas y aseguradoras tan solo han pagado una peque?a parte a la sociedad: 176 millones, el 8% del total. Adem¨¢s, seguir el rastro del dinero es complejo por la mara?a de administraciones implicadas, cuyos departamentos van cambiando de nombre y competencias con los a?os.
¡®Prestige¡¯: 1.573 millones
El 13 de noviembre de 2002 el buque Prestige empez¨® a derramar hidrocarburos a unos 30 kil¨®metros del cabo Finisterre. El 19 de noviembre, cuando estaba siendo remolcado para alejarlo de la costa, se parti¨® en dos y se hundi¨® a unos 260 kil¨®metros al oeste de Vigo. Se vertieron unas 63.200 toneladas de hidrocarburos, que mancharon las costas de Galicia y de gran parte del Cant¨¢brico, llegando hasta Francia y Portugal. En el barco quedaron otras 13.700 toneladas, que Espa?a extrajo en 2004. Los trabajos para limpiar el mar y toda la costa se prolongaron durante a?os, aunque en la actualidad se encuentran recuperados en su mayor parte. Las fotos de voluntarios quitando chapapote enfundados en trajes blancos siguen siendo ic¨®nicas.
Aunque la Fiscal¨ªa lleg¨® a decir en 2013 que las p¨¦rdidas por la cat¨¢strofe alcanzar¨ªan los 4.328 millones ¡°a medio plazo¡±, el Tribunal Supremo reconoci¨®, en diciembre de 2018, que Espa?a ten¨ªa derecho a una indemnizaci¨®n de 1.573 millones por el vertido. Sin embargo, gran parte de esa cantidad no se va a recuperar. Por ahora, los Fondos Internacionales de Indemnizaci¨®n de Da?os Debidos a Contaminaci¨®n por Hidrocarburos, una organizaci¨®n intergubernamental que ayuda a sufragar la reparaci¨®n del impacto de este tipo de siniestros, han pagado 142,1 millones al Estado, informa un portavoz del organismo. Mientras, la aseguradora del buque, London P&I Club, deposit¨® en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Provincial de A Coru?a.
La sentencia del Supremo obliga a London P&I Club a pagar el m¨¢ximo asegurado, 1.000 millones de d¨®lares, unos 855,5 millones de euros en ese a?o. El Ministerio de Justicia informa de que la Abogac¨ªa del Estado, junto al despacho Squire Patton Boggs, inici¨® en 2019 un procedimiento de ejecuci¨®n ante los tribunales ingleses, que ya ha recibido varias sentencias favorables, la ¨²ltima el 12 de mayo de 2021. ¡°El ¨²nico motivo de oposici¨®n a la reclamaci¨®n de cantidad a la aseguradora que quedar¨ªa pendiente es el sometido al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea¡±, se?ala el ministerio. Los departamentos de Transportes ¡ªque gestion¨® la limpieza¡ª y Transici¨®n Ecol¨®gica no cuentan con m¨¢s informaci¨®n, como tampoco la Xunta de Galicia. En cualquier caso, dos d¨¦cadas despu¨¦s la cantidad recuperada sigue siendo m¨ªnima.
Do?ana: 240 millones
El 25 de abril de 1998 se rompi¨® la balsa de residuos de la mina de Aznalc¨®llar, en la provincia de Sevilla. Por la brecha de 50 metros de la balsa salieron seis millones de metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos y aguas ¨¢cidas que corrieron por el cauce de los r¨ªos Agrio y Guadiamar. La fuga t¨®xica afect¨® a 4.634 hect¨¢reas repartidas por nueve municipios de la provincia de Sevilla y se qued¨® a las puertas del Parque Nacional de Do?ana. La Junta de Andaluc¨ªa y el entonces Ministerio de Medio Ambiente ¡ªhoy Transici¨®n Ecol¨®gica¡ª invirtieron unos 240 millones de euros en tareas de retirada de lodos, descontaminaci¨®n y restauraci¨®n de los m¨¢s de 40 kil¨®metros del cauce del Guadiamar situados entre la mina y el entorno de Do?ana, donde se fren¨® la avenida.
La minera Boliden Apirsa, filial de la multinacional sueca Boliden, limpi¨® el 20,1% del total de la superficie afectada, el ministerio lo hizo del 7,4%, mientras la Junta se ocup¨® del 72,5%. El Gobierno andaluz reclama a la empresa sueca 89 millones de euros por la limpieza de la zona, mientras que el Gobierno central le exige los 43,7 millones de la sanci¨®n que le impuso tras el desastre y que ha sido ratificada por el Supremo. En total, 132,7 millones. Sin embargo, 23 a?os despu¨¦s, Boliden no ha pagado ni un euro. La compa?¨ªa declar¨® la filial en quiebra y ech¨® el cierre, desvincul¨¢ndose de ella. Durante muchos a?os se ha intentado el levantamiento del velo societario, es decir, responsabilizar a la matriz de lo que hizo su filial, algo que por ahora no se ha conseguido. La Junta negocia sin ¨¦xito con la empresa una salida extrajudicial para recuperar parte de lo empleado en la limpieza de la zona. Y el Ejecutivo, a pesar de los recursos judiciales, no ha logrado tampoco que la empresa se haga cargo de los da?os que caus¨®.
Embalse de Flix: 220 millones
Como consecuencia de su actividad industrial, la empresa qu¨ªmica Ercros (antes Erkimia), que funciona desde 1897, verti¨® a lo largo de m¨¢s de un siglo 800.000 metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos y radioactivos en el embalse de Flix (Tarragona), situado en el Ebro, seg¨²n datos de la sociedad estatal Acuamed. Fuentes de la compa?¨ªa rechazan que todos los lodos procedan de su actividad, ya que pueden deberse, dicen, a otras empresas. Un informe de Greenpeace muestra que las aguas conten¨ªan contaminaci¨®n radioactiva por uranio-238 y radio-226, adem¨¢s de metales pesados como el ars¨¦nico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo¡ Estos elevados ¨ªndices de contaminaci¨®n afectan casi a un mill¨®n de personas a las que abastece el Ebro en este tramo.
Una portavoz de la Direcci¨®n General del Agua del Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica explica que las obras de descontaminaci¨®n del embalse de Flix, destinadas a eliminar las m¨¢s de 120.000 toneladas de residuos contaminados como consecuencia de la actividad qu¨ªmica de la zona y de los cambios en la din¨¢mica fluvial del r¨ªo, tienen un coste de m¨¢s de 220 millones de euros. En diciembre de 2018 se realizaron las primeras pruebas de dragado en el embalse, mientras que los trabajos comenzaron de manera efectiva en enero de 2019. Ya han finalizado las labores principales de descontaminaci¨®n, si bien el proceso se ha alargado mucho m¨¢s de lo previsto. Acuamed est¨¢ ejecutando las ¨²ltimas actuaciones que estaban pendientes destinadas al reintegro parcial y acondicionamiento del agua del recinto. La previsi¨®n es que a lo largo de este a?o pueda finalizar la obra. El ministerio desconoce si la empresa pag¨® alguna cantidad, mientras la Generalitat de Catalunya tampoco tiene datos.
Fuentes de Ercros informan de que en 2003 la Audiencia Provincial de Tarragona ratific¨® en una sentencia el acuerdo alcanzado entre seis empleados de la f¨¢brica de Flix, objeto en 1993 de una querella por un presunto delito contra el medio ambiente, y la Fiscal¨ªa de Tarragona, en la que se indica que los acusados ¡°no produjeron da?o efectivo a las personas ni al medioambiente, sino solamente una situaci¨®n de riesgo¡±. En cualquier caso, el fallo declara a Ercros responsable civil subsidiaria del saneamiento de las riberas y fangos del r¨ªo Ebro por los vertidos realizados entre el 15 de septiembre de 1988 y el 28 de agosto de 1993. El acuerdo oblig¨® a la empresa qu¨ªmica a pagar a Acuamed 11,3 millones de euros como indemnizaci¨®n (el 5% del coste total). El resto, como siempre, lo paga el Estado.
Bah¨ªa de Portm¨¢n: 90 millones
La mina Pe?arroya, situada en La Uni¨®n (Murcia) y que contaba con una concesi¨®n administrativa del Gobierno del dictador Francisco Franco, tir¨® directamente al mar 60 millones de toneladas de residuos durante 33 a?os, de 1957 a 1991. Era un lodo que sal¨ªa de una tuber¨ªa y que conten¨ªa los reactivos utilizados para sacar el metal, mezclados con restos de plomo, zinc, cadmio... Cada cierto tiempo la mina, que produc¨ªa plomo, plata y pirita, cambiaba el chorro de sitio porque ya no hab¨ªa mar, que se iba anegando entre vertidos. As¨ª se sepult¨® la bah¨ªa de Portm¨¢n, que ten¨ªa forma de concha, como la playa de San Sebasti¨¢n. La l¨ªnea de playa avanz¨® 600 metros y los vertidos llegaron hasta 12 kil¨®metros mar adentro.
Xavier Pastor, que a finales de los ochenta era director de Greenpeace Espa?a, explica que la ONG tapon¨® la tuber¨ªa en 1986 y puso una querella por delito ecol¨®gico contra la minera, que sali¨® absuelta. La empresa fue comprada por Portm¨¢n Golf, que cort¨® los vertidos en 1991. Seg¨²n un portavoz de la nueva compa?¨ªa, los nuevos propietarios no fueron obligados ni a limpiar la bah¨ªa ni recibieron sanci¨®n alguna. El Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica asegura que no dispone de m¨¢s informaci¨®n sobre el caso.
La recuperaci¨®n de este entorno todav¨ªa sigue pendiente. Transici¨®n Ecol¨®gica ¡ªentonces Medio Ambiente¡ª present¨® un proyecto en 2005 donde cifraba la limpieza en 100 millones de euros, que luego se fueron reduciendo hasta los 32 millones. Los trabajos arrancaron en 2016, pero en 2019 el propio ministerio paraliz¨® el proyecto por sus carencias. Ahora, han dedicado una partida de 369.000 euros para la redacci¨®n de un nuevo proyecto, cuyo presupuesto est¨¢ todav¨ªa por concretar. Pedro L¨®pez Mill¨¢n, alcalde de La Uni¨®n, considera que la partida final estar¨¢ en torno a los 90 millones de euros: ¡°La empresa cre¨® riqueza y dio trabajo, pero cre¨® el mayor delito mediambiental del Mediterr¨¢neo. M¨¢s de 30 a?os despu¨¦s de la paralizaci¨®n seguimos con la misma historia. Esperamos que ahora s¨ª se arregle¡±. El Estado no va a recuperar ni un euro.
Incendio en el monte Dos Aguas (Valencia) en 2012: 15,4 millones de euros
Dos trabajadores de la empresa Energ¨ªa Solar Levante S.L. que se encontraban el 28 de junio de 2012 colocando unas placas solares en una vivienda cercana a Cortes de Pall¨¢s (Valencia) provocaron con su negligencia el mayor incendio en una d¨¦cada en Espa?a. El fuego afect¨® a Cortes de Pall¨¢s, Y¨¢tova, Macastre, Alborache, Millares, Dos Aguas y Andilla. Seg¨²n el informe final de la Generalitat Valenciana, las llamas calcinaron 29.000 hect¨¢reas de bosques y zonas verdes, impulsadas por las altas temperaturas y un fuerte viento. Adem¨¢s, se declar¨® un segundo incendio en la cercana zona de Andilla, Alcublas y Villar del Arzobispo, lo que elev¨® los da?os a casi 50.000 hect¨¢reas. Un coronel del Ej¨¦rcito falleci¨® durante las labores de extinci¨®n, mientras que un piloto y su copiloto resultaron gravemente heridos.
El Gobierno valenciano gast¨® unos 760.000 euros en apagar el incendio, otros nueve millones de euros para ayudas a los afectados, y acaba de comprometer otros 5,67 millones en actuaciones de regeneraci¨®n natural, saneamiento, implantaci¨®n de n¨²cleos de dispersi¨®n, mejora de accesos y puntos de agua para la fauna, etc¨¦tera. Esa regeneraci¨®n se llevar¨¢ a cabo a partir de ahora y en los pr¨®ximos meses, tal y como informa la Generalitat Valenciana.
La sentencia judicial, emitida el pasado 16 de abril por el Juzgado de lo Penal n¨²mero 3 de Valencia, considera probado que se trat¨® de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, por lo que conden¨® a los dos autores a 10 meses de c¨¢rcel y oblig¨® a la empresa a pagar los da?os ocasionados tanto a la Administraci¨®n como a diferentes particulares (dado que fueron afectadas decenas de viviendas). La compa?¨ªa ten¨ªa suscrita una p¨®liza con Axa por un l¨ªmite de 748.500 euros, que la aseguradora confirma que ya deposit¨® en el juzgado. Sin embargo, de esos 748.500 euros a la Generalitat Valenciana tan solo le corresponden 80.963 euros, dado que el resto se reparte entre los dem¨¢s perjudicados. Lo dem¨¢s, como casi siempre, lo pagamos entre todos.
Con informaci¨®n de Manuel Planelles y Esther S¨¢nchez.
"Faltan juzgados especializados"
Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acci¨®n, explica que la ley de quien contamina paga ¡°por ahora ha sido de dif¨ªcil aplicaci¨®n¡±: ¡°El legislador ha ido retrasando el seguro obligatorio, lo que se une a una legislaci¨®n compleja que puede ser un coladero. Eso hace que los da?os ambientales se acaben socializando, que lo paguemos entre todos. Y eso es injusto y contrario a la Constituci¨®n y los protocolos internacionales¡±. Doreste se?ala que los da?os ambientales tienen un componente t¨¦cnico y una gran complejidad, lo que dificulta cobrar las indemnizaciones. Jos¨¦ Manuel Marraco, abogado de Greenpeace, pone otro pero: ¡°El problema es que a la Justicia hay que dotarla de medios. Todav¨ªa no existe un cuerpo de peritos ambientales que pueda asistir a los juzgados, ni juzgados especializados en la materia... Al menos ahora las amenazas ambientales ya afectan a toda la sociedad, no solo a los ecologistas¡±.
Adem¨¢s, desde 1994 existe el Pool Espa?ol de Riesgos Medioambientales (PERM), que aglutina a 25 aseguradoras para dar cobertura a este tipo de problemas ecol¨®gicos. ¡°Si el da?o ambiental se descubre inmediatamente es sencillo de demostrar, pero si se produce al cabo de muchos a?os es m¨¢s dif¨ªcil¡±, dice Jos¨¦ Luis Heras, gerente del PERM. ¡°Quiz¨¢ el mayor problema es que las principales administraciones que piden responsabilidad ambiental son las auton¨®micas, y esta ley de 'quien contamina paga' es todav¨ªa muy desconocida¡±, a?ade. El Pool ha realizado labores de limpieza de suelos y de acu¨ªferos subterr¨¢neos producidos por la contaminaci¨®n en toda Espa?a.
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