Bruselas lleva a Espa?a ante la justicia europea por incumplir el tratamiento de aguas residuales en 133 poblaciones

En 133 aglomeraciones urbanas espa?olas, las aguas residuales de entornos dom¨¦sticos e industriales se vierten sin recibir un tratamiento adecuado para proteger el medio ambiente. Esta situaci¨®n, prolongada en el tiempo, ha hecho que la Comisi¨®n Europea acabe llevando a Espa?a ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. El propio Ejecutivo que dirige Ursula Von der Leyen ha explicado este mi¨¦rcoles en un comunicado que desde que se inici¨® el expediente ha habido ¡°progresos¡±, pero estos son insuficientes, lo que ha hecho que tras varios avisos Bruselas haya terminado llevando a Espa?a ante la justicia.

De momento, en este procedimiento la Comisi¨®n no pide que Espa?a sea multada ¡ªcomo ya est¨¢ ocurriendo tambi¨¦n por la falta de depuraci¨®n en otras siete localidades y que ya le ha costado al Estado 63 millones de euros en sanciones¡ª sino que los magistrados dicten una sentencia por el incumplimiento de las normas medioambientales europeas. Pero si, tras esa presumible condena, los vertidos de aguas sin tratar en estas 133 aglomeraciones continuaran, Bruselas podr¨ªa volver a demandar a Espa?a y pedir una multa, como ha ocurrido con el caso que ha obligado ya a pagar esos 63 millones de euros.

La directiva para el tratamiento de aguas residuales en n¨²cleos urbanos, aprobada hace ya 31 a?os, obliga a recoger y tratar los vertidos de aguas residuales urbanas para que no perjudiquen el medio ambiente. Esto se traduce en la instalaci¨®n de sistemas de depuraci¨®n en las ¡°aglomeraciones¡± (ciudades, uniones n¨²cleos urbanos y pol¨ªgonos industriales) y, cuando est¨¢ justificado, mecanismos individuales o equivalentes, siempre y cuando se alcance ¡°el mismo nivel de protecci¨®n medioambiental¡±.

Ante su incumplimiento en estas 133 aglomeraciones, la Comisi¨®n abri¨® un expediente sancionador hace m¨¢s de cinco a?os, en diciembre de 2016. Tal y como obliga el procedimiento de actuaci¨®n ante la existencia de infracciones, el Ejecutivo comunitario, presidido entonces por el luxemburgu¨¦s Jean-Claude Juncker, remiti¨® una carta formal a Espa?a que deb¨ªa tener una respuesta. Esta lleg¨® pero no fue suficiente. ¡°Una evaluaci¨®n t¨¦cnica de las respuestas de Espa?a muestra que siguen incumpli¨¦ndose a gran escala las obligaciones de la directiva, teniendo en cuenta que 133 aglomeraciones vierten en zonas normales o en zonas sensibles. A pesar de algunos avances, no se prev¨¦ que Espa?a cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro pr¨®ximo. Por tanto, la Comisi¨®n le env¨ªa un dictamen motivado y le pide que acelere el cumplimiento¡±, expon¨ªa Bruselas en febrero de 2020, cuando dio el siguiente paso en el expediente. El conocido este mi¨¦rcoles supone el final del recorrido administrativo y la apertura del camino judicial.

A principios de este a?o, Espa?a ten¨ªa abiertos 26 expedientes europeos por infracciones medioambientales. Era el pa¨ªs de la UE que m¨¢s procedimientos de este tipo tiene abiertos. Espa?a ocupa desde hace a?os los primeros puestos de esa lista, esta situaci¨®n se debe, en parte, al bloqueo parlamentario y legislaturas fallidas que Espa?a ha sufrido recientemente. Esto fren¨® la actividad legislativa y la trasposici¨®n de normas.

Pero tambi¨¦n hay otros casos que se remontan muchos a?os atr¨¢s y se debe a una falta de inversiones evidente para cumplir con los est¨¢ndares europeos. Es el caso precisamente de la depuraci¨®n de las aguas que se vierten a los r¨ªos y los mares sin el suficiente tratamiento, como ocurre con ese expediente por las 133 aglomeraciones. Adem¨¢s de la denuncia que acaba de presentar la Comisi¨®n y del caso que ha acabado en la millonaria sanci¨®n, Espa?a tiene abiertos otros tres europeos expedientes abiertos por mala depuraci¨®n. Los que est¨¢n m¨¢s avanzados son los que afectan a las poblaciones de m¨¢s tama?o y los que afectan a las zonas medioambientales m¨¢s sensibles.

La responsabilidad en el tratamiento de las aguas es municipal en Espa?a. Los Ayuntamientos son los que tienen las competencias en depuraci¨®n, pero tras a?os de incumplimientos y ante la falta de recursos econ¨®micos de muchas localidades, las comunidades aut¨®nomas y el Estado asumieron la construcci¨®n de las depuradoras e instalaciones necesarias. Sin embargo, a pesar de ese apoyo, los incumplimientos se han seguido manteniendo m¨¢s de tres d¨¦cadas despu¨¦s de aprobarse las normas ambientales europeas que buscan proteger la calidad de las aguas de la UE.

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