El Gobierno admite que seguir¨¢ pagando la multa por los vertidos de aguas fecales hasta al menos 2025

En el mejor de los escenarios, Espa?a seguir¨¢ pagando hasta 2025 la millonaria multa europea por la falta de depuraci¨®n de las aguas residuales de varios municipios. Pero ese es el mejor de los horizontes y no se pueden descartar ni mucho menos nuevos retrasos, como ha ocurrido hasta ahora. La multa ¡ªque asciende ya a 62,96 millones de euros y que crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos¡ª fue impuesta por el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea en 2018, cuando nueve aglomeraciones urbanas de m¨¢s de 15.000 habitantes del pa¨ªs continuaban vertiendo sus aguas residuales sin el adecuado tratamiento.

Cuando se hizo p¨²blico el fallo, el Gobierno central present¨® un calendario en el que se afirmaba que en cuatro a?os estar¨ªa resuelto el problema y todas las depuradoras de esas nueve aglomeraciones funcionar¨ªan correctamente. Pero ya es 2022 y el Ejecutivo reconoce ahora por escrito que el cumplimiento completo no llegar¨¢ hasta al menos 2025. Esto supondr¨¢ que la que es ya la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente Espa?a siga engordando durante los pr¨®ximos tres a?os.

El nuevo calendario se conoce gracias a la respuesta del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica a una pregunta parlamentaria de la diputada de M¨¢s Pa¨ªs-Verde Equo In¨¦s Saban¨¦s sobre los problemas de depuraci¨®n en Espa?a. La respuesta de este departamento lleg¨® el 27 de enero y apunta a que la multa ya llega hasta esos 62,96 millones. Adem¨¢s, se a?ade que se espera que en 2025 ¡°finalicen las obras¡± de la nueva estaci¨®n de depuraci¨®n de la localidad onubense de Matalasca?as, un n¨²cleo de poblaci¨®n eminentemente tur¨ªstico que, a pesar de estar ubicado en el coraz¨®n de Do?ana, no trata adecuadamente sus aguas residuales. Son habituales los vertidos de aguas fecales en la playa de esta localidad.

Las competencias de depuraci¨®n en Espa?a son de los municipios. Pero muchas veces los Ayuntamientos no tienen presupuesto para construir o mejorar las depuradoras o para mantenerlas. En otras ocasiones, no hay voluntad pol¨ªtica por el rechazo que la instalaci¨®n de este tipo de infraestructuras despierta entre algunos colectivos de vecinos. Ante esta situaci¨®n, el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas han ido declarando de inter¨¦s estatal o auton¨®mico estas obras para que se ejecutaran en los ¨²ltimos a?os. En el caso de la planta de Matalasca?as, fue el Estado el que asumi¨® la infraestructura. Pero hasta el pasado diciembre no se consigui¨® cerrar un convenio entre el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para acometer esta obra. El coste ser¨¢ de unos 30 millones de euros y el plazo para su ejecuci¨®n y puesta en funcionamiento es de tres a?os, con lo que ser¨¢ complicado que la estaci¨®n de depuraci¨®n est¨¦ completamente operativa antes de que acabe 2025.

La otra depuradora que arrastra un retraso considerable es la que afecta a Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga). Hasta el pasado noviembre, la Junta, que es en este caso la responsable, no adjudic¨® la depuradora Norte de M¨¢laga, que debe solucionar el problema de Alhaur¨ªn y de otros municipios de la zona. El importe de la obra ronda los 100 millones y el plazo de ejecuci¨®n es de tres a?os y medio, con lo que tambi¨¦n es probable que no est¨¦ funcionando completamente en 2025.

La obligaci¨®n para las aglomeraciones urbanas de depurar correctamente sus aguas antes de verterlas al mar y los r¨ªos viene recogida en una directiva europea que establec¨ªa 2001 como fecha para cumplir con estas prescripciones. Sin embargo, ante el alto grado de incumplimiento la Comisi¨®n fue concediendo diferentes pr¨®rrogas a Espa?a. La ¨²ltima fue hasta 2013 y en ese momento 17 n¨²cleos urbanos segu¨ªan incumpliendo. As¨ª que Bruselas acudi¨® al Tribunal de Justicia de la UE, que tras un largo proceso conden¨® al pa¨ªs en 2018 por los incumplimientos en esas 17 aglomeraciones a pagar una multa de 12 millones. En el momento del fallo, hace ya cuatro a?os, nueve poblaciones segu¨ªan sin cumplir, por lo que el tribunal estableci¨® adem¨¢s una multa semestral de 11 millones hasta que se depuren bien las aguas.

Esa cuant¨ªa de 11 millones va disminuyendo en funci¨®n del grado de cumplimiento. De momento, la Comisi¨®n Europea solo ha certificado que dos de las nueve aglomeraciones han cumplido con la directiva: Tarifa (C¨¢diz) y Co¨ªn (M¨¢laga). Adem¨¢s de Matalasca?as y Alhaur¨ªn, todav¨ªa faltan Barbate (C¨¢diz), Isla Cristina (Huelva), Nerja (M¨¢laga), Gij¨®n Este (Asturias) y Valle de G¨¹imar (Santa Cruz de Tenerife). Seg¨²n la respuesta parlamentaria del Gobierno, ¡°est¨¢ previsto que a lo largo de este a?o 2022, la Comisi¨®n Europea acredite el cumplimiento de las aglomeraciones de Nerja y Gij¨®n Este, con la entrada en funcionamiento de las respectivas depuradoras y la consecuente presentaci¨®n de muestras representativas del efluente tratado como prueba del cumplimiento de la directiva¡±. El reconocimiento por parte de Bruselas del funcionamiento de estas dos estaciones har¨¢ que la multa semestral baje aproximadamente hasta los cinco millones, ya que el montante de la sanci¨®n est¨¢ directamente relacionado con la poblaci¨®n de las aglomeraciones urbanas y Gij¨®n es la m¨¢s poblada de este expediente.

?Qui¨¦n paga?

En su respuesta a M¨¢s Pa¨ªs, el Ejecutivo recuerda que ¡°son los municipios los que tienen competencias propias en el tratamiento de las aguas residuales¡±, por los que ellos deben ¡°prestar los servicios de saneamiento y depuraci¨®n por s¨ª solos o con el auxilio de su comunidad aut¨®noma¡±. Partiendo de esta premisa, el Ejecutivo ha ido trasladando a las comunidades aut¨®nomas afectadas parte de la multa de 62,96 millones de euros que Espa?a ha tenido que ir pagando. En concreto, el Estado se ha hecho cargo de 32,7 millones, la cantidad correspondiente a las depuradoras declaradas de inter¨¦s estatal. Los m¨¢s de 30 millones restantes los han tenido que afrontar los gobiernos auton¨®micos.

Andaluc¨ªa recurri¨® contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se le repercut¨ªa su parte de la sanci¨®n argumentando que eran los Ayuntamientos los que deber¨ªan hacer frente a las multas. Pero el Tribunal Supremo desestim¨® en septiembre esta pretensi¨®n de la Junta y oblig¨® al pago de su parte de la multa.

Cuando se consiga que todas depuradoras de estas aglomeraciones est¨¦n en funcionamiento, el problema de las aguas residuales urbanas en Espa?a no estar¨¢ solucionado. Porque la normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones de m¨¢s de 2.000 habitantes de Espa?a deben tratar correctamente sus aguas residuales. Sin embargo, el actual plan nacional de depuraci¨®n, que data del pasado mes de julio, apunta a que 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, Espa?a tiene abiertos cinco expedientes europeos en estos momentos ¡ªy en breve podr¨ªa llegar otro¡ª que tambi¨¦n pueden acabar en sanciones millonarias si contin¨²an los incumplimientos.

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