El juicio por la indemnizaci¨®n del ¡®caso Aznalc¨®llar¡¯ se celebrar¨¢ 25 a?os despu¨¦s de la tragedia ecol¨®gica

La cat¨¢strofe ecol¨®gica de Aznalc¨®llar (Sevilla) que en 1998 provoc¨® el vertido de cinco millones de metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos en el entorno de Do?ana se juzgar¨¢ 25 a?os despu¨¦s del desastre, en julio de 2023. El laberinto judicial del caso podr¨¢ por fin contar con una sentencia que determine si la multinacional minera Boliden debe pagar 89 millones a la Junta andaluza (PP) por la contaminaci¨®n de 4.643 hect¨¢reas que caus¨® la rotura de la balsa de residuos mineros, aunque sea un cuarto de siglo despu¨¦s.

Este jueves el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla ha celebrado la vista previa de la causa civil por la demanda interpuesta por el Gobierno auton¨®mico para lograr que la compa?¨ªa minera abone la factura de la limpieza medioambiental de los r¨ªos Agrio y Guadiamar, contaminados tras ser inundados por la marea de lodos y metales pesados, y que dej¨® 37 toneladas de peces muertos. Despu¨¦s de escuchar a las partes enfrentadas, el magistrado Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez ha fijado el pr¨®ximo 4 de julio como fecha de inicio del juicio para dilucidar por fin si Boliden debe abonar la suma millonaria o puede eludirla.

La clave que ha esgrimido la Junta en sala es el art¨ªculo 81 de la Ley de Minas, que determina que el titular de una explotaci¨®n es responsable de ¡°los da?os y perjuicios¡± que provoquen sus trabajos de extracci¨®n. En paralelo, el Ejecutivo entiende que el grupo internacional Boliden, al que pertenec¨ªa su filial espa?ola ya disuelta Boliden Apirsa, debe afrontar el pago en ausencia de la empresa explotadora de la mina, reabierta en 2015 por otra empresa.

En la bancada de enfrente, los abogados de la firma minera han alegado que cuando el desastre se produjo en 1998 no exist¨ªa una ley que obligara a las compa?¨ªas a responder por el da?o medioambiental, que lleg¨® mucho despu¨¦s, en 2007, la Ley de Responsabilidad Ambiental. ¡°Lamentamos profundamente el accidente, pero aqu¨ª estamos para decidir la acci¨®n de reembolso sobre la restauraci¨®n¡±, ha afirmado Jos¨¦ Miguel Fern¨¢ndez, abogado de Boliden.

El juicio tendr¨¢ en principio seis jornadas (entre el 4 y el 20 de julio) para 13 interrogatorios, 12 testigos -t¨¦cnicos de la Junta la mayor¨ªa- y un perito, que declarar¨¢n para arrojar luz sobre la gesti¨®n del desastre medioambiental. El magistrado ha desestimado que la Junta pueda aportar un informe pericial entregado el pasado julio sobre la limpieza, adem¨¢s de otras documentales y expertos propuestos por el Ejecutivo, al que en cambio ha permitido la propuesta de 12 t¨¦cnicos y responsables en replantaciones y recuperaci¨®n de los terrenos contaminados. Entre ellos destaca el secretario general de la organizaci¨®n ecologista WWF, Juan Carlos del Olmo, mientras que C¨¦sar Nombela, expresidente el Centro Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC), ha sido rechazado por el juez.

La reparaci¨®n ambiental de los terrenos a las puertas de Do?ana incluy¨® el recrecimiento de la balsa de est¨¦riles mineros, as¨ª como la creaci¨®n de un corredor verde que ahora atraviesa el r¨ªo Guadiamar. Boliden considera que muchos de los trabajos realizados exceden la reparaci¨®n del da?o y que, aunque la justicia lo considerara responsable civil, nunca deber¨ªa aportar esos gastos incluidos en la factura de 89 millones. Los abogados de Boliden y sus filiales Boliden AB y Boliden BV, del bufete Ur¨ªa y Men¨¦ndez, han dicho que el impacto econ¨®mico directo del desastre sobre la firma sueca fue de 115 millones, y que su filial espa?ola gast¨® 80 millones para la retirada de lodos, una cantidad que no cubrieron los seguros, antes de clausurar la mina en 2001.

La abogada de la Junta ha esgrimido que la multinacional debe responder por la contaminaci¨®n que provoc¨® su filial espa?ola gracias a la doctrina del levantamiento del velo. Esta tesis jur¨ªdica defiende que ante las deudas de las sociedades, es necesario apelar a socios o personas que las dirigen para sortear los entramados empresariales por abusos de la ¡°personalidad jur¨ªdica¡± en da?o ajeno. ¡°Boliden Apirsa, AB y BV no son un grupo societario, sino que conforman una ¨²nica titular de la actividad minera de Aznalc¨®llar¡±, aleg¨® la letrada de la Junta. La cuesti¨®n ser¨¢ resuelta en sentencia, ha aclarado el juez este jueves.

En paralelo a este pleito civil, el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica gan¨® en el Tribunal Supremo su reclamaci¨®n econ¨®mica ante Boliden por los 43 millones que se gast¨® en la limpieza, pero la empresa eludi¨® el pago porque se declar¨® en bancarrota y ahora est¨¢ pendiente de lo que resuelva el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, que instruye su concurso de acreedores, paralizado a la espera del proceso civil. Es decir, hasta hoy la multinacional sueca ha eludido pagar a las Administraciones central y auton¨®mica por la factura conjunta de 133 millones.

El caso ha sido un galimat¨ªas judicial porque en v¨ªa penal la justicia fue incapaz de se?alar culpables despu¨¦s de absolver a 21 t¨¦cnicos imputados; m¨¢s tarde se inici¨® la v¨ªa civil, que lleg¨® hasta el Tribunal Supremo y en 2013 (15 a?os despu¨¦s del accidente) retorn¨® a la casilla de salida al decidir su Sala de Conflictos de Competencia que el asunto no era contencioso-administrativo sino civil y, por tanto, deb¨ªa regresar al mismo Juzgado de Primera Instancia 11 donde se inici¨®. En 2016, la Junta comenz¨® a negociar en secreto durante seis a?os con Boliden, hasta que hace un a?o decidi¨® romper las conversaciones infructuosas ante la p¨ªrrica oferta econ¨®mica ofrecida por la compa?¨ªa minera.

El gigante sueco, con 1.078 millones de beneficio operativo y 6.000 empleados el a?o pasado, ha respondido este jueves que est¨¢ ¡°dando los pasos para alcanzar una decisi¨®n en las cuestiones econ¨®micas pendientes¡±. ¡°Estamos satisfechos con que la limpieza fuera exitosa y con los tiempos establecidos por el juzgado. Somos optimistas sobre este dilatado proceso que est¨¢ cerca de acabar¡±, ha opinado su director de comunicaci¨®n, Klas Nilsson, en una respuesta por escrito.

Ecologistas en Acci¨®n ha criticado que la multinacional conoci¨® los fallos estructurales que presentaba la balsa a?os antes del desastre, que fueron incluso denunciados en Canal Sur por un ingeniero de la minera. ¡°Boliden lleva haci¨¦ndose el sueco casi 25 a?os y siempre tuvo conocimiento cabal del riesgo de rotura de la balsa, pues conoc¨ªa sus defectos estructurales. Pese a ello, no hizo absolutamente nada al menos los cinco a?os previos al desastre¡±, ha censurado Isidoro Albarreal, del ¨¢rea de miner¨ªa de la organizaci¨®n ecologista.

El laberinto judicial de 25 a?os, cuya luz se vislumbra desde este jueves, acabar¨¢ previsiblemente en el Tribunal Supremo dentro de un lustro despu¨¦s de la sentencia que dictar¨¢ dentro de un a?o el Juzgado de Primera Instancia 11 de la capital andaluza y el ulterior fallo de la Audiencia de Sevilla. En caso de que la Junta perdiera su pleito ante el Supremo, a¨²n le quedar¨¢ la carta de acudir a la justicia sueca para reclamar el pago, dado que para el pa¨ªs escandinavo los due?os de una mina ante un desastre medioambiental son responsables para siempre, seg¨²n admiti¨® Anders Sand, coordinador del ¨¢rea de investigaci¨®n y desarrollo de Boliden.

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