Andaluc¨ªa ha roto la negociaci¨®n con la multinacional sueca Boliden para que esta pague por el desastre ecol¨®gico que en 1998 desencaden¨® la rotura de la balsa de su mina en Aznalc¨®llar (Sevilla). Despu¨¦s de seis a?os de conversaciones infructuosas con la compa?¨ªa minera, el pasado enero la Junta interrumpi¨® el di¨¢logo para obtener los 89 millones que le cost¨® la limpieza medioambiental provocada por los seis millones de metros c¨²bicos de lodos t¨®xicos vertidos al entorno de Do?ana. El caso se juzgar¨¢ previsiblemente el pr¨®ximo invierno despu¨¦s de 24 a?os de laberinto judicial.

Desde 2016 el Gobierno andaluz (entonces liderado por el PSOE y desde 2019 por PP y Ciudadanos) negoci¨® en secreto con Boliden para lograr esos 89 millones, hasta que hace 11 meses las conversaciones ¡ªen punto muerto entonces¡ª salieron a la luz. Este pasado invierno, ante la falta de resultados y el poco dinero ofrecido por el gigante sueco, el Ejecutivo auton¨®mico dijo basta y comunic¨® al juzgado del pleito civil en curso que optaba por ir a juicio. Y ahora el caso por la cat¨¢strofe medioambiental, en estado de letargo durante los ¨²ltimos seis a?os, se reactiva.

La audiencia previa para dilucidar el caso se celebrar¨¢ en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla el pr¨®ximo 29 de septiembre, cuando se vislumbre si la matriz sueca deber¨¢ afrontar el abono de esos 89 millones a las arcas p¨²blicas andaluzas. La Junta y Boliden acudir¨¢n a esa reuni¨®n con el magistrado Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez, que puede dejar el caso visto para sentencia tras examinar las pruebas o fijar una vista oral con periciales y testificales que aten los cabos sueltos de la causa. Un proceso que va camino del cuarto de siglo sin responsables ¨Cempresarios, sociedades o pol¨ªticos¨C que respondan por la vasta contaminaci¨®n que provoc¨® en los r¨ªos Agrio y Guadiamar, a un paso de la Reserva de la Biosfera m¨¢s emblem¨¢tica de Espa?a. La limpieza de los cauces ascendi¨® en total a 132 millones, incluidos los 43 millones que invirti¨® el Ministerio de Medio Ambiente (hoy para la Transici¨®n Ecol¨®gica) y que tambi¨¦n aspira a cobrar alg¨²n d¨ªa.

Boliden, con 1.078 millones de beneficio operativo y 6.000 empleados el a?o pasado, echa balones fuera: ¡°La cuesti¨®n es si Boliden Apirsa [filial en Espa?a de la matriz sueca] tiene responsabilidad sobre la rotura de la balsa. Y aunque nosotros pensamos que no la posee, posteriormente deber¨¢ decidirse si el grupo Boliden tiene que asumirla. Apirsa era una empresa separada y con entidad legal propia, con sus propios recursos y responsabilidades¡±, alega un portavoz de la multinacional escandinava. ¡°El caso legal sigue su curso y estamos abiertos al di¨¢logo constructivo, aunque consideramos que no hemos causado el retraso del procedimiento¡±, sostiene dicho portavoz.

El cauce del Guadiamar inundado en 1998 por aguas ¨¢cidas con metales pesados procedentes de la actividad minera es hoy un corredor ecol¨®gico tras la compra de los terrenos afectados por la Administraci¨®n. Pero este alambicado caso demuestra la dificultad para encausar a los responsables si hubiera otra rotura de una balsa de residuos mineros, algunas de ellas abandonadas tras la extracci¨®n de los minerales. Muchas explotaciones en activo est¨¢n en Espa?a en manos de multinacionales y sus bufetes de abogados aprovechan las grietas legales para dilatar los plazos y las sanciones impuestas. ¡°Entramados empresariales est¨¢n dise?ados expresamente para poder eludir cualquier responsabilidad futura en caso de un nuevo accidente¡±, critica Isidoro Albarreal, del ¨¢rea de miner¨ªa de Ecologistas en Acci¨®n.

El caso Aznalc¨®llar tuvo una v¨ªa penal que se archiv¨® y tras 24 a?os, hoy sobreviven la civil por la reclamaci¨®n monetaria de la Junta andaluza y la mercantil, que dilucida el concurso de acreedores de la filial Boliden Apirsa. A esta ¨²ltima se agarra el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica, cuya sanci¨®n de 43 millones impuesta a la compa?¨ªa confirm¨® en la v¨ªa contencioso-administrativa el Tribunal Supremo en 2005. Carmen Julia Garc¨ªa, abogada de varios afectados por la rotura de la balsa en el proceso penal, censura: ¡°Se van a cumplir 24 a?os de uno de los mayores desastres ecol¨®gicos a nivel mundial sin que se haya reparado el da?o causado y cada vez es m¨¢s probable que dicha reparaci¨®n no se consiga. El archivo penal hoy no suceder¨ªa por la mayor contundencia que existe para perseguir los delitos medioambientales¡±.

El concurso para liquidar la filial de Boliden lleva suspendido los mismos seis a?os que la causa civil. Es decir, si la Junta obtuviera una sentencia favorable el pr¨®ximo invierno en la v¨ªa civil, acudir¨¢ al Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla para desatascar el concurso. A continuaci¨®n, para que finalmente la matriz sueca pagara por la quiebra de su filial en Espa?a, el juez deber¨¢ declarar dicho concurso culpable, ya que si lo considera fortuito, ning¨²n acreedor ¡ªlos primeros en la lista son la Junta y el ministerio¡ª cobrar¨¢ ni un euro. Tanto la Junta como el bufete Ur¨ªa y Men¨¦ndez, que ha representado a Boliden en la negociaci¨®n, han rechazado opinar sobre el accidentado devenir del caso.

15:54

La cat¨¢strofe ambiental de Aznalc¨®llar en Canal Sur Televisi¨®n

?Tiene otras derivadas y soluciones el caso Aznalc¨®llar?

A pesar de los 24 a?os transcurridos, la Junta de Andaluc¨ªa podr¨ªa acudir a la justicia sueca para reclamar el pago al grupo sueco Boliden si la reclamaci¨®n en Espa?a no prospera, seg¨²n Juan Antonio Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla: ¡°Si la jurisdicci¨®n civil diera la raz¨®n a la Junta, su cr¨¦dito contra Boliden ser¨ªa ejecutable fuera de Espa?a de acuerdo con el Reglamento 44/2001 del Consejo de la Uni¨®n Europea [aplicable a este pleito], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecuci¨®n de resoluciones judiciales¡±. A diferencia del Ejecutivo auton¨®mico, el ministerio acudi¨® a la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. ¡°El mayor problema para que el Estado [Gobierno central] pueda liquidar estas cantidades es que, seg¨²n la legislaci¨®n de Hacienda P¨²blica, los cr¨¦ditos de derecho p¨²blico no pueden ser ejecutados fuera de Espa?a¡±, a?ade Carrillo. Fuentes del departamento de Teresa Ribera se han limitado a se?alar: ¡°Respetamos el cauce legal y la Abogac¨ªa del Estado ir¨¢ paso a paso en funci¨®n de la evoluci¨®n del caso¡±.

Hace un a?o Anders Sand, coordinador del ¨¢rea de investigaci¨®n y desarrollo de Boliden, aclar¨® en un foro de expertos europeos sobre residuos mineros que la puerta a una reclamaci¨®n ante la justicia sueca jam¨¢s se cierra sobre un accidente en el pa¨ªs escandinavo: ¡°Si gestionas una mina en Suecia, despu¨¦s del cierre de la instalaci¨®n ser¨¢s siempre responsable, no hay l¨ªmite temporal. Algunos dicen 30 a?os, lo cual no es verdad, algunos dicen la pr¨®xima era glacial, lo cual tampoco es cierto. Los gestores de una mina son responsables para siempre¡±.

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