Un Constitucional dividido aplaza su decisi¨®n sobre el futuro del complejo de Valdeca?as

El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar la decisi¨®n sobre el futuro del resort de lujo Marina Isla de Valdeca?as (C¨¢ceres), a la vista de las discrepancias existentes entre los magistrados sobre si deben admitirse o no los recursos interpuestos contra la orden dada por el Supremo para que se proceda a la demolici¨®n completa de las instalaciones de dicho complejo. En el ¨²ltimo pleno del tribunal, celebrado a mediados de octubre, hubo un intenso debate sobre la existencia o no de legitimaci¨®n de los recurrentes para oponerse a la citada resoluci¨®n del Supremo, entre otros extremos, y para evitar una votaci¨®n que pusiera de manifiesto la profunda divisi¨®n del Constitucional se tom¨® la decisi¨®n de encargar nuevos informes a los letrados del propio ¨®rgano de garant¨ªas sobre distintos aspectos del proceso.

Tras estos recursos hay en juego decenas de millones de euros, dado que si la impugnaci¨®n es inadmitida a tr¨¢mite la ejecuci¨®n del derribo ordenado por el Supremo obligar¨ªa a pagar cuantiosas indemnizaciones. El nuevo informe de los letrados podr¨ªa estar terminado en breve, pero en la actual situaci¨®n del Constitucional, con el mandato caducado desde el pasado 12 de junio y pendiente de renovaci¨®n, no cabe descartar que el tribunal prefiera dejar este asunto para otro momento, cuando se haya podido culminar la renovaci¨®n del ¨®rgano de garant¨ªas, que ha de cambiar en este relevo al presidente, al vicepresidente y a otros dos de sus magistrados. De hecho, el presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, ha decidido evitar que el tribunal se fracture en nuevas sentencias mientras se encuentre en funciones.

En el debate registrado en el tribunal sobre el complejo de Valdeca?as se pusieron sobre la mesa dos documentos que sosten¨ªan tesis contradictorias. El primero, elaborado por el letrado que inform¨® sobre el caso, se propon¨ªa la inadmisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos, considerando que no exist¨ªan motivos de inter¨¦s constitucional para plantear recursos de amparo. El segundo, en cambio, consist¨ªa en el proyecto de resoluci¨®n elaborado por el ponente del caso ¨Cel magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador-, que s¨ª estimaba que deb¨ªan admitirse las impugnaciones, por tener legitimaci¨®n los recurrentes y por entender que el asunto s¨ª deb¨ªa encontrar cauce por la v¨ªa de unos recursos de amparo dotados de relevancia constitucional, al poder verse afectados derechos fundamentales de los perjudicados.

La orden de demolici¨®n del complejo de Marina Isla de Valdeca?as fue dada por el Supremo hace ocho meses. Contra esta decisi¨®n de la Sala de lo Contencioso presentaron peticiones de amparo la Junta de Extremadura, los propietarios de las construcciones, la promotora del complejo y los ayuntamientos afectados por el caso, los de El Gordo y Berrocalejo, que subrayaron especialmente el alto coste y los efectos econ¨®micos negativos que supondr¨ªa para la comarca el derribo completo del resort. La admisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos supondr¨ªa que el Constitucional entrara a estudiar el fondo del asunto para resolver finalmente por sentencia, dentro de unos meses, o tal vez un a?o, el futuro del complejo.

La ra¨ªz del largo conflicto judicial sobre el complejo residencial de Valdeca?as se halla en el Proyecto de Inter¨¦s Regional puesto en marcha por la Junta de Extremadura en 2007, cuyo desarrollo ha pasado por varias fases hasta llegar al Constitucional. La autorizaci¨®n para construir el resort fue cuestionada desde el principio por organizaciones ecologistas, que denunciaron sus efectos contra la preservaci¨®n del medio ambiente por afectar a terrenos incluidos en la Red Natura 2000, compuesta por ¨¢reas de conservaci¨®n de la biodiversidad de la Uni¨®n Europea.

En julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) autoriz¨® que la demolici¨®n del complejo tuviera s¨®lo car¨¢cter parcial y no afectase, por tanto, a las instalaciones ya construidas y en funcionamiento. La resoluci¨®n dictada hac¨ªa hincapi¨¦ en el ¡°elevado perjuicio econ¨®mico¡± que supondr¨ªa para la zona y para la Junta extreme?a ¡ªpor las correspondientes indemnizaciones¡ª hacer tabla rasa del complejo. El resort actual cuenta con 185 villas, de las 565 inicialmente proyectadas, a las que hay que sumar un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf y diversas instalaciones deportivas.

Esta resoluci¨®n fue recurrida por Ecologistas en Acci¨®n y Adenex ante el Supremo, que en febrero ¨²ltimo anul¨® las excepciones que el Tribunal Superior extreme?o hab¨ªa acordado para preservar las instalaciones mencionadas. ¡°No se aprecia ¡ªafirmaba la Sala de lo Contencioso en la mencionada resoluci¨®n¡ª la concurrencia de causas que justifiquen la imposibilidad material de ejecuci¨®n de las sentencias en sus propios t¨¦rminos en cuanto a la demolici¨®n de lo construido y en funcionamiento¡±.

El Supremo se apartaba as¨ª del criterio expuesto por el Tribunal Superior de Extremadura, que hab¨ªa puesto el acento en el coste de los derribos para devolver la isla de Valdeca?as a su estado natural. La resoluci¨®n cifr¨® inicialmente dicho coste en 145 millones de euros, de los que 34 millones corresponder¨ªan a las demoliciones, mientras que deber¨ªan destinarse 111 millones a indemnizaciones a los perjudicados, entre los que habr¨ªa que contar a los propietarios de viviendas y a la empresa titular del hotel.

Frente al criterio del Tribunal Superior de Extremadura, que hab¨ªa hecho hincapi¨¦ en estas cifras, el Supremo desestim¨® el argumento de que el coste de las demoliciones iba a resultar desproporcionado en relaci¨®n con los beneficios de otro orden que supondr¨ªa para la preservaci¨®n del medio natural. La tesis del Supremo fue que la aprobaci¨®n por parte de la Junta de Extremadura del proyecto de Marina Isla de Valdeca?as fue ¡°contraria a derecho¡± desde el principio por motivos medioambientales, por situarse en un espacio de la Red Natura 2000, en un enclave de especial importancia para la protecci¨®n de las aves.

Los propietarios de las viviendas construidas, a su vez, explicaron que su decisi¨®n de recurrir ante el Constitucional se basaba entre otras razones en que se sent¨ªan ¡°plenamente respaldados¡± por ¡°el apoyo mayoritario¡± de la sociedad extreme?a. Se basan para ello en los resultados de una encuesta encargada por la propia Junta de Extremadura, seg¨²n la cual 8 de cada 10 extreme?os ¡°consideran injusta esta situaci¨®n y apoyan que recurramos a todas las instancias judiciales posibles¡±.

La encuesta contaba con mil entrevistas, y el 80% de los consultados respald¨® la idea de que la larga duraci¨®n del proceso judicial abierto ha provocado una situaci¨®n objetiva de injusticia en la medida que el complejo de Valdeca?as ya est¨¢ habitado y en pleno funcionamiento. Frente a ello, las organizaciones ecologistas subrayaron que ya en 2019 el tribunal de garant¨ªas declar¨® inconstitucional el art¨ªculo de la legislaci¨®n del suelo en que la Junta de Extremadura se apoy¨® para considerar plenamente legal la urbanizaci¨®n de la isla de Valdeca?as.

Ahora los propietarios de las viviendas construidas estiman que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, a lo que las mencionadas organizaciones ecologistas responden que cuando adquirieron sus casas sab¨ªan que el proyecto del resort de lujo estaba siendo cuestionado judicialmente desde 2007. En lo que coinciden ambas partes es en que la dilaci¨®n en las respuestas judiciales ha causado graves perjuicios para los implicados en el proceso.

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