El Constitucional acuerda suspender cautelarmente la demolici¨®n del ¡®resort¡¯ de lujo de Valdeca?as en C¨¢ceres
La medida cautelar adoptada responde a la petici¨®n de la Junta de Extremadura, los ayuntamientos afectados y los propietarios de los chalets
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
El Constitucional ha acordado en su pleno de este martes, por seis votos a cinco, paralizar el inicio de la demolici¨®n del complejo de lujo Isla Marina de Valdeca?as, en C¨¢ceres, tomando as¨ª la medida cautelar solicitada por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del resort. Dicha demolici¨®n fue ordenada por el Supremo tras considerar ilegal la urbanizaci¨®n. Agotada la v¨ªa judicial, las partes interesadas en el mantenimiento del resort plantearon un recurso de amparo ante el Constitucional, que lo admiti¨® a tr¨¢mite en noviembre. En esa impugnaci¨®n se solicitaba la suspensi¨®n del derribo de las construcciones realizadas mientras el tribunal no haya resuelto sobre el fondo del asunto.
La suspensi¨®n de las obras de demolici¨®n ha sido adoptada por el Constitucional como una medida consecuente con la de la admisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos presentados por las instancias mencionadas. Se trata, en suma, de evitar que se produzca un da?o irreparable a los intereses de los recurrentes, como podr¨ªa suceder si ahora se inician los derribos y m¨¢s tarde el propio tribunal considera que, como se alega en las impugnaciones, en el procedimiento judicial seguido sobre este asunto se produjo alguna vulneraci¨®n de derechos fundamentales. El ponente de esta solicitud de amparo es el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador, quien ha propuesto al tribunal la adopci¨®n de la medida cautelar.
Isla de Valdeca?as es un resort de lujo enclavado en los t¨¦rminos cacere?os de Berrocalejo y El Gordo. Se trata de una isla de poco menos de 135 hect¨¢reas situada en el embalse de Valdeca?as. El Supremo orden¨® la demolici¨®n de las construcciones del complejo ¡ªcompuesto por un hotel, chalets y un campo de golf¡ª porque se halla en un ¨¢rea calificada como Zona de Especial Protecci¨®n de las Aves (ZEPA). El acto recurrido es la decisi¨®n del Supremo de devolver la isla de Valdeca?as a su estado original, por estimar ilegal su urbanizaci¨®n. Esta resoluci¨®n de la Sala de lo Contencioso modific¨® a su vez otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que estim¨® improcedentes las demoliciones, que afectar¨ªan a 185 viviendas, adem¨¢s del establecimiento hotelero y el campo de golf, unas obras cuyo coste se calcul¨® en 144,9 millones de euros.
El magistrado encargado de este proceso, Enrique Arnaldo, ya defendi¨® en noviembre la admisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos despu¨¦s de un intenso debate en el seno del tribunal, que adopt¨® la propuesta del ponente tambi¨¦n por seis votos a cinco. En aquella primera deliberaci¨®n, el pasado 16 de noviembre, el ¨®rgano de garant¨ªas tuvo que optar entre admitir las impugnaciones para analizar en profundidad el caso o avalar la previa sentencia del Supremo, que orden¨® devolver la zona a su estado primitivo como espacio protegido por razones ecol¨®gicas. Ya entonces fuentes del Constitucional estimaban que el hecho de que se hubiera asumido la conveniencia de examinar la orden del Supremo supon¨ªa que probablemente no se llevar¨ªan a cabo las demoliciones hasta que no se llegara a un fallo definitivo, aunque entonces no se tom¨® medida cautelar alguna.
Contra la decisi¨®n de admitir a tr¨¢mite los recursos presentados formularon voto particular en noviembre pasado los magistrados Juan Antonio Xiol ¡ªcuyo mandato concluy¨® en enero pasado¡ª, Mar¨ªa Luisa Balaguer, Ram¨®n S¨¢ez e Inmaculada Montalb¨¢n, todos ellos del sector progresista, y el magistrado del bloque conservador Ricardo Enr¨ªquez. Tras el nuevo debate, esta vez sobre la medida cautelar de suspensi¨®n de los derribos, tambi¨¦n habr¨¢ varios votos discrepantes. Un sector del tribunal estima que es innecesario suspender las demoliciones, porque en todo caso no se van a iniciar en breve, dado que para comenzar los derribos el Supremo concedi¨® a la Junta de Extremadura un plazo amplio que a¨²n estar¨ªa lejos de expirar.
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