El Supremo rechaza el ¨²ltimo intento de Extremadura para evitar la demolici¨®n del complejo de lujo Isla de Valdeca?as

El Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a tr¨¢mite el recurso de casaci¨®n presentado por la Junta de Extremadura y las dos promotoras de la urbanizaci¨®n Marina Isla de Valdeca?as (C¨¢ceres) con el objetivo de impedir su demolici¨®n. Esta resoluci¨®n agota la v¨ªa judicial ordinaria, que iniciaron hace 15 a?os las organizaciones Ecologistas en Acci¨®n y Adenex contra la construcci¨®n de la urbanizaci¨®n de lujo en una zona protegida por la figura de Red Natura 2000 (¨¢reas de conservaci¨®n de la biodiversidad en la Uni¨®n Europea). Los jueces consideran que no es ¡°pertinente reabrir un debate¡±, que han cerrado otras sentencias anteriores en las que se indicaba ¡°expresamente¡± que no existe ninguna ¡°imposibilidad material¡± para su ejecuci¨®n ¨Dderribar lo construido y devolver el espacio a su estado original¨D, tampoco alegando intereses socioecon¨®micos o de otra ¨ªndole.

?ngel Garc¨ªa Calle, portavoz de Ecologistas en Acci¨®n, asegura que ¡°es un paso muy importante¡± hacia la restauraci¨®n de Valdeca?as. ¡°Ya no caben m¨¢s recursos ante el Supremo, y la Junta de Extremadura debe elaborar un informe con el proyecto de restauraci¨®n del entorno en ocho meses¡±, a?ade. El Gobierno extreme?o y los propietarios no se han rendido y presentaron dos recursos contra la orden de demolici¨®n del complejo ante el Tribunal Constitucional, que decidi¨® admitirlos a tr¨¢mite en noviembre de 2022 por un ajustado resultado de seis votos a cinco. El tribunal apreci¨® que las cuestiones planteadas ten¨ªan ¡°especial trascendencia constitucional¡± y que la cuesti¨®n iba m¨¢s all¨¢ de este supuesto concreto, porque establece una cuesti¨®n jur¨ªdica de repercusi¨®n social o econ¨®mica relevante y general. Garc¨ªa Calle indica que este proceso ¡°no deber¨ªa suspender el cumplimiento de la sentencia¡±. ¡°El paso l¨®gico¡±, a?ade Ecologistas en Acci¨®n en un comunicado, ser¨ªa acometer el derribo inmediato de la parte a medio construir ¨Dlos esqueletos de hormig¨®n de viviendas y de un hotel paralizados desde hace a?os¨D. La organizaci¨®n va a instar al Tribunal Superior de Extremadura a que inicie estos trabajos sin m¨¢s dilaci¨®n.

Entre los intentos para mantener el complejo tur¨ªstico, la Junta de Extremadura aprob¨® este marzo una ley en la que se declaran 55 Zonas de Especial Protecci¨®n de Aves (ZEPAS), entre las que sobresale Valdeca?as. De esta forma, se considera que esas ¨¢reas carec¨ªan de protecci¨®n hasta ahora, pese a que la Uni¨®n Europea las reconoci¨® ya en 2003 y 2004. Por lo tanto, la construcci¨®n del complejo de lujo ser¨ªa legal. La norma sali¨® adelante solo con los votos de los socialistas. Ecologistas en Acci¨®n ha respondido con una querella por prevaricaci¨®n contra los diputados que aprobaron la ley y van a presentar, adem¨¢s, un recurso de inconstitucionalidad. ¡°Promueven una ley que modifica la Red Natura 2000, que es de ¨¢mbito europeo, y que, a la vez, es una burla flagrante al poder judicial por parte del legislativo para evadir una sentencia¡±, plantea Garc¨ªa Calle.

El complejo, al que se conoci¨® en su ¨¦poca de esplendor como la Marbella extreme?a, se encuentra a dos kil¨®metros del municipio de El Gordo, en una isla de 135 hect¨¢reas rodeada por el pantano de Valdeca?as. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 180 villas ¡ª el 33% de las 565 previstas¡ª con 270 metros cuadrados de media en parcelas de 800 con impresionantes vistas al pantano, de color ocre y una construcci¨®n discreta integrada en el entorno; un hotel de cuatro estrellas; piscinas; playa artificial; 76 atraques y pistas polideportivas. Ecologistas en Acci¨®n y Adenex pidieron la paralizaci¨®n cautelar de las obras apenas iniciadas, en 2012, pero el Tribunal Superior de Extremadura les solicit¨® una fianza de 41 millones de euros, una cantidad completamente inasumible para estas organizaciones.

La cuant¨ªa de las obras a acometer para revertir la situaci¨®n es uno de los argumentos principales esgrimidos por el Gobierno auton¨®mico para respetar el complejo. En 2011, el tribunal extreme?o se?al¨® ¡°taxativamente¡± que el entorno ten¨ªa que ser restaurado y volver a su estado inicial. Pero en julio de 2020, en una de las tantas vueltas que ha dado el proceso, el auto de ejecuci¨®n de esa sentencia decidi¨® que no hab¨ªa que tirar lo que ya estaba construido. Los magistrados lo justificaban en el ¡°elevado perjuicio econ¨®mico¡±. La Junta de Extremadura tendr¨ªa que hacer frente ¡°al menos¡± a 145 millones de euros por los gastos de demolici¨®n y de indemnizaci¨®n a terceros de buena fe. Esta cifra es la suma del coste de demoler lo edificado (casi 34 millones) y del ¡°posible perjuicio econ¨®mico¡± que se causar¨ªa a los propietarios de las viviendas ¡°que podr¨ªa alcanzar los 111.000.000 euros¡±. M¨¢s tarde, en febrero de 2022, el Supremo decidi¨® que la demolici¨®n deb¨ªa ser completa, tambi¨¦n de lo edificado.

Los vecinos de El Gordo y Berrocalejo, los dos municipios en cuyos terrenos se encuentra la urbanizaci¨®n, rechazan su desaparici¨®n porque implicar¨ªa menos puestos de trabajo y un mayor despoblamiento de la zona. Ecologistas en Acci¨®n reclama ¡°de forma especial¡± que se atienda a los habitantes de los pueblos afectados con las medidas de conservaci¨®n que se consideren necesarias.

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