Las renovables y la regla de las tres ces: Comunicaci¨®n, cooperaci¨®n y compensaci¨®n

Nos enfrentamos a una crisis ecol¨®gica cuya magnitud a veces nos cuesta comprender y que parece acelerarse por momentos. Una crisis ecol¨®gica que nos va a obligar a repensar nuestra relaci¨®n con la naturaleza y a rehacer la manera en que comemos, trabajamos, producimos y consumimos. Abandonar la producci¨®n de electricidad con combustibles f¨®siles para hacerlo con energ¨ªas renovables es un primer paso imprescindible para descarbonizar el sistema energ¨¦tico. Sin embargo, el despliegue de las instalaciones e¨®licas y fotovoltaicas necesarias para lograr la electrificaci¨®n y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado diferentes tipos de conflictos en muchas regiones de nuestro pa¨ªs agrupados bajo el lema ¡°renovables s¨ª, pero no as¨ª¡±.

En estos conflictos podemos encontrar mejores y peores razones. Se alimentan de un afecto de abandono com¨²n a la llamada Espa?a vaciada, pueden tener componentes de ¡°renovables s¨ª, pero no aqu¨ª¡±, cr¨ªticas al oligopolio el¨¦ctrico y a las malas pr¨¢cticas de algunas grandes y no tan grandes empresas, preocupaciones por impactos paisaj¨ªsticos, por la afecci¨®n a determinados ecosistemas, pueden existir problemas de distribuci¨®n de las rentas generadas por las instalaciones, resistencias a la p¨¦rdida de modos de vida tradicionales, temores por la competencia con la agricultura y ganader¨ªa... Hay que entender que cada proyecto renovable es diferente y que no es sencillo generalizar. La queja sobre la afecci¨®n a la biodiversidad o el paisaje puede estar justificada en un proyecto pero no en otro situado apenas unos kil¨®metros m¨¢s all¨¢.

Sea como sea, con mejores o peores razones, peor o mejor informados, la tarea urgente del ecologismo pol¨ªtico es escuchar, dialogar y plantear soluciones justas y consensuadas que se hagan cargo de algunas reivindicaciones justas que se expresan en dichos conflictos. Una transici¨®n r¨¢pida ser¨¢ necesariamente una transici¨®n justa social y territorialmente, que busca puntos de encuentro razonables con las partes razonables de las resistencias al despliegue de las instalaciones e¨®licas y fotovoltaicas.

En un esfuerzo por abordar esta cuesti¨®n, en los ¨²ltimos meses han surgido tambi¨¦n diferentes cat¨¢logos de buenas pr¨¢cticas que recogen ejemplos concretos en los que el despliegue renovable se ha producido no s¨®lo sin conflictos sino con la participaci¨®n y el acuerdo de la poblaci¨®n local afectada. A pesar de la indudable utilidad de estos trabajos, hemos de ir m¨¢s all¨¢ del marco de ¡°las buenas pr¨¢cticas¡±. El despliegue renovable no puede depender ¨²nicamente de la voluntariedad o buena disposici¨®n de los actores implicados (empresas, municipios, sociedad civil, etc).

Bas¨¢ndonos en estas experiencias positivas, lo que necesitamos es desarrollar junto a comunidades aut¨®nomas y entidades locales un marco normativo e institucional com¨²n que facilite un despliegue justo y por tanto r¨¢pido de las renovables. M¨¢s que entrar en propuestas concretas, que las hay y muchas, mi intenci¨®n en este art¨ªculo es plantear cu¨¢l deber¨ªa ser el esp¨ªritu de este marco institucional. Siguiendo el ejemplo de la conocida ¡°regla de las tres erres¡± de los residuos (reducir, reutilizar, reciclar), este esp¨ªritu puede resumirse en ¡°la regla de las tres ces¡±: comunicaci¨®n, cooperaci¨®n y compensaci¨®n.

El primer paso para una buena acogida de un proyecto renovable es garantizar una comunicaci¨®n adecuada que evite que se haga de espaldas a las personas que habitan el territorio afectado. Los municipios en los que se va a implantar una instalaci¨®n renovable no pueden enterarse, como a veces ocurre, por el bolet¨ªn oficial de turno, ni pueden vivir en un limbo esperando que se resuelvan plazos generalmente demasiado largos para todos. Hay que establecer una serie de obligaciones para que los promotores est¨¦n obligados a informar como m¨ªnimo al Ayuntamiento y, preferiblemente, a los ciudadanos y la sociedad civil interesada. Esa informaci¨®n no debe limitarse a enviar un pliego t¨¦cnico incomprensible para cualquiera de nosotros sino que debe ser una comunicaci¨®n clara del proceso que se inicia y de sus fases, de qu¨¦ va a pasar y cu¨¢ndo.

Cooperaci¨®n efectiva

En segundo lugar, hay que establecer los medios que garanticen una cooperaci¨®n efectiva entre promotores, ayuntamientos y ciudadan¨ªa que evite la sensaci¨®n de falta de control de estos ¨²ltimos. No se trata s¨®lo de que los ciudadanos est¨¦n informados en todo momento de lo que va a pasar, sino de que tengan la posibilidad de participar en el dise?o del proyecto de una forma mucho m¨¢s activa y sencilla que la oscura y burocr¨¢tica presentaci¨®n de alegaciones. Muchos casos de buenas pr¨¢cticas lo son porque el promotor modific¨® el proyecto escuchando alguna reivindicaci¨®n del municipio, que puede ser tanto evitar una zona de valor cultural para los vecinos como incluso ampliar o mover el proyecto para que se beneficie m¨¢s gente del pueblo, incluso de otras localidades adyacentes. Este proceso de di¨¢logo debe dar lugar a reflexiones situadas que ayuden a hacerse cargo de las dependencias energ¨¦ticas local (el 80% de nuestro consumo energ¨¦tico final es aun f¨®sil y no el¨¦ctrico), de la gravedad de la situaci¨®n clim¨¢tica y la importancia de las renovables para enfrentarla. Cuando eres consciente de que un aerogenerador es una palanca para salvar el mundo, su figura sobre la monta?a se ve de otra forma.

Finalmente, los territorios y municipios deben tener una compensaci¨®n razonable a cambio de acoger las renovables para evitar que se imponga una l¨®gica extractivista. A diferencia de otras instalaciones energ¨¦ticas o industriales, las renovables apenas generan empleo en las zonas donde se localizan aunque s¨ª dejan dinero en las arcas municipales (seg¨²n Pedro Fresco, de Aevesen, una instalaci¨®n fotovoltaica deja en impuestos unos 75.000 euros por MW durante la obra y unos 8.000 euros al a?o despu¨¦s. En el caso de la e¨®lica es mayor). Quiz¨¢s sea necesario modificar dichos tributos o simplemente mejorar la comunicaci¨®n para que se perciban los ingresos que suponen para la zona. Quiz¨¢s haya que generar instrumentos nuevos que garanticen inversiones productivas y sociales en dichos territorios. Sea como sea, adem¨¢s de ser convenientemente informados y poder participar en el desarrollo del proyecto, los vecinos y vecinas de dichos territorios deben obtener un beneficio econ¨®mico o material directo, siendo conscientes de que se debe a las renovables.

Un marco institucional inspirado en estas tres ideas no tendr¨¢ como objetivo acabar con todos los conflictos y las oposiciones a las renovables sino separar las mejores de las peores razones, haci¨¦ndose cargo de las primeras para poder enfrentar las segundas mediante pedagog¨ªa, di¨¢logo y b¨²squeda de compromisos. El despliegue renovable es la primera de las transformaciones necesarias para garantizar que nuestra sociedad se mantiene dentro de los l¨ªmites del planeta pero no ser¨¢ la ¨²nica. Por eso, este marco institucional debe mirar m¨¢s all¨¢ de las renovables, para garantizar que los pr¨®ximos despliegues que nos traer¨¢ la transici¨®n ecol¨®gica, la agricultura sostenible, la miner¨ªa o la industrializaci¨®n verde, se hacen tambi¨¦n de forma justa y, por tanto, r¨¢pida. Nos va la vida en ello.

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