Los ecologistas denuncian que la reforma de la Ley del Suelo dificultar¨¢ recurrir abusos urban¨ªsticos como El Algarrobico

Los ecologistas denuncian que la reforma de la ley del suelo que est¨¢ en tramitaci¨®n recorta la acci¨®n p¨²blica para recurrir los planes urban¨ªsticos y limita los supuestos en la que la justicia pueda declarar nulo de pleno derecho un planeamiento. Para estas entidades, eso significa que ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil oponerse a abusos ambientales como El Algarrobico o ...

Los ecologistas denuncian que la reforma de la ley del suelo que est¨¢ en tramitaci¨®n recorta la acci¨®n p¨²blica para recurrir los planes urban¨ªsticos y limita los supuestos en la que la justicia pueda declarar nulo de pleno derecho un planeamiento. Para estas entidades, eso significa que ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil oponerse a abusos ambientales como El Algarrobico o Isla de Valdeca?as. ¡°Si el urbanismo ya es una selva, nos lo van a poner todav¨ªa m¨¢s dif¨ªcil para recurrir las tropel¨ªas¡±, critica Mar¨ªa ?ngeles Nieto, de Ecologistas en Acci¨®n. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana responde que la norma, solicitada por comunidades y ayuntamientos de todo signo pol¨ªtico, busca ¡°dar estabilidad [jur¨ªdica] a unos instrumentos de planeamiento que hoy no la tienen¡±.

De hecho, el sector inmobiliario reclama desde hace a?os un marco normativo que brinde ¡°mayor seguridad jur¨ªdica¡± y evite que se anulen planes urban¨ªsticos por lo que consideran ¡°deficiencias de car¨¢cter meramente formal¡±, como podr¨ªa ser la falta de un informe. La Asociaci¨®n de Promotores y Constructores de Espa?a (APCE) calcula que hay alrededor de 100 municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad total de sus planeamientos. La norma no tiene garantizada su aprobaci¨®n: Podemos ha criticado que favorece ¡°pelotazos urban¨ªsticos¡±, mientras Sumar ha presentado una observaci¨®n formal sobre su contenido.

¡°La acci¨®n p¨²blica que ejercemos ha contribuido a proteger el medio ambiente y siempre se ejerce con buena fe. No entendemos que haya que limitarla¡±, se?ala In¨¦s D¨ªaz, responsable del ¨¢rea jur¨ªdica de Greenpeace. ¡°Si se aprueba la reforma as¨ª, supondr¨¢ que no podremos recurrir si no somos parte en un procedimiento. Ahora mismo s¨ª que podemos hacerlo, aunque no estemos personados en la aprobaci¨®n del plan. Esto nos ha permitido personarnos en El Algarrobico, declarado ilegal por la justicia. Pero si no tenemos esa posibilidad, no podremos recurrir planes aunque sean ilegales o con graves irregularidades¡±, a?ade.

Lo confirma Jos¨¦ Ignacio Domingo, el abogado que ha llevado los recursos frente a este hotel ilegal: ¡°Las grandes constructoras presionan desde hace muchos a?os y ahora les han hecho caso. Han actuado con impunidad absoluta muchas veces y con esta ley se pretende que sigan actuando as¨ª y que sea m¨¢s dif¨ªcil anular estos planeamientos. Con esta reforma habr¨ªa sido m¨¢s dif¨ªcil recurrir por El Algarrobico. Una cosa es la seguridad jur¨ªdica y otra preservar el derecho a la defensa del medio ambiente y de la legalidad urban¨ªstica¡±.

Nieto, de Ecologistas, apunta: ¡°Los planes generales se tramitan durante a?os, requieren informes jur¨ªdicos y de todo tipo, por lo que si apruebas un plan salt¨¢ndote todos esos procesos, y te lo dicen en las alegaciones, no es un error formal, sino un error grave¡±. Y a?ade: ¡°Se nos quiere quitar la posibilidad de recurrir si no estamos presentes desde el inicio, pero para nosotros es dif¨ªcil estar en la tramitaci¨®n de planes de m¨¢s de 8.000 municipios, as¨ª como comunidades aut¨®nomas y diputaciones¡±.

Coincide Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urban¨ªstica, una entidad que ha logrado 40 condenas por corrupci¨®n urban¨ªstica en Lanzarote: ¡°El recorte de la acci¨®n p¨²blica va en contra de todos los convenios que ha firmado Espa?a en participaci¨®n ciudadana y transparencia. Es un burdo intento de limitar la participaci¨®n ciudadana en el sector. No tiene sentido que la proponga un Gobierno de izquierdas.

Una portavoz del Ministerio de Vivienda responde que ¡°el objeto de la ley ha sido manifestado como una prioridad y solicitado de manera reiterada por las comunidades aut¨®nomas y por los ayuntamientos, con independencia de su color pol¨ªtico, como la ¨²nica oportunidad para dar estabilidad a unos instrumentos de planeamiento que hoy no la tienen, por el simple hecho de que se les atribuye una naturaleza reglamentaria que implica su nulidad absoluta por un simple defecto formal y sin entrar en el contenido¡±.

En cuanto al recorte de los recursos, el departamento de Isabel Rodr¨ªguez apunta que ¡°la acci¨®n p¨²blica es menos restrictiva que la que regula la acci¨®n popular en materia medioambiental, lo cual no es coherente¡±. Por eso, ¡°con esta regulaci¨®n se protegen los derechos afectados de manera proporcional y equilibrada: por una parte, permitiendo el ejercicio de la acci¨®n en los casos en los que est¨¦ fundamentada y, por otro, garantizando todo lo posible la estabilidad y seguridad de los instrumentos de planeamiento que resultan fundamentales para garantizar derechos tan b¨¢sicos como el de la vivienda accesible, la calidad del espacio p¨²blico, la movilidad sostenible o el ejercicio de las actividades econ¨®micas que redundan en el desarrollo del pa¨ªs¡±.

Debate jur¨ªdico

Varios juristas consultados consideran que el sector necesita seguridad jur¨ªdica, aunque algunos tambi¨¦n critican el recorte de la acci¨®n popular. ¡°La propuesta tiene todo el sentido, aunque tambi¨¦n algunos puntos pol¨¦micos. Ahora ocurre que tardas a?os en aprobar un plan general y luego te lo anulan porque te falta un papel, y entonces se vuelve al plan de los a?os 80, que seguramente es peor. El objetivo de la ley es intentar que cada vez que haya un defecto en un plan no signifique carg¨¢rselo todo¡±, apunta Carles Pareja, abogado experto en derecho urban¨ªstico.

El letrado se?ala que ¡°se restringe la acci¨®n p¨²blica, porque hasta ahora cualquier ciudadano puede defender la legalidad urban¨ªstica sin acreditar inter¨¦s directo, pero es algo que no existe en materia ambiental, solo en urbanismo¡±. Y a?ade: ¡°Hay otra restricci¨®n, la posibilidad de interponer recursos indirectos contra los planes se limita a cuatro a?os, y despu¨¦s ya no se podr¨¢n impugnar. Esto es as¨ª porque antes se pod¨ªan recurrir los planes a los 15 o 20 a?os, y eso creaba inseguridad jur¨ªdica¡±.

Ignacio Pem¨¢n, miembro del Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU), explica: ¡°La ley intenta solucionar dos graves problemas urban¨ªsticos. Por un lado, que el largo proceso de elaboraci¨®n de un plan general ¡ªde hasta 10 a?os¡ª se pueda anular por un mero informe, algo fundamental para la seguridad jur¨ªdica. Y, por otro, que quien recurra por acci¨®n p¨²blica deba acreditar la importancia de ese recurso, porque no es lo mismo que falte la evaluaci¨®n de impacto ambiental o el informe h¨ªdrico, algo necesario, a que sea el informe de impacto de g¨¦nero, que es subsanable¡±.

¡°Creo que el prop¨®sito de la reforma es positivo: se estaban produciendo nulidades de planes urban¨ªsticos por problemas de ¨ªndole formal, por la omisi¨®n de alg¨²n informe, y la nulidad tal y como la concibe el Supremo es radical, exige tramitar de nuevo todo el instrumento de planeamiento, lo que puede suponer un n¨²mero considerable de a?os de retraso¡±, explica por su parte un magistrado experto en derecho urban¨ªstico. ¡°En cambio, en el derecho urban¨ªstico espa?ol la figura de la acci¨®n p¨²blica es esencial y estructural, y no creo que limitarla vaya a dar lugar a un mejor urbanismo¡±, a?ade.

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