Los jueces ordenan al Gobierno extreme?o la demolici¨®n del hotel y las viviendas inacabadas de la urbanizaci¨®n de lujo Isla de Valdeca?as

El Constitucional paraliz¨® en junio, de forma cautelar, el inicio de la demolici¨®n de todo el complejo de lujo Isla Marina de Valdeca?as, en C¨¢ceres, ordenada por el Tribunal Supremo en junio. En otra vuelta de tuerca de este caso que se alarga desde hace a?os, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que acuerda que se demuela ¡°todo lo que se encuentra en estructura o no est¨¢ terminado y en funcionamiento¡±. Seg¨²n este tribunal, aqu¨ª no se incluyen ni las infraestructuras ni las viviendas a las que se refiere la suspensi¨®n del Constitucional. El derribo afecta ¨²nicamente, por tanto, al segundo hotel planificado y al resto de chal¨¦s, de las que solo existen unos esqueletos de hormig¨®n, as¨ª como a las terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto. Adem¨¢s, se debe proceder a la ¡°restauraci¨®n y revegetaci¨®n de la zona¡±. La ejecuci¨®n del derribo compete a la Junta de Extremadura, que debe aprobar un plan de trabajo. Contra el auto cabe recurso de reposici¨®n.

La demolici¨®n debe realizarse de ¡°manera ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente¡±, indica el auto. Los trabajos deben permitir la reposici¨®n del terreno a un proceso de regeneraci¨®n al bosque mediterr¨¢neo y suponga un beneficio para la fauna y flora del entorno.

El resort est¨¢ situado en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de poco menos de 135 hect¨¢reas, y cuenta con un hotel y un campo de golf de 18 hoyos, ambos actualmente en funcionamiento. Tambi¨¦n forman parte del complejo 185 chal¨¦s construidos, que se utilizan sobre todo como segunda vivienda. Ecologistas en Acci¨®n y Adenex, dos organizaciones ecologistas, denunciaron hace casi 20 a?os los planes urban¨ªsticos debido a que las instalaciones se ubican en un ¨¢rea declarada Zona de Especial Protecci¨®n de Aves y forma parte de la Red Natura (¨¢reas de conservaci¨®n de la biodiversidad en la Uni¨®n Europea).

Durante el largo proceso judicial, en el que se ha determinado que el complejo es ilegal, tanto la Junta de Extremadura ¨Dque dio todos los permisos para que se construyera¨D como los propietarios han intentado parar la demolici¨®n. El proceso ha dado m¨²ltiples vueltas con sentencias que salvaban las instalaciones y recursos por todas las partes implicadas.

En el camino, el Tribunal Supremo dej¨® claro en una sentencia de febrero de 2022 que el medio ambiente prevalec¨ªa sobre el coste socioecon¨®mico que pueda provocar la desaparici¨®n de la urbanizaci¨®n, que costar¨ªa 145 millones de euros. El Supremo record¨® que cuando la Junta de Extremadura aprob¨® el Plan de Inter¨¦s Regional Marina Isla de Valdeca?as, que permiti¨® la edificaci¨®n de las instalaciones y viviendas, ¡°actu¨® como si la protecci¨®n del terreno no existiera y decidi¨® transformar urban¨ªsticamente el suelo como si de suelo sin protecci¨®n alguna se tratara¡±. Fue una actuaci¨®n contraria a derecho ¡°al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urban¨ªstico¡±.

La suspensi¨®n de las obras de demolici¨®n por el Constitucional como medida cautelar fue consecuencia de la admisi¨®n a tr¨¢mite de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del resort. Se trata de evitar que se produzca un da?o irreparable a los intereses de los recurrentes, como podr¨ªa suceder si ahora se inician los derribos y m¨¢s tarde el propio tribunal considera que, como se alega en las impugnaciones, en el procedimiento judicial seguido en este proceso se hubiera producido alguna vulneraci¨®n de derechos fundamentales.

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