Certezas, dudas e intereses sobre la energ¨ªa nuclear
Para que el debate social y pol¨ªtico sobre la nuclear salga del actual manique¨ªsmo in¨²til ser¨ªa deseable que las empresas concretaran con cifras y plazos sus condiciones
Entre los agentes del sector el¨¦ctrico existe una amplia coincidencia en la aspiraci¨®n gen¨¦rica a maximizar la seguridad en el suministro, la competitividad, la sostenibilidad y la autosuficiencia. Pero el an¨¢lisis concreto del mix de generaci¨®n el¨¦ctrica solo tiene sentido aplicando las coordenadas espacio-tiempo para determinar las necesidades caso por caso.
?Necesitar¨¢ Polonia seguir quemando carb¨®n dentro de cinco a?os? S¨ª. ?Y Espa?a? No. ?Y Polonia dentro de 15 a?os? Probablemente, no. ?Necesitar¨¢ Polonia centrales nucleares dentro de 15 a?os? Probablemente, s¨ª; ?Y Espa?a? No; ?Necesitar¨¢ Espa?a centrales nucleares dentro de cinco a?os? S¨ª. Las necesidades de cada pa¨ªs en cada momento son diferentes. Por este motivo, no tienen fundamento la mayor¨ªa de las comparaciones internacionales, hechas sin rigor. A diferentes situaciones, diferentes necesidades.
En muchos pa¨ªses, incluida Espa?a, la energ¨ªa nuclear ha contribuido, y sigue contribuyendo hoy, a la maximizaci¨®n antes mencionada. Es por tanto una tecnolog¨ªa necesaria en la transici¨®n ordenada entre dos modelos energ¨¦ticos muy diferentes.
Las centrales nucleares aportan energ¨ªa base y sin emisiones. Pero tienen m¨¢s riesgos que el resto de las tecnolog¨ªas, durante la operaci¨®n de las centrales y despu¨¦s de su actividad, por los residuos radiactivos que generan. En Espa?a, con excelentes profesionales y un regulador independiente y maduro, estos riesgos est¨¢n correctamente supervisados y controlados, excepto ante cat¨¢strofes excepcionales.
En todo caso, la gesti¨®n de los residuos radiactivos es una hipoteca a miles de a?os, que t¨¦cnicamente est¨¢ solucionada. Pero no podemos obviar las importantes dificultades que esta gesti¨®n conlleva, de tipo social, pol¨ªtico y territorial, en todos los pa¨ªses. Y desde el punto de vista econ¨®mico, es una hipoteca de alt¨ªsimo riesgo, por la gran incertidumbre sobre los costes futuros a largo plazo, y porque las centrales dejar¨¢n de pagar la ¡°cuota hipotecaria¡±, la llamada tasa Enresa, al cesar su actividad. Como consecuencia, cualquier incremento de los costes reales, que hoy no sea posible prever y que se produzca, por ejemplo, dentro de 15 a?os, no ser¨¢ financiado por quienes lo han provocado, sino, injustamente, por los consumidores o los contribuyentes del futuro. Pues hay que recordar que la tasa Enresa es un coste operativo m¨¢s, intr¨ªnseco al negocio nuclear. No es una carga fiscal.
Repasando la historia reciente de la energ¨ªa nuclear en Espa?a se puede concluir que es un asunto sobre el que los ministros del ramo han tenido aversi¨®n a decidir. Con la excepci¨®n de Teresa Ribera, que dio instrucciones a Enresa para elaborar el borrador del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en 2023.
A las pruebas me remito. Entre 2012 y 2018, el ministerio competente en energ¨ªa ni tan siquiera inici¨® la tramitaci¨®n del nuevo PGRR, a pesar de que era absolutamente necesario aprobarlo y de que Espa?a estaba amenazada de sanci¨®n por la Comisi¨®n Europea. M¨¢s pruebas: unos meses antes de que en diciembre de 2018 finalizara el plazo para que los estados miembros enviaran a Bruselas el borrador de Plan Nacional Integrado de Energ¨ªa y Clima 2021-2030 (PNIEC), en Espa?a no conoc¨ªamos las previsiones del Gobierno de entonces sobre el futuro mix en general ni sobre la energ¨ªa nuclear en particular. Y eso que el sexto PGRR de 2006, vigente en ese momento, preve¨ªa el cierre de todas las centrales nucleares al ir cumpliendo los 40 a?os de vida, entre 2021 y 2028. Y otra prueba m¨¢s: el mismo Gobierno que asegur¨® que no se cerrar¨ªa la central nuclear de Garo?a, y pospuso la decisi¨®n varios a?os, orden¨® su cierre definitivo en 2017.
Tradicionalmente, el PSOE incluy¨® en sus programas electorales el objetivo del cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir 40 a?os de funcionamiento, pero el PNIEC 2021-2030 aprobado por el Gobierno socialista en 2021 prescindi¨® de este planteamiento y recogi¨® alargar la vida de las centrales, en funci¨®n de las necesidades espec¨ªficas de Espa?a para el periodo considerado. Y lo hizo en total acuerdo sobre los plazos con los propietarios, aportando certeza y previsibilidad.
Metas ambiciosas
Por otra parte, la Uni¨®n Europea se ha fijado unas metas ambiciosas de energ¨ªas renovables en el mix el¨¦ctrico para 2030. En este punto, en Espa?a, coinciden los objetivos de las principales empresas energ¨¦ticas y del Gobierno: despliegue masivo de renovables y de almacenamiento.
Porque son las empresas quienes toman las decisiones de inversi¨®n y desinversi¨®n. El PNIEC es la herramienta de orientaci¨®n estrat¨¦gica, pero son las empresas quienes, por ejemplo, decidieron parar Garo?a, decidieron cerrar las centrales de carb¨®n antes de lo planificado, y decidieron solicitar la renovaci¨®n de las autorizaciones de explotaci¨®n de Almaraz, Asc¨® I y Cofrentes por unos plazos inferiores al habitual de diez a?os. Son las empresas quienes pueden manifestar con claridad si est¨¢n interesadas en solicitar una nueva renovaci¨®n de unos activos nucleares que en el mercado libre van a dejar de ser rentables en pocos a?os, seg¨²n las expectativas de precios futuros, y que adem¨¢s tienen la hipoteca de los residuos radiactivos.
En este contexto, las empresas se pronuncian a favor de la continuidad de las centrales, al tiempo que lanzan mensajes ambiguos, del tipo de ¡°si se necesita la energ¨ªa nuclear estamos dispuestos a estudiar su continuidad, si se dan las condiciones econ¨®micas adecuadas¡±. Con independencia de lo que cada cual opine, se echa de menos la claridad con la que Iberdrola, propietario mayoritario de Almaraz, expresaba su posici¨®n en 2018: solicitar la renovaci¨®n por cuatro a?os, cerrar definitivamente en 2024 y fijar objetivos de renovables m¨¢s ambiciosos.
Observando lo que est¨¢n proponiendo algunas empresas con centrales nucleares en otros pa¨ªses europeos, se podr¨ªa pensar que esas condiciones adecuadas son que se les asegure a largo plazo un precio m¨ªnimo o una rentabilidad, que se les libere del riesgo de la hipoteca de los residuos, que se les rebajen los impuestos y que el Estado les garantice todo lo anterior.
La rebaja fiscal es la condici¨®n claramente expresada en Espa?a por las empresas, pero existen impuestos estatales, auton¨®micos y municipales. Parecer¨ªa que a las administraciones que reclaman beligerantemente una ampliaci¨®n del plazo de funcionamiento de las centrales les corresponder¨ªa mover ficha minorando sus tributos, pero el hecho es que ninguna de estas administraciones est¨¢ dispuesta a renunciar a un solo euro de recaudaci¨®n.
En cualquier caso, para que el debate social y pol¨ªtico sobre la energ¨ªa nuclear salga del actual manique¨ªsmo in¨²til y frustrante, ser¨ªa deseable que quien pone condiciones, las empresas, las concretara, con cifras y plazos. As¨ª se podr¨ªa desarrollar un debate serio, riguroso y sereno. As¨ª podr¨ªamos responder a las preguntas clave, a mi juicio: ?Es compatible en Espa?a el despliegue real de las renovables y el inminente mercado de capacidad, que acelerar¨¢ el desarrollo del almacenamiento, con el mantenimiento de los siete gigavatios nucleares funcionando 8.000 horas al a?o? ?Les interesar¨¢ a los consumidores dentro de muy pocos a?os pagar toda esa energ¨ªa nuclear a un precio por encima de mercado y que adem¨¢s obligar¨ªa a vertidos masivos de energ¨ªa renovable? ?Es esa la soluci¨®n ¨®ptima para cubrir los huecos horarios que dejan las energ¨ªas renovables? Y, fundamental, ?est¨¢n dispuestas las empresas a asumir los riesgos econ¨®micos de la gesti¨®n de sus residuos radiactivos, tras el cierre de las centrales?
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