"No se cerrar¨¢ ninguna 'web"

Altas temperaturas, ambiente seco y viento huracanado: Internet en Espa?a vive en las ¨²ltimas horas un clima ideal para la propagaci¨®n, del mundo virtual al real y hasta la primera l¨ªnea del rifirrafe pol¨ªtico, del incendio declarado por la llamada ley antidescargas (la parte del anteproyecto de Ley de Econom¨ªa Sostenible, LES, consagrada a la lucha contra la pirater¨ªa en la Red).

Mientras el PP trataba de convertir la rebeli¨®n de algunos influyentes internautas en el "p¨¢salo" que mine al Gobierno de Zapatero, el presidente comparec¨ªa por la tarde para intentar enfriar las cosas. "Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web", dijo el jefe del Ejecutivo, abriendo as¨ª la puerta a una posible revisi¨®n de las medidas anunciadas contra las webs que faciliten descargas no autorizadas.

Las declaraciones llegaron poco despu¨¦s de que la Cadena SER informara de tensiones entre el PSOE y el Gobierno por la equ¨ªvoca redacci¨®n del anteproyecto. El texto delega en un ¨®rgano administrativo (la llamada Comisi¨®n de Propiedad Intelectual) la potestad de bloquear sin autorizaci¨®n judicial p¨¢ginas web que vulneren los derechos de autor. Tambi¨¦n la Ministra de Econom¨ªa, Elena Salgado -mu?idora de la LES-, asegur¨® en TVE que "la orden judicial es necesaria cuando se cierra el acceso a Internet, pero no cuando se suspende". Ya por la tarde, el ministro de Justicia, Francisco Caama?o, reiter¨® que el cierre de p¨¢ginas web ser¨¢ controlado por los jueces, incrementando as¨ª el nivel de contradicci¨®n que presidi¨® la jornada. Buena parte del ruido medi¨¢tico causado por esta norma proviene precisamente, de la confusi¨®n entre "suspensi¨®n" y "cierre". Para el PP esa "suspensi¨®n" equivale "al secuestro gubernativo" de un medio de comunicaci¨®n.

El anteproyecto modifica la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n, de 2002. En esta ¨²ltima se hablaba de que los "¨®rganos competentes" (en la LES ser¨ªa esa Comisi¨®n de Propiedad Intelectual) podr¨¢n adoptar "las medidas necesarias para que se interrumpa" el servicio que ofrecen las webs que violen la legalidad.

Entre tanto, el frente abierto en el ciberespacio sigui¨® ayer sumando adeptos y, tras el impacto del Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet, se anuncian para esta tarde a las ocho concentraciones en Madrid y una decena de capitales de provincia.

La reuni¨®n de urgencia celebrada ayer entre la ministra de Cultura, ?ngeles Gonz¨¢lez-Sinde, y el grupo de internautas, la mayor¨ªa de los cuales han suscrito el citado manifiesto, hizo expl¨ªcito el desencuentro entre sectores mayoritarios de la Red y el Ejecutivo, algo que no ha sentado bien en las filas socialistas.

Frente a la ministra, y contando todo lo que pasaba en la reuni¨®n a trav¨¦s de sus cuentas de mensajer¨ªa p¨²blica Twitter, los convocados exigieron la modificaci¨®n del anteproyecto. El Gobierno, ya en esa reuni¨®n, record¨® que al borrador le aguardan todav¨ªa las matizaciones que acarree el tr¨¢mite parlamentario y el reglamento de desarrollo.

"Se est¨¢ produciendo una revoluci¨®n contra el Gobierno y esa revoluci¨®n hay que escucharla como si estuviera sucediendo en la calle". Con estas palabras se sub¨ªa a la ola de protestas, pasado el mediod¨ªa, el vicesecretario general de Comunicaci¨®n del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons.

Para el PP este borrador supone "restaurar la censura". Gonz¨¢lez Pons ha reclamado que, dado que el anteproyecto equivale a su juicio a una restricci¨®n de derechos fundamentales, esas modificaciones legales "deben realizarse mediante una Ley Org¨¢nica".

Seg¨²n el dirigente del PP, la soluci¨®n es m¨¢s tecnol¨®gica que legislativa: "tiene que ver m¨¢s con desarrollos tecnol¨®gicos capaces de acostumbrarnos al pago en Internet que con medidas restrictivas".

Sin embargo, el mes pasado el Grupo Popular en el Parlamento Europeo -incluidos los diputados espa?oles- vot¨® a favor de una normativa que posibilita la restricci¨®n de acceso a Internet sin necesidad de autorizaci¨®n judicial. "Que se apruebe eso no significa que en Espa?a se pueda excluir la autorizaci¨®n judicial, porque est¨¢ en la Constituci¨®n", declar¨® anoche a EL PA?S Gonz¨¢lez Pons en conversaci¨®n telef¨®nica.

El PP, bajo un Gobierno de Aznar, tambi¨¦n apoy¨® en 2002 la llamada Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n, que abre la posibilidad a que un ¨®rgano administrativo bloquee webs. "S¨ª, pero lo que hay ah¨ª son temas de delincuencia muy graves, no equiparables a la violaci¨®n de la propiedad intelectual", afirm¨® Gonz¨¢lez Pons.

El Partido Popular ha convocado a varios internautas y expertos en nuevas tecnolog¨ªas para el mi¨¦rcoles que viene con el fin de buscar nuevas aportaciones sobre la cuesti¨®n.