El Gobierno lleva la gesti¨®n de los derechos de autor al libre mercado

La gesti¨®n del derecho de autor en Espa?a es calificada a menudo de oligopolio. Por lo menos, de facto. Porque ocho entidades copan pr¨¢cticamente todo el mercado. Y, entre ellas, la SGAE destaca y domina por socios, poder y recaudaci¨®n. Ninguna de las ocho tiene ¨¢nimo de lucro, y todas han de estar creadas y dirigidas por los propios artistas, como prev¨¦ la ley. Pero el escenario est¨¢ destinado a cambiar, en parte, por la reforma que el Gobierno ultima estos d¨ªas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifique la Ley de Propiedad Intelectual con dos claves: por un lado, aumentar el control sobre las tradicionales entidades de gesti¨®n; por otro, forzar el sector a dar un paso hacia la libre competencia, en l¨ªnea con los deseos de la Uni¨®n Europea.

El Real Decreto, que tendr¨¢ que pasar por el Congreso, otorga m¨¢s poder a las asambleas de los socios de las entidades frente a sus directivos y, sobre todo, les impone un ¨®rgano de control interno, seg¨²n fuentes conocedoras de la negociaci¨®n. Para las entidades que recauden m¨¢s de 100 millones ¡ªes decir, la SGAE¡ª, el comit¨¦ habr¨¢ de incluir varios miembros externos. Para las otras, los componentes ser¨¢n todos internos, pero no podr¨¢n ocupar cargos directivos en la entidad. El ministerio de Cultura supervisar¨¢ a los controladores, harto de tantos a?os de esc¨¢ndalos en la SGAE.

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A la vez, el texto establece otra pauta fundamental. Los autores espa?oles podr¨¢n encargar la gesti¨®n de algunos de sus derechos a compa?¨ªas privadas, con ¨¢nimo de lucro y sin la obligaci¨®n de tener creadores en sus equipos directivos, as¨ª como a entidades de gesti¨®n extranjeras. La reforma imagina un escenario donde un artista tenga ante s¨ª varias ofertas para escoger. Incluso podr¨¢ distribuir distintos derechos entre varios operadores. Y tendr¨¢ m¨¢s facilidades para abandonar a una entidad o revocarle, total o parcialmente, su autorizaci¨®n: la reforma quiere que el plazo nunca supere los seis meses.?

En parte todo ello ya ocurr¨ªa, pero en dosis reducidas y en un limbo. El Real Decreto quiere aclararlo y armonizarlo. Precisamente lo que deseaba la UE cuando adopt¨®, el 4 de febrero de 2014, una directiva sobre la gesti¨®n colectiva en sus 28 Estados. Bruselas dio dos a?os de plazo a sus miembros para transponerla en su ordenamiento, pero Espa?a hace tarde los deberes. El Ejecutivo en funciones y el inmovilismo institucional impidieron el avance, hasta el punto de que la Comisi¨®n propuso en diciembre de 2017 sancionar a Espa?a por sus retrasos. Mientras la justicia europea responde, la directiva llega al fin al sistema espa?ol.

Hay compa?¨ªas que no ven la hora. ¡°Los clientes tienen que poder escoger qu¨¦ derechos dar a qu¨¦ empresa por qu¨¦ territorio¡±, asevera Jordi Puy, directivo de Unison, con sede en Barcelona. ¡°Espa?a es un pa¨ªs al que miramos atentamente. Creemos que 2018 puede ser el a?o correcto¡±, agrega Davide D¡¯Atri, uno de los responsables de Soundreef, que cuenta con 11.000 socios en Italia, donde empez¨® a operar. Otras empresas privadas tambi¨¦n aguardan a la letra peque?a del Real Decreto para entender sus opciones en el mercado espa?ol.

Un amplio abanico de derechos, los considerados ¡°de gesti¨®n colectiva obligatoria¡±, quedar¨¢n en manos de las entidades tradicionales. Entre otros, la recaudaci¨®n de la compensaci¨®n por la copia privada, el antiguo canon digital, o el dinero que genera para un creador la emisi¨®n de una obra suya en radio o televisi¨®n. Para los dem¨¢s, llamados ¡°de gesti¨®n individual¡±, habr¨¢ competencia con los privados. El cobro del derecho del autor de una fotograf¨ªa empleada en la portada de un libro o el de un compositor que permita que su partitura se use en la banda sonora de un filme ya no tendr¨¢ necesariamente que hacerse a trav¨¦s de una de las ocho entidades tradicionales. Los operadores privados tendr¨¢n que comunicar a Cultura el comienzo de su actividad en Espa?a y estar¨¢n expuestos a un r¨¦gimen sancionador, aunque aligerado.

En todo caso, a?os de mala gesti¨®n en la SGAE les ofrecen a los nuevos operadores un terreno f¨¦rtil para sembrar cuando menos la duda en la mente de muchos autores. ¡°La SGAE o la SIAE [su versi¨®n italiana], tal y como se concibieron, como entidades colectivas con un control del territorio, eran algo necesario y justo. Pero la tecnolog¨ªa ha dado pasos agigantados mientras que estas estructuras se han quedado atr¨¢s¡±, denuncia D¡¯Atri, que ya en su pa¨ªs tuvo que afrontar batallas verbales y legales con la SIAE. Las herramientas avanzadas, junto con la m¨¢xima transparencia, son las principales promesas de los operadores privados frente a la SGAE.

Puy destaca que Unison cuenta con profesores universitarios y expertos en Propiedad Intelectual, emplea la tecnolog¨ªa puntera blockchain y promete un modelo ¡°de pago por uso efectivo¡±. ¡°El usuario va a tener informaci¨®n actualizada de su obra cada 24 horas¡±, a?ade. Y D¡¯Atri garantiza: ¡°Solo repartimos los ingresos sobre una base anal¨ªtica. El autor debe poder entrar en su cuenta y ver claramente cu¨¢ndo y d¨®nde ha ganado. Y los pagos nunca pueden llegar m¨¢s tarde de 90 d¨ªas¡±. Golpes que pueden sacudir los pies de barro del coloso SGAE. Para algunos expertos, la entidad tiene una ¨²ltima oportunidad para reaccionar y ser m¨¢s eficaz. Para otros, ya es demasiado tarde: es el principio de su fin.?