El deber moral de la Colecci¨®n Thyssen con el ¡®pissarro¡¯ robado por los nazis
El autor, abogado especializado en derecho del arte, valora la sentencia de un juez de California que permite al museo espa?ol quedarse con el cuadro

El Tribunal del Distrito Central de California fall¨® la semana pasada sobre la obra Rue St. Honore, apres midi, effet de pluie (Rue Saint-Honor¨¦ por la tarde. Efecto de lluvia), pintada por el impresionista franc¨¦s Camille Pissarro en 1897 e inmersa en un prolongado litigio judicial. El caso arranc¨® en 2001, cuando Claude Cassirer, un descendiente de quien hab¨ªa adquirido la obra en los a?os veinte del siglo pasado, paseaba por el Museo Thyssen-Bornemisza y se top¨® con ella en una de las salas. Desde entonces pretenden su restituci¨®n tanto los descendientes de la familia como la Federaci¨®n Jud¨ªa del Condado de San Diego. La sentencia declara probado que Lilly Cassirer, que la hab¨ªa heredado en 1926, fue obligada en 1939 a transferir la obra a un comerciante de arte al servicio de los nazis por un precio de 360 d¨®lares, que se ingresaron en una cuenta bloqueada a la que no ten¨ªa acceso Lilly. Tras varias vicisitudes, el ¨®leo fue confiscado por la Gestapo y acto seguido vendido en una subasta en Berl¨ªn, en 1943.
Tras la guerra, y dando la obra por perdida o destruida, Lilly acepto un acuerdo con las autoridades de la entonces Rep¨²blica Federal de Alemania (RFA) por el que recibi¨® una compensaci¨®n de 120.000 marcos alemanes.
El cuadro reaparece en el mercado norteamericano en 1951 sin conocimiento de Lilly ni de la RFA. En el cat¨¢logo razonado de Pissarro, publicado en 1939, no aparece el origen il¨ªcito de la obra, la cual tampoco figuraba en las listas de arte robado realizadas despu¨¦s de la Segunda Guerra Mundial. Tras varios cambios de manos, la galer¨ªa Stephen Hahn, de Nueva York ¡ªno la galer¨ªa Hahn de Par¨ªs¡ª la vendi¨® al bar¨®n Heinrich Thyssen, en 1976, por 300.000 d¨®lares. La sentencia hace una comparaci¨®n de precios de la que resulta que la cifra pagada por el bar¨®n y la comisi¨®n cobrada por el galerista se ajustaron a valores de mercado, aunque en el procedimiento judicial figuran informes en sentido contrario. Antes, el bar¨®n y sus asesores hab¨ªan inspeccionado el cuadro en cuyo reverso ¡ªdice la sentencia¡ª figuraban restos de una etiqueta de la galer¨ªa de arte que hab¨ªan tenido los Cassirer en Berl¨ªn en la ¨¦poca en que se pint¨® la obra e indicios de que algunas etiquetas hab¨ªan sido retiradas o rotas de forma intencionada. Aunque la informaci¨®n suministrada por la galer¨ªa al bar¨®n fue m¨ªnima, no existe prueba de que el bar¨®n realizara investigaci¨®n alguna sobre el origen de la pieza.
A partir de su incorporaci¨®n a la Colecci¨®n Thyssen-Bornemisza, el cuadro es exhibido en varias exposiciones. En 1988, el pissarro ¡ªun buen ejemplo del primer impresionismo, pero no una pieza ic¨®nica de la colecci¨®n¡ª form¨® parte del pr¨¦stamo de obras acordado entre el trust Favorita y el Estado espa?ol por un periodo de nueve a?os y medio, contra el pago de una cantidad y determinadas obligaciones que la sentencia detalla. El Gobierno espa?ol asumi¨® ¡ªdice la sentencia¡ª que Favorita era el leg¨ªtimo propietario de las obras de la colecci¨®n adquiridas antes de 1980 y solo se investig¨® el origen de las posteriores. Un asesor legal suizo inform¨® de que, de acuerdo con el r¨¦gimen de prescripci¨®n adquisitiva de dicho pa¨ªs, las obras de fecha anterior eran propiedad legitima de Favorita. En 1993, y tras la aprobaci¨®n del Real Decreto ley 11/1993, el Estado espa?ol acord¨®, como es sabido, la compra de la colecci¨®n que gestiona la Fundaci¨®n del Sector P¨²blico estatal demandada en el juicio. La sentencia analiza las condiciones de la operaci¨®n ¡ªhasta ahora conocidas solo de forma fragmentaria¡ª y afirma que el precio pagado fue ¡°justo y razonable¡±, teniendo en cuenta el conjunto de cargas y obligaciones asumidos por Espa?a.
Ya entrando en los fundamentos de Derecho, el Tribunal considera que en la compra del cuadro concurrieron suficientes indicios y sospechas ("red flags") como para que el bar¨®n, experto y sofisticado coleccionista, hubiera realizado las investigaciones pertinentes. Las etiquetas borradas o retiradas relacionaban la pintura claramente con Berl¨ªn y se sab¨ªa que las obras de Pissarro fueron objeto predilecto del saqueo nazi. La galer¨ªa americana hab¨ªa vendido al menos otra obra procedente del expolio. La sentencia entiende que el bar¨®n deb¨ªa haber realizado averiguaciones, como contactar con John Rewald, el experto del MoMA que, en 1974, hab¨ªa publicado la monograf¨ªa definitiva sobre el artista y al que el bar¨®n conoc¨ªa. La conclusi¨®n es demoledora: puesto que el bar¨®n no hab¨ªa adquirido el cuadro de buena fe, seg¨²n la ley suiza carec¨ªan tanto ¨¦l como Favorita de t¨ªtulo leg¨ªtimo para transmitir la propiedad a la Fundaci¨®n en 1993.
Sin embargo, la sentencia declara a continuaci¨®n que la fundaci¨®n es titular legal del cuadro por aplicaci¨®n de la ley espa?ola sobre usucapi¨®n y en concreto del art¨ªculo 1.955 del C¨®digo Civil ¡ªposesi¨®n continuada a t¨ªtulo de due?o durante m¨¢s de seis a?os¡ª que en este caso prevalece sobre el siguiente art¨ªculo 1.956, al no concurrir en la fundaci¨®n un encubrimiento ¡ªconocimiento efectivo¡ª del origen il¨ªcito de la propiedad. Analiza el fallo otros argumentos de la parte demandante ¡ªdado, dice, que las partes seguramente recurrir¨¢n la sentencia¡ª y finaliza con una conclusi¨®n rotunda: en 1998, 44 pa¨ªses, entre ellos Espa?a, suscribieron los Principios de Washington sobre Arte Confiscado por los Nazis, completados por la Declaraci¨®n Terez¨ªn de 2009, tambi¨¦n suscrita por nuestro pa¨ªs: La negativa de la fundaci¨®n a devolver la obra a los herederos de Lilly resulta inconsistente con dichos principios ¡ªaunque no sean jur¨ªdicamente vinculantes¡ª y con el deber moral de reparaci¨®n que establecen, pero el Tribunal ¡°has no alternative¡± que aplicar la ley espa?ola.
Rafael Mateu de Ros es doctor en Derecho.
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