Imputado un cineasta que no estren¨® una pel¨ªcula pagada con dinero p¨²blico

La justicia ha iniciado un proceso contra el director y productor cinematogr¨¢fico Emilio Ruiz Barrachina por desviar presuntamente fondos p¨²blicos que deb¨ªan destinarse a la producci¨®n de una pel¨ªcula. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Santander ha admitido a tr¨¢mite una demanda interpuesta por el Instituto de Finanzas de Cantabria (IFC) contra el cineasta por un presunto delito de insolvencia punible. El organismo p¨²blico, dependiente de la Consejer¨ªa de Cultura del Gobierno de Cantabria, sostiene que Ruiz Barrachina desvi¨® el dinero de dos pr¨¦stamos concedidos con el aval del Ejecutivo c¨¢ntabro y cuyos importes (de 700.000 y 450.000 euros) deb¨ªan servir para desarrollar Cuervos, pel¨ªcula que se comenz¨® a rodar en la regi¨®n en 2014 y que nunca se estren¨®. Ruiz Barrachina ya est¨¢ investigado desde 2017 por inflar, presuntamente, los datos de audiencia del filme El disc¨ªpulo para aumentar las subvenciones p¨²blicas recibidas.

Las cantidades avaladas por el organismo p¨²blico fueron firmadas en 2012 y 2013 como aval y ejecutadas en 2015 y 2016. El IFC ha asegurado este viernes a este peri¨®dico que estas cuant¨ªas cubr¨ªan casi la totalidad del presupuesto de la pel¨ªcula, y que se realizaron estudios financieros que apuntaban a que el aval no se ejecutar¨ªa. ¡°El proyecto por el que se concedi¨® el aval garantizaba que las subvenciones [del Ministerio de Cultura] que recibir¨ªa la pel¨ªcula tras el estreno ser¨ªan destinadas al abono de los pr¨¦stamos, pero nos encontramos ante la rar¨ªsima situaci¨®n de que la pel¨ªcula no se lleg¨® a estrenar. Tenemos sospechas de que el dinero se destin¨® a otras sociedades que no se encargaban de la producci¨®n del trabajo¡±, sostiene una fuente del IFC, que a?ade que se trata del ¨²nico aval concedido a una producci¨®n cinematogr¨¢fica de esta envergadura por el organismo en la ¨²ltima d¨¦cada.

El ICF ha iniciado el proceso judicial con el objetivo de recuperar los fondos del aval en cuesti¨®n, firmado por el Ejecutivo del PP que gobern¨® la regi¨®n entre 2011 y 2015. La querella presentada, a la que ha tenido acceso EL PA?S, estima que los trabajos que finalmente realizaron los productores no pudieron costar m¨¢s de 50.000 euros, un 4% de los 1,15 millones concedidos, y exige al demandado una cantidad que asciende a 1,5 millones, una cantidad que supone el importe del aval y el perjuicio causado. En 2016, otro juez instructor ya solicit¨® el embargo de bienes por valor de 900.000 euros de una de las productoras con las que operaba Ruiz Barrachina, North Cinema Entertainment SL. Este no se produjo por la opacidad constatada respecto a los bienes de la sociedad, que entr¨® en concurso de acreedores el pasado diciembre.