El ¡®caso Ayuso¡¯ y el derecho a la informaci¨®n

Una docena de noticias y art¨ªculos, incluidos dos editoriales, recog¨ªan esta semana en este diario c¨®mo la Comunidad de Madrid ha se?alado p¨²blicamente a dos periodistas de EL PA?S, y a los de Eldiario.es, con bulos que difaman su trabajo. El periodismo, como herramienta fundamental que sustenta la democracia, cuando pregunta al cargo pol¨ªtico es para poner bajo la lupa los detalles de su gesti¨®n, no al rev¨¦s. Pero esta cobertura afecta de lleno al derecho a la informaci¨®n de los lectores, que no solo figura entre los principios ¨¦ticos del Libro de Estilo que obligan a los redactores del peri¨®dico, sino que es un derecho fundamental que reconoce y protege la Constituci¨®n Espa?ola en su art¨ªculo 20. Por eso, es obligado el an¨¢lisis:

Hechos

Dos reporteros acudieron el pasado martes a la calle donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, para verificar una informaci¨®n ramificada del presunto fraude fiscal cometido por su pareja, Alberto Gonz¨¢lez Amador, imputado por este delito y otro de falsedad en documento mercantil. Trataban de averiguar si en el piso donde viven se ha hecho una obra ilegal. Para ello, preguntaron a unas siete personas en la v¨ªa p¨²blica, donde permanecieron menos de una hora, seg¨²n el relato de ambos. En ese tiempo, un polic¨ªa del servicio de vigilancia de la presidenta les pidi¨® que se identificasen y as¨ª lo hicieron.

Horas despu¨¦s, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, se?al¨® a los dos reporteros en un chat de periodistas con nombre, foto, apellidos y un infundio sin pruebas: ¡°Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido ni?as menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras¡±. En el mismo mensaje, que ¨¦l ha admitido haber mandado, a?adi¨®, igualmente sin probarlo, que ¡°periodistas encapuchados¡± de Eldiario.es hab¨ªan intentado acceder a la vivienda, un hecho desmentido por este medio.

Esa misma noche, varias publicaciones se hicieron eco de las falsedades, sin la m¨ªnima comprobaci¨®n de preguntar a los reporteros su versi¨®n. Al d¨ªa siguiente, el locutor de esRadio y columnista de El Mundo Federico Jim¨¦nez Losantos dio un paso m¨¢s, al tildar a los periodistas de ¡°delincuentes¡± y animar a ejercer la violencia contra ellos. Tanto el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, como la presidenta de Madrid han justificado y respaldado el hostigamiento de Rodr¨ªguez a los informadores. ¡°Derivan de conversaciones privadas¡±, afirm¨® el primero. ¡°No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada¡±, ratific¨® ella en la Asamblea de Madrid, tambi¨¦n sin pruebas.

Derechos

Preguntar no es un delito. En cambio, forma parte del derecho a comunicar y recibir informaci¨®n que recoge la Constituci¨®n, que establece como l¨ªmites ¡°el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci¨®n de la juventud y de la infancia¡±. Pero no basta con que alguien invoque la violaci¨®n de estos otros derechos para que decaiga el de la informaci¨®n, sino que se debe explicar c¨®mo se ha atacado o invadido la esfera personal. Preguntar a ciudadanos en la calle dif¨ªcilmente puede entrar en ese supuesto.

Confusi¨®n

Desde la antig¨¹edad, la calumnia ha formado parte de la vida pol¨ªtica. Llega hasta este siglo de la mano, entre otros muchos, de Donald Trump, quien se vali¨® de la desinformaci¨®n para ganar unas elecciones, y se ha extendido como una plaga por la esfera p¨²blica internacional. Tampoco es nuevo el hostigamiento a los periodistas, a quienes se se?ala para cuestionar su trabajo. Por eso, resulta f¨¢cil detectar la estrategia de confusi¨®n: primero se difunden noticias falsas y luego se afirma que todas las noticias son falsas. En este caso, se empieza por difamar a los periodistas al acusarles sin pruebas de ning¨²n tipo de acosar e intimidar y luego se cuestiona el trabajo que realizan.

Amedrentar

Se?alar a dos periodistas tiene el objetivo obvio de amedrentarlos. Adem¨¢s, a?ade el efecto muy peligroso de expandir la autocensura. En la pr¨¢ctica, intimida a los medios m¨¢s peque?os, que por miedo a posibles represalias (bajo la forma de retirar la publicidad institucional o negar informaci¨®n) optan por rebajar la fiscalizaci¨®n del poder p¨²blico. Y, sobre todo, es una advertencia velada a las fuentes, a las que se les indica con nombre y apellidos con qu¨¦ periodistas no hablar. Y as¨ª, funcionarios, empleados de empresas p¨²blicas o vecinos de un edificio dejan de contestar a las preguntas planteadas en el ejercicio del derecho a la informaci¨®n. ?C¨®mo afecta eso a los lectores? Baja la calidad de lo que se sabe y, por tanto, interfiere en el derecho a la informaci¨®n. De nuevo, el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n.

La batalla de la atenci¨®n

Con este infundio, Rodr¨ªguez ha logrado desviar el foco del caso Ayuso a su comportamiento. Ha pasado a un segundo plano si la presidenta se benefici¨® del presunto fraude fiscal de su pareja. A la vez, ella usa el victimismo, una f¨®rmula con la que elude responder a las cr¨ªticas. Y as¨ª dejan de ser los periodistas los que interpelan, porque los interrogantes se convierten en ataques personales.

Que los reporteros hagan preguntas forma parte de un derecho de los ciudadanos tan b¨¢sico como el de votar. Sobre la vivienda de la primera autoridad pol¨ªtica madrile?a, del PP, o sobre el caso Koldo, que afecta al PSOE. Sobre todo lo que afecte a la gesti¨®n de los poderes p¨²blicos. Los periodistas hacen las preguntas para cumplir con el derecho a la informaci¨®n. Siempre que esta labor se cuestione o se impida, es un ataque a la democracia y son los lectores, los ciudadanos, los perjudicados.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electr¨®nico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duraci¨®n al n¨²mero +34 649 362 138 (este tel¨¦fono no atiende llamadas).