Luz verde a la nueva ley

El 18 de marzo, lunes, cuando sir Craig Reedie al frente de la comisi¨®n de evaluaci¨®n del Comit¨¦ Ol¨ªmpico Internacional (COI) comience a examinar in situ la candidatura de Madrid a los Juegos de 2020, encontrar¨¢ bien cubierto el frente antidopaje espa?ol, uno de los flancos d¨¦biles del fracaso del ¨²ltimo intento, Madrid 2016.

Hallar¨¢ el vicepresidente brit¨¢nico del COI que el juicio de la Operaci¨®n Puerto marcha serio y a buen ritmo en un juzgado penal de la capital; que el laboratorio antidopaje, sancionado tres meses en diciembre por el error en un control, fue reabierto al mes y medio, tan bien y eficientemente hab¨ªan sus dirigentes subsanado el problema, y tambi¨¦n descubrir¨¢ que en el Congreso de los Diputados se habr¨¢ empezado a debatir sobre una nueva ley org¨¢nica antidopaje que, inspirada en parte por los juristas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), adaptar¨¢ la legislaci¨®n espa?ola al C¨®digo Mundial Antidopaje.

Seg¨²n fuentes cercanas al ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deportes, que ayer recibi¨® el dictamen preceptivo del Consejo de Estado sobre el anteproyecto, este pasar¨¢ por el Consejo de Ministros probablemente el viernes 1 de marzo, desde donde partir¨¢ hacia el parlamento.

De salida ya llegar¨¢ ligeramente modificada respecto al anteproyecto que examinaron los letrados del Consejo del Estado, quienes en el informe, que obra en poder de los juristas del Consejo Superior de Deportes (CSD), han se?alado algunos puntos que consideran mal resueltos.

El punto m¨¢s conflictivo es el que regula los recursos de los deportistas al TAS

Por un lado, se acepta que en la franja horaria entre las 23 y las seis de la ma?ana se puedan realizar controles antidopaje solamente por razones excepcionales y siempre que se respeten los derechos fundamentales de los deportistas, como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. Sin embargo, el dictamen considera mal resuelto, incluso de imposible resoluci¨®n, el conflicto entre la competencia de los tribunales civiles, estatales, y los deportivos, privados. Se refiere a que seg¨²n el proyecto de la nueva ley, que sustituir¨¢ a la aprobada en 2006, durante el mandato de Jaime Lissavetzky en el CSD, los deportistas internacionales sancionados por instancias internacionales deben renunciar a su derecho a recurrir a un tribunal de lo contencioso-administrativo para hacerlo solamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Se se?ala en el dictamen, sin citar expl¨ªcitamente al TAS, que a ning¨²n ciudadano espa?ol se le puede obligar a solucionar su contencioso mediante arbitraje, sea este p¨²blico o privado, una idea recogida en el C¨®digo Mundial y de influencia anglosajona.

Seg¨²n fuentes ministeriales, en este punto el Consejo de Estado se ha visto influenciado por la sentencia Heras de diciembre pasado en la que el Supremo anulaba la sanci¨®n que le quitaba la Vuelta 2005 al bejarano, porque el Comit¨¦ Espa?ol de Disciplina Deportiva no admiti¨® su recurso a la resoluci¨®n de la federaci¨®n espa?ola. Una sentencia discutible, seg¨²n estas fuentes, pues no entiende que en ese caso, la espa?ola actu¨® sencillamente en nombre de la internacional. Seg¨²n el dictamen deber¨¢n seguir conviviendo en paralelo ambas posibilidades de recurso.

Se aceptan los controles nocturnos, de 11 a 6, en casos excepcionales

Otros aspectos que el Consejo de Estado cree que deber¨ªan aclararse son la tipificaci¨®n de las faltas y sus sanciones, agravantes y atenuantes, as¨ª como los poderes y el papel del director de la agencia antidopaje que se crea en la ley en relaci¨®n con las autoridades judiciales.

As¨ª mismo, recomienda cambios en la terminolog¨ªa y en la estructura del art¨ªculo por el que se regula la posibilidad de que el juez de un proceso penal entregue las pruebas a las autoridades deportivas las pruebas para un expediente administrativo. En este sentido, las objeciones del Consejo de Estado son mucho m¨¢s leves que las que opusieron en sus dict¨¢menes el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

De todas formas, recuerdan en el CSD, el anteproyecto recibe una luz verde del Consejo de Estado que no obtuvo el anterior intento, el de 2011, abandonado cuando el PSOE perdi¨® las elecciones.