El refer¨¦ndum y el Gobierno

SI EL REFERENDUM ha de cumplir alguna funci¨®n en el proceso de reforma pol¨ªtica, es imprescindible el juego limpio por parte del Gobierno. De lo contrario s¨®lo servir¨¢ para enrarecer el ambiente y poner en duda la credibilidad del Gabinete respecto a sus intenciones democr¨¢ticas.Jugar limpio supone, en primer t¨¦rmino, poner las cartas sobre la mesa, y una de ellas, sin duda la principal, es dar a conocer con car¨¢cter inmediato la normativa que habr¨¢ de regular las pr¨®ximas elecciones. La contienda electoral es el eje de la reforma pol¨ªtica. Votar a favor o en contra de ¨¦sta sin saber cu¨¢les ser¨¢n las reglas del juego que se aplicar¨¢n en las pr¨®ximas elecciones equivale a entregar un cheque en blanco al Gobierno. No decimos siquiera que tal cosa no deba o no pueda hacerse. Pero es el propio Gobierno quien no debe pedirla y, sobre todo, no debe enmascarar tal petici¨®n en una formidable campa?a a favor de la democracia, identificando a ¨¦sta exclusivamente con su reforma.

En el refer¨¦ndum no se trata -suponemos- de vencer a nadie, ni de imponer nada, ni menos a¨²n de machacar a la oposici¨®n democr¨¢tica, tan necesaria para que aqu¨ª las cosas funcionen como es debido. Lo contrario, adem¨¢s de ser il¨ªcito, implicar¨ªa una mentalidad totalitaria y prestar¨ªa un flaco servicio al pa¨ªs y a la Corona. El refer¨¦ndum no debe tener otro objetivo que conocer la voluntad del pueblo y averiguar cu¨¢l es su actitud ante la reforma pol¨ªtica. Por eso es arbitraria y carece de justificaci¨®n la distinci¨®n que hace el Gobierno entre partidos legales, legalizables y no legalizables en orden a conceder mayores, menores o nulas posibilidades de acceder a los medios oficiales de comunicaci¨®n social y de organizar m¨ªtines para defender sus respectivas posturas. Las leyes reguladoras del derecho de asociaci¨®n pol¨ªtica y del derecho de reuni¨®n son normas autoritarias, pensadas para excluir y no para integrar, que no sirven como criterio democr¨¢tico para decidir qui¨¦n tiene y qui¨¦n no tiene derecho a reunirse o a aparecer en las pantallas de TV. Aplicarlas con car¨¢cter discrecional seg¨²n las conveniencias del Gobierno, como se viene haciendo hasta ahora, no s¨®lo priva al refer¨¦ndum de toda significaci¨®n democr¨¢tica, sino que es algo radicalmente contrario a los m¨¢s elementales principios del Estado de Derecho. Urge que todos, absolutamente todos, los partidos y ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Debe recordarse que la propia ley de Reforma pol¨ªtica declara que los derechos fundamentales de la persona son inviolables. Pues bien, las leyes a lasque nos referimos permiten su violaci¨®n por la autoridad gubernativa con apariencias de legalidad. De ah¨ª la urgencia de su modificaci¨®n. Pero lo que en cualquier caso es inadmisible -debernos insistir en ello- es que se utilicen esas leyes para decidir qui¨¦n puede y qui¨¦n no puede hablar por televisi¨®n, o montar reuniones p¨²blicas, a la hora de traer un r¨¦gimen democr¨¢tico.

Finalmente, resultar¨ªa tambi¨¦n contrar¨ªo a la esencia de un refer¨¦ndum democr¨¢tico que el Gobierno -que tiene el ¨¦xito asegurado- buscase mediante este camino su propia legitimaci¨®n. Lo ¨²nico que el refer¨¦ndum ha de legitimar en estos momentos es la posibilidad de implantar un r¨¦gimen de democracia pol¨ªtica aut¨¦ntica. Aprovechar los resultados de la consulta con vistas a manipular las sucesivas fases de la reforma, o exhibir una base electoral te¨®rica que argumentara la permanencia en el poder, no resolver¨ªa ninguno de los problemas con que hoy. se enfrenta el pa¨ªs. Y se radicalizar¨ªa, adem¨¢s, las posturas de la oposici¨®n democr¨¢tica, hasta ahora sumamente razonables y moderadas.

El Gobierno ha de abandonar la tentaci¨®n totalitaria, buscar la integraci¨®n y no la exclusi¨®n mediante el respeto fi principio de igualdad de oportunidades para las tres opciones inherentes a la consulta popular: el s¨ª, el no y la obitenci¨®n en su doble forma de roto en blanco y de abstenci¨®n activa. Se trata de dilucidar el porvenir del pa¨ªs y todos deben tener por igual y en igualdad de condiciones el derecho a decir su palabra. Lo contrario seria una farsa.