Sobre la nulidad de nuestros pol¨ªticos para la legislaci¨®n y la jurisprudencia

El saber del jurista merecer¨¢ o no el nombre de ciencia, pero desde luego es un saber. M¨¢s desde luego a¨²n, es un saber que nuestros pol¨ªticos, los del Gobierno y los de la Oposici¨®n, no poseen, o que si poseen (y tengo motivos para creer que algunos pol¨ªticos s¨ª saben algo de Derecho) se esfuerzan exitosamente en olvidar en cuanto, empiezan a actuar como pol¨ªticos. Con lo cual, si se acepta la definici¨®n positivista del Derecho como ?lenguaje del poder?, lo menos quede nuestro poder y de nuestros pol¨ªticos puede decirse es que son tartamudos.Los motivos de esta ignorancia, deliberada o no deliberada, son bastante claros y alg¨²n d¨ªa habr¨¢ que ocuparse de ellos. Por hoy vamos a limitarnos a sus formas de manifestarse y a sus consecuencias.

El PSOE de verdad, el de Felipe Gonz¨¢lez, y con ¨¦l el resto de la Oposici¨®n, se rasga ahora las vestiduras y se llama a enga?o porque el Gobierno ha legalizado al otro PSOE, llamado tambi¨¦n hist¨®rico por la raz¨®n obvia de ser de m¨¢s reciente creaci¨®n. La cosa, sin embargo, se ve¨ªa venir desde la promulgaci¨®n del reciente decreto-ley sobre Asociaciones Pol¨ªticas, cuya t¨¦cnica lleva la marca de f¨¢brica de nuestro actual Gobierno, como se ve¨ªa venir la remisi¨®n al Tribunal Supremo de las solicitudes de inscripci¨®n de otros partidos. Para evitar futuras sorpresas a nuestros pol¨ªticos (incluso a los del Gobierno) tal vez valga la pena, pienso, analizar un, poco esa t¨¦cnica cuya aplicaci¨®n m¨¢s reciente es la ya aludida ley de Asociaciones Pol¨ªticas, pero cuyo descubrimiento y primera aparici¨®n en escena tuvo lugar ya con la ley para la Reforma Pol¨ªtica, tan llena de insospechados encantos.

Esa t¨¦cnica, basada en una s¨®lida ignorancia del Derecho es a la vez muy simple y muy astuta. Consiste, para decirlo en forma resumida, en buscar la soluci¨®n de las dificultades por el simple procedimiento de ignorarlas y en liberar al poder de toda traba mediante la creaci¨®n de un conjunto de normas contradictorias y de dudosa validez que, anul¨¢ndose rec¨ªprocamente, le permitan hacer en cada caso lo que mejor, le venga en gana. De manera m¨¢s resumida a¨²n cabr¨ªa decir que la t¨¦cnica jur¨ªdica de nuestros gobernantes consiste en la creaci¨®n del no-derecho, invento glorioso ya ensayado antes en alguna ocasi¨®n, pero que s¨®lo el Gobierno actual, sobre cuya fuente de inspiraci¨®n arrojan alguna luz esos ensayos, ha desarrollado de manera sistem¨¢tica y concienzuda.

Aunque no renuncio al prop¨®sito. de ver c¨®mo se proyecta dicha t¨¦cd?ca en la ley de Reforma, de la que depende nuestro futuro, el tema ?caliente ? es hoy el de la ley de Partidos.

Naturalmente, el primer defecto notable de esta ley es el de su propia existencia. En los pa¨ªses democr¨¢ticos, en general, no hay ?leyes de partidos?, cuya creaci¨®n y funcionamiento est¨¢ regulado por las mismas normas a que han de sujetarse todas las dem¨¢s asociaciones, pero cuando las hay (por ejemplo, en el caso de la Rep¨²blica Federal alemana), de lo que esas leyes se ocupan es de asegurar la democracia interna de los partidos o de dar publicidad al origen de sus recursos, pero no, en modo alguno, ,de poner condiciones especiales para su creacion y feconocimiento. La ignorancia, deliberada o no, de este dato elemental nos proporcion¨® la hermosa ley de Partidos aprobada en junio del pasado a?o a la que no parece incorrecto llamar ley Fraga y que la Oposici¨®n, torpemente, rechaz¨®, no por el mero hecho de existir, sino porque instauraba la ?ventanilla?.

Esto de la ?ventanilla? es lo que en lenguaje jur¨ªdico suele llamarse a un r¨¦gimen de autorizaci¨®n previa o preventivo que es, seg¨²n la opi ni¨®n un¨¢nime de los juristas, incompatible con la existencia de libertad, pues, naturalmente, nadie tiene libertad de hacer nada si para hacerlo ha de pedir antes permiso. La incompatibilidad entre r¨¦gimen preventivo y libertad no significa, sin embargo, que el ejercicio de los derechos no pueda y deba ser regulado de alg¨²n modo para evitar las perturbaciones que pudie ra producir para todos y, en primer lugar, para los propios interesados en ejercerlos. Una cosa es, no hacer depender el derecho a reunirse o a asociarse de la autorizaci¨®n del poder y otra bien distinta no exigir que para reunirse en lugares p¨²blicos o manifestarse se haya de avisar con alguna antelaci¨®n a las autoridades, o para asociarse haya que buscar denominaciones o siglas que no coincidan con las de otras aso ciaciones ya existentes. La astucia, bastante elemental, del Gobierno Arias-Fraga fue la de mezclar en una misma ley esa regulaci¨®n indispensabe con un mecanismo inadmisible de autorizaci¨®n previa. La torpeza absolutamente elemental de la Oposici¨®n estuvo en rechazar la ley como si en. ella no hubiese m¨¢s que la ?ventanilla?, sin proponer nada a cambio.

Y en esta situaci¨®n aparece, armado con su arma definitiva, blandiendo el no-derecho, nuestro juvenil Gobierno. En lugar de plantearse, como Fraga, (que en el fondo es un atroz ingenuo que piensa que cuando los problemas existen hay que, plante¨¢rselos), el problema de la conciliaci¨®n entre libertad y autoridad, para resolverlo (a diferencia de Fraga, que siempre se escora lamentablemente del lado de la autoridad) sin trampa ni cart¨®n, se limita a ignorarlo, tom¨¢ndole la palabra a la Oposici¨®n. Se carga la ley Fraga (por supuesto, mediante una f¨®rmula equ¨ªvoca que, en caso necesario, permita discutir interminablemente sobre el alcance concreto de la derogaci¨®n) de manera que, por ejemplo, todos los espa?oles (menos los hedillistas) po demos crear asociaciones que se denominen Iglesia Cat¨®lica (hist¨®rica) o Real Madrid Club de F¨²tbol (renovado) sin m¨¢s que tomarnos el trabajo de hacer un acta notarial y presentarla al Registro del Ministerio de la Gobernaci¨®n, con la ¨²nica condici¨®n, claro est¨¢, de que no despertemos en ¨¦l la sospecha de que estamos sometidos a una disciplina internacional e intentamos la implantaci¨®n de un r¨¦gimen totalitario.

Y aqu¨ª est¨¢ lo peor. El hecho de que hoy d¨ªa sea mucho m¨¢s f¨¢cil en este pa¨ªs obtener el reconocimiento de un partido pol¨ªtico que de una asociaci¨®n de vecinos, o de que el Gobierno haya encontrado el medio de aniquilar a los partidos administr¨¢ndoles su propia medicina podr¨ªa tener hasta gracia y quiz¨¢ algunas consecuencias ben¨¦ficas. A la larga o a la corta, los electores dir¨¢n cu¨¢les son los partidos que de verdad existen y cu¨¢les no, y tal vez los pol¨ªticos de la Oposici¨®n hayan aprendido algo de esta lecci¨®n, que a golpes se hacen los hombres. Lo grave es que, pese a todo el Gobierno, por temor quiz¨¢s a su derecha, que no entiende de sutilezas, no se ha atrevido a prescindir del sistema de la autorizaci¨®n previa y lo ha conservado, cubri¨¦ndose para hacerlo con la autoridad de nuestro Tribunal Supremo, lo que es resueltamente inadmisible. No se trata en modo alguno, como dice la ley, de ?potenciar la garant¨ªa judicial del ejercicio del derecho de asociaci¨®n?, sino de buscarse un ?alib¨ª? y la majestad de la justicia que el Tribunal Supremo encarna no est¨¢ para esas cosas.