El sector el¨¦ctrico en Espa?a / 1
La electricidad constituye hoy d¨ªa uno de los servicios p¨²blicos cuyas prestaciones pueden considerarse m¨¢s ¨²tiles y determinantes del nivel de vida y desarrollo industrial actual. Su suministro constituye, adem¨¢s, a nivel local, un monopolio natural, ya que un abonado determinado s¨®lo puede recibir electricidad de la compa?¨ªa el¨¦ctrica que opere en su zona. Por otra parte, las compa?¨ªas el¨¦ctricas han partido generalmente de la explotaci¨®n de centrales hidr¨¢ulicas, basadas en el aprovechamiento de las aguas fluviales, cuya utilizaci¨®n, al tratarse de un bien de dominio p¨²blico, efect¨²an por concesi¨®n de la Administraci¨®n.Nos encontramos as¨ª en Espa?a con un sector el¨¦ctrico, en el que es cada vez m¨¢s manifiesta una contradicci¨®n interna, entre el car¨¢cter -p¨²blico de los recursos que parte y del servicio que suministra, y el enfoque privado e individualista de su desarrollo. Las empresas no act¨²an as¨ª de acuerdo a los principios de econom¨ªa de mercado, tanto por existir el monopolio citado como por las exenciones y facilidades financieras que consiguen, precisamente por su car¨¢cter p¨²blico, aunque luego las decisiones trascendentales del sector sean tomadas por esas mismas empresas con criterios parciales de simple rentabilidad empresarial.
Desarrollo del sector el¨¦ctrico en Espa?a
El sector el¨¦ctrico espa?ol est¨¢ constituido por la agregaci¨®n de un gran n¨²mero de empresas que han operado tradicionalmente en distintos segmentos del mercado nacional, dividido as¨ª seg¨²n sus ?zonas de influencia?. Las instalaciones de producci¨®n y transporte de cada empresa se han desarrollado por ello tomando en consideraci¨®n b¨¢sicamente las demandas de potencia y energ¨ªa de su mercado, sus zonas de concesiones hidr¨¢ulicas o de posibles emplazamientos t¨¦rmicos y nucleares, y sus preferencias y relaciones empresariales a la hora de seleccionar los equipos. Lo anterior puede f¨¢cilmente contrastarse con una simple observaci¨®n del mapa el¨¦ctrico nacional, que muestra una Superposici¨®n de las l¨ªneas de transporte de diferentes empresas, producto tanto del excedente el¨¦ctrico del noroeste de la Pen¨ªnsula (frente al d¨¦ficit de Andaluc¨ªa, Levante y Catalu?a) como de la localizaci¨®n de los centros productores y consumidores de cada sociedad.
Con respecto a, los equipos, ese mismo individualismo empresarial ha favorecido el que ya desde las primeras centrales t¨¦rmicas que se instalaron, sus tama?os y especificaciones variar¨¢n seg¨²n las diferentes sociedades, con los consiguientes sobrecostes frente a una eventual contrataci¨®n conjunta y unificada, y su efecto negativo sobre sus posibilidades de fabricaci¨®n por la industria nacional. Este problema se agrav¨®, adem¨¢s, al llegar las centrales nucleares, de las que las tres en funcionamiento son de caracter¨ªsticas completamente diferentes entre s¨ª, existiendo asimismo entre las pr¨®ximas diez que han de entrar en funcionamiento tres suministradores distintos y seis dise?os diferentes. Conviene, sin embargo, destacar, c¨®mo esta actuaci¨®n no tiene su origen en la falta de competencia de los t¨¦cnicos y empresarios el¨¦ctricos, sector en el que, por el contrario, se encuentra un gran n¨²mero de profesionales de gran prestigio, sino en el enfoque parcial y circunscrito a una estricta visi¨®n de empresa privada, que ¨¦stos han tenido que dar a sus decisiones.
Otro aspecto muy importante al analizar un sistema el¨¦ctrico es el de su explotaci¨®n, ya que el precio medio resultante para el pa¨ªs del KWh producido viene determinado por las centrales que operen en cada momento y el esquema de transporte resultante hasta los distintos centros consumidores. Evidentemente, la explotaci¨®n por cada sociedad de su propio sistema el¨¦ctrico para obtener el m¨¢ximo beneficio, que, obviamente, es el objetivo prioritario de toda empresa, no tiene por qu¨¦ coincidir con la explotaci¨®n ¨®ptima desde un punto de vista nacional. As¨ª, en numerosas ocasiones han estado funcionando centrales t¨¦rmicas que consum¨ªan petr¨®leo Importado para producir la energ¨ªa que necesitaba su empresa propietaria, que pod¨ªa, sin embargo, haber sido suministrada, a nivel nacional, por otras empresas con centrales hidr¨¢ulicas m¨¢s econ¨®micas o que quemaran carb¨®n nacional. En lo que respecta a la utilizaci¨®n de las l¨ªneas de alta tensi¨®n de las distintas sociedades como red de transporte nacional, su propiedad m¨²ltiple ha reducido los incentivos de las empresas para su asignaci¨®n m¨¢s econ¨®mica a los diferentes centros consumidores y dificultado los intercambios internacionales compensadores.
Ante esta situaci¨®n, que ha sido se?alada ya en muchos trabajos y que es ampliamente conocida por los profesionales del sector, el repetido estribillo de que las empresas el¨¦ctricas constituyeron UNTESA para actuar ?corno si una sola entidad produjera, transportara y distribuyera la energ¨ªa el¨¦ctrica en nuestro pa¨ªs? s¨®lo puede ser considerado como un eslogan publicitario.
Papel del sector p¨²blico
En este punto conviene hacer una breve alusi¨®n al papel que ha venido en o desempe?ando la empresa p¨²blica en el sector el¨¦ctrico, pudiendo se?alarse c¨®mo ¨¦sta no se diferencia a grandes rasgos de la privada. A ello ha contribuido la falta de apoyo y directrices de la Administraci¨®n, especialmente a partir del paso por el Ministerio de Industria del ministro L¨®pez Bravo, a cuyo liberalismo, tan reprimido -como ¨¦l indic¨®- en lo pol¨ªtico, daba, en cambio, rienda suelta en lo econ¨®mico mediante el apoyo con fondos p¨²blicos a las empresas privadas a costa del desarrollo de las p¨²blicas. Las consecuencias de esta pol¨ªtica, que tiene hoy que resolver el Gobierno actual por v¨ªa de urgencia en algunos sectores como el sider¨²rgico, son tambi¨¦n -palpables en el sector el¨¦ctrico, en el que la participaci¨®n p¨²blica, que representaba un 17% de la potencia total instalada en la Pen¨ªnsula en 1960, se ha visto reducida progresivamente hasta un 11% en 1977.
Para contrarrestar las cr¨ªticas existentes sobre la falta de planificaci¨®n conjunta de las empresas, L¨®pez Bravo establece el. denominado Plan El¨¦ctrico Nacional, cuya propuesta encarga, sin embargo. mediante una orden ministerial de 1968. a UNESA. Para colmo, en dicha orden se indica que ?UNESA montar¨¢ una oficina t¨¦cnica de prograrnaci¨®n y planificaci¨®n el¨¦ctrica para la elaboraci¨®n de la propuesta del plart y su revisi¨®n?. De esta forma se reconoce la falta de medios en el propio Ministerio de Industria para elaborar y controlar un plan de esta trascendencia, si bien al encarg¨¢rselo y potenciar los medios de los propios interesados, se institucionaliza una relaci¨®n de inferioridad tradicionalmente existente, entre una Administraci¨®n con responsabilidades y competencias te¨®ricas muy superiores a sus medios materiales y humanos, y la correspondiente a los sectores a ordenar y controlar.
Limitaciones de Industria
Este problema, que es general en la Administraci¨®n espa?ola, est¨¢, sin embargo, especialmente acentuado en el Ministerio de Industria, lo cual es particularmente grave al efectuar el sector industrial un tercio de las inversiones totales del pa¨ªs. Son evidente; las limitaciones burocr¨¢ticas con que se habr¨¢n enfrentado los sucesivos ministros de Industria,'al abordar este problema de la falta de niedios y agilidad para el reclutam¨ªento, motivaci¨®n y remuneraci¨®n de funcionarios capacitados, si bien es verdad que la dedicaci¨®n a este terna, cuyos resultados tardan un considerable plazo en materializarse, no habr¨¢ podido figurarcon la m¨¢xima prioridad entre los responsables de dicho departamerno, desbordados siempre por el problema de cada d¨ªa en la elecci¨®n entre lo importante y lo urgente, y cuya rotaci¨®n en el puesto se ha acentuado, adem¨¢s, de tal forma, que en los ¨²ltimos seis a?os ha habido seis diferentes ministros de Industria.
Para terminar esta r¨¢pida visi¨®n de los problemas tradicionales de, sector el¨¦ctrico, puede hacerse referencia a su situaci¨®n econ¨®mica. Es evidente que un monopolio obtenido por concesi¨®n p¨²blica, que vende,un producto de primera necesidad no debe ser ?un gran negocio?, por lo que el nivel de las tarifas que autoriza la Administraci¨®n deber¨¢ ser el m¨ªnimo compatible con la necesaria retribuci¨®n del capital y el mantenimiento de una adecuada relaci¨®n recursos propios/ajenos. Con ello habr¨ªa que volver de nuevo al problema de fondo, de la inadecuaci¨®n de dicha Administraici¨®n que aprueba las tarifas, para mantener el necesario conocimiento econ¨®mico-financiero del sector el¨¦ctrico, en que basar dicha determinaci¨®n.
Prescindiendo de este hecho, hay dos aspectos que han venido afectando a la situaci¨®n financiera del sector. El prirriero, de naturaleza objetiva, se ori g¨ªna por el hecho de que, aunque todas las empresas han de vender su energ¨ªa al mismo precio unitario seg¨²n tarifas, tanto sus costes como si is ingresos var¨ªan sensiblemente en funci¨®n de las clases de centrales que posean y de los tipos de consilmos que existan en su mercado (el KWh dom¨¦stico, por ejemplo, se vende a un precio ¨¢e dos a tres veces el industrial, sin que en los costes de sus suministros exista tanto margen). La ?democracia? afectar¨¢ probablemente al precio relativo en tre ambos que, al contrario que en Espa?a es, por ejemplo, en Estados Unidos, favorable al consunio dom¨¦stico (1 consumidor= 1 voto). A dichas diferencias entre tarifas uniformes y costes variables correspond¨ªa la famosa ?deuda de OFILE?, que las empresas esgrim¨ªan hasta hace pocos anos, frente a una Administraci¨®n que se ve¨ªa cogida por sus propias disposiciones, dictadas cuando apenas hab¨ªa centrales t¨¦rmicas y seg¨²n las cuales d¨¦b¨ªa abonar a las empresas el 90% del combustible que utilizaran. Dicho sistema, desfasado ya hac¨ªa muchos a?os, fue, por fin, abolido hace cinco, pero el factor objetivo indicado permanece. El fondo de compensaciones de OFILE desapareci¨® as¨ª, pero en su lugar existen hoy no s¨®lo OFICO, que tiene una regulaci¨®n oficial para compensar los combustibles, sino otros fondos (CEUN) de compensaciones internas entre empresas de UNESA, cuyo volumen supera ampliamente a los de OFILE.
Con ello se ha producido, adem¨¢s, un nuevo retroceso en el control de la Administraci¨®n, que si ten¨ªa un representante con poder de veto en OFILE, va no interviene para nada en los CEUN, que, a pesar de su cuant¨ªa, son casi desconocidos en el pa¨ªs. Es, sin embargo, imprescindible un conocimiento p¨²blico de los trasvases de fondos realizados dentro de UNESA, agrupados no por zonas de mercado, sino por provincias, con el fin de poder as¨ª eventualmente proceder a una diferenciaci¨®n regional de tarifas y a una compensaci¨®n a las zonas excedentarias.
El segundo aspecto sobre la situaci¨®n econ¨®mica del sector que merece destacarse es el de su progresiva descap¨ªtalizaci¨®n y detenoro de la relaci¨®n recursos propioslajerios, debido al car¨¢cter residual de las dotaciones a reservas y amortizaciones, tras la obligada fijaci¨®n de unos dividendos que algunas empresas no pod¨ªan mantener, pero que les resultaban imprescindibles para remunerar a unos accionistas cada vez m¨¢s afectados por el deterioro de las cotizaciones en Bolsa de sus t¨ªtulos. Esta pol¨ªtica financiera, que hace a?os s¨®lo era practicada por las empresas de menor rentabilidad (que acostumbraban a camuflar como inmovilizado parte de las sobrecargas financieras a que ello les conduc¨ªa), se ha ido progresivamente generalizando. Esto ha conducido al sector a una situaci¨®n insostenible a medio plazo, ya que implica que cada vez se endeuda m¨¢s, con unos aumentos de pasivo que no se traducen en incrementos proporcionales de inmovilizado productivo que genere ganancias. Dicha situaci¨®n se ha pretendido ocultar a los accionistas, con la em¨ªsi¨®n de acciones liberadas con cargo a las dos regularizaciones de activos producidas en los ¨²ltimos a?os, a pesar del deterioro que ello origina en la estructura financiera.
No ser¨ªa, por ¨²ltimo, justo hablar de la financiaci¨®n del sector el¨¦ctrico sin se?alar c¨®mo en ¨¦l se ha manifestado muy claramente lo que indicaba recientemente el ministro de Comercio que ?muchos entienden la econom¨ªa de mercado de acuerdo con sus intereses?, no cumpliendo as¨ª reiteradamente las empresas el¨¦ctricas las leyes de la econom¨ªa de mercado, al forzar con su condici¨®n de servicio p¨²blico no s¨®lo ventajas de tipo expropiatorio o numerosas exenciones fiscales, sino el acceso a circuitos priviieg¨ªados para la colocaci¨®n de obligaciones, el apoyo en Bolsa del Banco de Espa?a o las subvenciones efectuadas a trav¨¦s de los cr¨¦ditos oficiales que, con condiciones ventaijosas, se les han conce dido en las acciones concertadas.
El segundo art¨ªculo de esta se?e trata sobre la propiedad y eficacia del sector el¨¦ctrico en los pa¨ªses capitalistas.
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