Renuncias de los partidos para alcanzar una Constituci¨®n de consenso

El largo proceso parlamentario para obtener una Constituci¨®n de consenso ha producido un texto com¨²n, que sintetiza el equilibrio entre las distintas posiciones pol¨ªticas y materializa las transacciones que han sido precisas durante los casi catorce meses que ha durado la elaboraci¨®n del proyecto que ma?ana se somete a la aprobaci¨®n de los espa?oles. Ofrecemos en esta p¨¢gina un cuadro-resumen sobre las posiciones de partida de los principales partidos parlamentarios en relaci¨®n con una serie de temas especialmente conflictivos o pol¨¦micos. La comparaci¨®n de tales puntos de partida con el contenido final del texto constitucional expresa las renuncias que ha tenido que hacer cada partido en pro del consenso. Asimismo, se complementa esta informaci¨®n con una explicaci¨®n del proceso seguido para obtener el definitivo pacto constitucional.

Para elaborar una Constituci¨®n de consenso, los partidos pol¨ªticos parlamentarios se han visto obligados a renunciar a muchos de sus planteamientos ideol¨®gicos, reflejados, en parte, en las enmiendas presentadas al anteproyecto constitucional el pasado mes de enero. El consenso hizo posible reducir al m¨¢ximo las enmiendas y votos particulares y limar las asperezas en los temas m¨¢s candentes que dividen a la derecha y a la izquierda como son, entre otros, la forma pol¨ªtica del Estado, la cuesti¨®n religiosa, la ense?anza, la organizaci¨®n de la econom¨ªa y la estructuraci¨®n de las autonom¨ªas.Desde la postura simb¨®lica adoptada por el Partido Socialista Obrero Espa?ol de negarse a aplaudir a la figura del Rey, en la inauguraci¨®n de la primera legislatura de las Cortes democr¨¢ticas, el Grupo Socialista mantuvo su actitud de partido republicano ?por fidelidad a sus ideas?, lo que le llev¨® a la presentaci¨®n de un voto particular contra la Monarqu¨ªa, pero que en ning¨²n momento defendi¨® a ultranza. El Pleno del Congreso aprob¨®, en su d¨ªa, la Monarqu¨ªa parlamentaria como forma pol¨ªtica del Estado con la abstenci¨®n de los socialistas.

El tema de las competencias atribuibles al Rey fue objeto de diferentes posiciones pol¨ªticas: desde los que quer¨ªan reducirle a constituir la m¨¢s alta representaci¨®n del Estado, pero sin facultades de intervenci¨®n en la pol¨ªticia, como el PSOE y el PCE, hasta los que propugnaban el mantenimiento de ciertas competencias que entran directamente de lleno en la gobernaci¨®n del Reino, tales como su intervenci¨®n en la designaci¨®n de candidato a presidente del Gobierno o la posibilidad de que presida los Consejos de Ministros, como UCD, AP, Minor¨ªa Catalana y PNV. En este caso triunfaron las tesis de los partidos de la derecha parlamentaria.

La ense?anza y el t¨¦rmino "terrorista"

El tema de la ense?anza fue objeto de continuas rupturas y restablecimientos del consenso.. En un tira y afloja, en ocasiones tenso, la derecha ha conseguido incluir el reconocimiento a las personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas de la libertad de creaci¨®n de centros docentes, as¨ª como la ayuda econ¨®mica por parte de los poderes p¨²blicos a estos centros, a cambio de la intervenci¨®n, por parte de profesores, padres y alumnos, en el control y gesti¨®n de todos los centros sostenidos por la Administraci¨®n con fondos p¨²blicos, postura mantenida por los partidos de la izquierda parlamentaria.El art¨ªculo 55, de la suspensi¨®n de los derechos y libertades, en el que se constitucionaliza el t¨¦rmino ?terrorista?, fue aprobado, en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso, gracias a la pol¨ªtica de consenso en un bloque de veinticinco art¨ªculos en los que se inclu¨ªan, entre otros, temas tan pol¨¦micos como la ense?anza y su financiaci¨®n, la disoluci¨®n del matrimonio, el derecho de sindicaci¨®n, la objeci¨®n de conciencia y el derecho a la huelga. El acuerdo que afect¨® a estos veinticinco art¨ªculos se encuadraba en una pol¨ªtica que, m¨¢s que de consenso, se podr¨ªa calificar de Estado. Los partidos de izquierda, en este caso, se dejaron meter el gol del t¨¦rmino ?terrorista? a cambio de la aprobaci¨®n por consenso del bloque del articulado, incluido el tantas veces discutido tema de la educaci¨®n.

Las autonom¨ªas, tema m¨¢s conflictivo

La regulaci¨®n constitucional de las comunidades aut¨®nomas ha supuesto una renuncia general de los partidos en sus planteamientos iniciales. Ha habido una total cesi¨®n, principalmente en los dos partidos mayoritarios, en la configuraci¨®n del Senado como c¨¢mara de las comunidades aut¨®nomas, menos el PCE y las minor¨ªas Vasca y Catalana, que insistieron hasta el final sin lograr ning¨²n resultado.UCD pretend¨ªa reconocer el derecho a las autonom¨ªas, pero no regularlo y remitirlo a una ley org¨¢nica que fuera, en un futuro, el marco de las comunidades aut¨®nomas. Los socialistas, como partido, propugnaban el Estado federal, a lo que renunciaron desde el primer momento y, asimismo, pretend¨ªan en el conflictivo tema de las competencias clasificarlas en tres bloques: las del Estado que no se pudieran ceder, las de las comunidades aut¨®nomas, y unas terceras, tambi¨¦n del Estado, que se pudieran ceder seg¨²n a qui¨¦n y en qu¨¦ momento.

Alianza Popular ha cedido, principalmente, en su concepci¨®n global de las autonom¨ªas, ya que propugnaba un Estado regional con una autonom¨ªa m¨¢s de tipo administrativo que pol¨ªtica. La mayor pretensi¨®n de la Minor¨ªa Catalana, no admitida expresar mente en la Constituci¨®n, se centr¨® en la petici¨®n de posibles federaciones entre comunidades aut¨®nomas, para posibilitar la concreci¨®n pol¨ªtica del concepto ?Paisos Catalans?. Lo ¨²nico que se acept¨® fue una propuesta de Josep Benet, en la Comisi¨®n del Senado, por la que se podr¨¢n ver los supuestos, requisitos y t¨¦rminos en que las comunidades aut¨®nomas podr¨¢n establecer entre s¨ª convenios de tipo cultural.

El Partido Nacionalista Vasco ten¨ªa como primordial inter¨¦s la inclusi¨®n de una disposici¨®n adicional por la que se reconocieran los derechos forales y las instituciones propiamente vascas (diputaciones y juntas generales). Tanto la UCD como el PSOE aceptaban el reconocimiento del r¨¦gimen foral y siempre y cuando fuera en el marco de la Constituci¨®n y a trav¨¦s del marco del Estatuto de Autonom¨ªa. ELPNV pretend¨ªa que fuera, al margen del Estatuto, en una negociaci¨®n directa entre Gobierno e instituciones vascas. En julio, una semana antes de que finalizara la discusi¨®n constitucional en el Pleno del Congreso, comenzaron las negociaciones Gobierno-PNV en torno a la disposici¨®n adicional, conversaciones que quedaron rotas formalmente el d¨ªa anterior a su aprobaci¨®n, cuando el Grupo Vasco hab¨ªa expresado ya su conformidad a la propuesta presentada por UCD d¨ªas antes y ¨¦l Gobierno retir¨® esta propuesta y ofreci¨® otra que fue considerada inaceptable por el PNV. La disposici¨®n adicional fue aprobada en la Comisi¨®n Constitucional del Senado y, tras un nuevo per¨ªodo de intensas negociaciones, la disposici¨®n defendida por los vascos fue rechazada en la sesi¨®n plenaria del Senado.