La Coordinadora de Agricultores ofrece a la Oposici¨®n un an¨¢lisis de la pol¨ªtica agraria

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha elaborado un documento en el que se analiza la pol¨ªtica agraria del Gobierno, que ha sido enviado a los partidos de la oposici¨®n de cara al pleno del Congreso del pr¨®ximo mi¨¦rcoles, que estar¨¢ dedicado a la agricultura espa?ola.A juicio de la COAG, el Gobierno no ha cumplido los compromisos contra¨ªdos en los pactos de la Moncloa (octubre de 1977) en materia agraria. Dice que el plan de ordenaci¨®n de cultivos, elaborado con participaci¨®n de organizaciones y sindicatos agrarios, fue ratificado por el Consejo de Ministros. pero no se ha puesto en marcha y ha sido sustituido por una serie de resoluciones y decretos bien del FORPPA, de la Direcci¨®n General de Producci¨®n Agraria o de otros organismos que carecen de coherencia.

La ley de Arrendamientos R¨²sticos, presentada al Congreso el a?o pasado, todav¨ªa est¨¢ pendiente de discusi¨®n, y la COAG solicita que se agilice. En el apartado de precios agrarios, la Coordinadora considera cumplido el acuerdo de los pactos de la Moncloa y manifiesta su criterio de que la negociaci¨®n debe ser institucionalizada.

Sin duda, el tema de precios agrarios es el que goza de mayor importancia en el informe. El hecho de que se hayan negociado durante las dos ¨²ltimas campa?as ha supuesto un giro importante en el planteamiento agr¨ªcola y ha dado como resultado una serie de medidas complementarias que permiten hacer frente a algunos de los problemas m¨¢s acuciantes. Sin embargo, el informe se?ala las limitaciones de la pol¨ªtica de precios para una reforma de la estructura agraria, inevitable de cara a la integraci¨®n en la CEE. ?Por la v¨ªa de precios?. dice textualmente el informe, ?de ninguna manera puede garantizarse una m¨ªnima renta del peque?o productor de aceite, arroz o leche, productos cuyos cultivos hay que reestructurar a fondo.? Adem¨¢s, la pol¨ªtica de precios, como eje de la pol¨ªtica agraria, lleva a considerar de forma casi exclusiva la situaci¨®n de los mercados, olvidando a veces la situaci¨®n humana o el desarrollo integral de comarcas, regiones o nacionalidades. La COAG concluye, por tanto, que el sistema de negociaci¨®n de precios requiere un nuevo planteamiento.

Sobre el cumplimiento de las medidas complementarias negociadas en marzo de 1978, ese informe entiende que se han cumplido, excepto a la referida a la participaci¨®n de las organizaciones profesionales agrarias en los ¨®rganos colegiados de la Administraci¨®n (en analog¨ªa con los pa¨ªses de la CEE).

A juicio de la coordinadora, la Seguridad Social agraria arrastra graves problemas originados en una discriminaci¨®n en cuanto a prestaciones, frente a los restantes trabajadores, y a una base totalmente injusta de cotizaci¨®n (jornadas te¨®ricas) que lleva a un mayor aporte proporcional de los m¨¢s d¨¦biles econ¨®micamente. La otra ser¨¢n discriminaci¨®n es el mecanismo de recaudaci¨®n. Mientras en los dem¨¢s sectores se cotiza a trav¨¦s del INP, en el campo es Hacienda quien recauda, con lo que cualquier retraso lleva al cobro con recargo Y mediante la v¨ªa ejecutiva, mientras que a las empresas industriales se les autorizan grandes plazos sin el menor problema.

Critica diversos aspectos de los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, el Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), continuador de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, que controla el patrimonio de los agricultores, ha visto incrementado su presupuesto en un 40%; mientras que organismos de mayor importancia, como el INIA o la, agencia de desarrollo ganadero, s¨®lo disponen de la mitad del presupuesto que el IRA. Y en este sentido la COAG considera inadmisible la existencia de 1.500 millones en manos del IRA destinados a entidades sin ¨¢nimos de lucro, de las que no se rinden cuentas.

La coordinadora solicita la devoluci¨®n del patrimonio de la Hermandad de Labradores y Ganaderos a sus leg¨ªtimos representantes, urge a una ley de Cinanciaci¨®n agraria, a una nueva ley de aguas, soficita la elaboraci¨®n de un plan de trabajo concreto encaminado a adaptar nuestra agricultura a la de la CEE y conmina a un an¨¢lisis a fondo en el Parlamento sobre el comercio de Estado.