El presupuesto de 1980

Catedr¨¢tico de Teor¨ªa Econ¨®micaDentro de pocos d¨ªas va a debatirse en el Parlamento la cuesti¨®n m¨¢s importante de la pol¨ªtica econ¨®mica ordinaria, que es el presupuesto de 1980. Es de esperar que el tema no deje de interesar a los pol¨ªticos y, en general, a todos los ciudadanos, porque buena parte del devenir econ¨®mico depende de las cifras que se aprueben. Ahora bien, al analizar el presupuesto no debe olvidarse que se confecciona de acuerdo con una realidad que nos guste o no, est¨¢ ah¨ª. Y la realidad econ¨®mica espa?ola de hoy, como la de muchos de los pa¨ªses industrializados m¨¢s avanzados, es que atravesamos una profunda crisis de alcance indeterminado. Vivimos en un per¨ªodo de recesi¨®n muy superior al previsto inicialmente por los expertos, tal y como se ha puesto de relieve en la reuni¨®n del Fondo Monetario Internacional celebrado recientemente en Belgrado.

Bajo esta perspectiva es bueno tener en cuenta, adem¨¢s, que la confecci¨®n del presupuesto de 1980 parte de una serie de obligaciones contra¨ªdas en el pasado, tanto en lo que afecta a los gastos corrientes (personal, etc¨¦tera) como la inversi¨®n p¨²blica (inversiones ya iniciadas o bien aprobadas). Y esto es as¨ª porque ?c¨®mo va a prescindir la Administraci¨®n de su personal?, ?tendr¨¢ la Administraci¨®n que reducir el salario de sus empleados, estableciendo as¨ª un mayor elemento diferenciador, con respecto a quien trabaja en el sector privado?, ?habr¨¢n de paralizarse los proyectos de inversi¨®n en fase de ejecuci¨®n o ya aprobados para su puesta en marcha? Parece evidente que ninguna de estas soluciones resultar¨ªa ni viable ni acertada, en todo caso se pueden corregir sus funciones adecuando los medios para obtener un mayor rendimiento.

Reconocidas estas obligaciones, que pr¨¢cticamente suponen ya un destino obligado de, al menos, el 80% de los ingresos previstos, la elaboraci¨®n del presupuesto es el arte de asignar la recaudaci¨®n procedente de nuestro sistema tributario y de las cotizaciones a la Seguridad Social.

La reforma tributaria emprendida hace que el conjunto de ingresos para el a?o 1980, seg¨²n el presupuesto, ascienda a la cifra de 1.994.000 millones de pesetas, dentro de las cuales la proporci¨®n de los impuestos directos sobre los indirectos, es favorable a los primeros, seg¨²n la relaci¨®n del 107,7%, aproximadamente igual a la de 1979. Es de notar el esfuerzo que la ley de Presupuestos incorpora mediante modificaciones tributarias que favorecen el empleo y la inversi¨®n, as¨ª como el ahorro privado: aumento en la desgravaci¨®n en el impuesto sobre la Renta, en el impuesto sobre Sociedades y en la actualizaci¨®n de valores en el impuesto sobre el Patrimonio.

Pues bien, con los recursos previstos, que es la aportaci¨®n de todos nosotros a la Hacienda P¨²blica y admitiendo unos compromisos de gastos muy elevados, quedan dos cuestiones por resolver, ¨¦stas son: el tama?o del gasto p¨²blico y del d¨¦ficit y la asignaci¨®n de los recursos, una vez atendidas las obligaciones comprometidas.

El presupuesto, que acepta un d¨¦ficit de 290.000 millones de pesetas, conduce a un incremento de la demanda final del Estado del 17,6%, mientras que el crecimiento previsto del producto interior bruto es, para 1980, del 18,1%. Ello, que puede aparentar un menor elemento reactivador del Estado en relaci¨®n al a?o 1979, obedece, sin embargo, a un cambio importante, cual es la transferencia y contenci¨®n de los gastos consuntivos en favor de la inversi¨®n p¨²blica, lo cual es bueno desde el punto de vista del empleo. No es despreciable, sin embargo, la hip¨®tesis de un d¨¦ficit mayoral previsto, en la medida en que la demanda privada interna y la demanda exterior no den signos de reactivaci¨®n suficiente para alcanzar un crecimiento real del 3-4%. Al no disponer de datos suficientes sobre el tema, no es despreciable la hip¨®tesis de ampliar el d¨¦ficit p¨²blico para mantener la actividad econ¨®mica, pero bien sabido es que este tema ser¨¢ uno de los m¨¢s controvertidos en el Parlamento y que las opiniones sobre el mismo deben hacerse bajo un marco de pol¨ªtica general.

Lo que s¨ª produce satisfacci¨®n en el presupuesto remitido a las Cortes es el conjunto de correcciones incorporadas en 1980 cuyos frutos, de proseguir en la misma direcci¨®n, se alcanzar¨¢n en breves a?os.

Estas medidas correctoras son visibles en el caso de la reducci¨®n relativa de los costes de personal para 1980, en las normas adoptadas sobre congelaci¨®n de plantillas, la consignaci¨®n de los cr¨¦ditos de personal en base a las plantillas efectivas (y no a las te¨®ricas) y finalmente en tomar la productividad como criterio orientador de la pol¨ªtica de retribuciones.

Adem¨¢s de las medidas antes citadas, dirigidas esencialmente a una mayor eficacia del sector p¨²blico, es de notar el cambio que supone la fuerte preocupaci¨®n del presupuesto de 1980 por la contenci¨®n de los gastos corrientes en favor de la inversi¨®n p¨²blica y, junto a esto, el notable aumento de la aportaci¨®n del Estado a la Seguridad Social que son elementos b¨¢sicos para facilitar la creaci¨®n de puestos de trabajo. Es igualmente bueno el esfuerzo que presenta el presupuesto para contener el d¨¦ficit de las empresas p¨²blicas, tratando de este modo de rentabilizar un sector que ha encontrado en el cr¨¦dito extraordinario un recurso muy f¨¢cil para subsanar su cuenta de p¨¦rdidas y ganancias.

Finalmente, si el Gobierno es responsable de la administraci¨®n de los recursos econ¨®micos de la sociedad, hay que poner tambi¨¦n de relieve -sin ¨¢nimo acusatorio, por supuesto, pero s¨ª reflexivo- el alto grado de responsabilidad que recae sobre las corporaciones locales a la hora de administrarse. Hasta el momento, es el Estado quien cubre sus deficiencias econ¨®micas. Para 1980, en el cap¨ªtulo de transferencias corrientes, han sido destinados 98.450 millones para las haciendas locales, lo que supone un incremento del 35,9% sobre 1979. En el futuro habr¨¢ de pensarse en que ser¨¢n los tributos locales quienes financien ese gasto.

En definitiva, resulta evidente que ni la sociedad espa?ola ni ninguna otra, pueden demandar del Estado beneficios mayores que los que procedan del conjunto de aportaciones de esa sociedad. O a la inversa. Los espa?oles no tenemos m¨¢s remedio que contribuir al gasto que generan los beneficios del Estado. Ahora, efectivamente, corresponde al Gobierno y a los pol¨ªticos la responsabilidad ¨²ltima de administrar con justicia en beneficio de todos los sectores de la sociedad. Pero ser¨ªa injusto a su vez olvidar los importantes pasos que se han dado en este sentido durante los dos ¨²ltimos a?os, m¨¢xime cuando los hechos son quiz¨¢ la mayor f¨®rmula para demostrar unas intenciones y una capacidad. Estas consideraciones permiten afirmar que el presupuesto de 1980 contiene una direcci¨®n adecuada hacia la eficacia del sector p¨²blico.