Presuntas irregularidades en la gesti¨®n del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Supuestas irregularidades econ¨®micas de gravedad en la gesti¨®n del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, se encuentran en manos del fiscal general del Estado, quien podr¨ªa tomar decisiones de importancia en los pr¨®ximos d¨ªas. Las irregularidades, anunciadas sin detalle alguno hace unos d¨ªas en una nota oficial del Ministerio de Hacienda, est¨¢n relacionadas con la compra y posterior intento de venta, a mitad de precio, de varias fincas situadas en la comarca del Vall¨¦s oriental. Las fincas fueron compradas por el Consorcio con el fin de crear un centro de transportes internacionales. Seg¨²n unas fuentes, las irregularidades podr¨ªan ser del orden de los mil millones de pesetas. Otras fuentes precisan que el importe total objeto de investigaci¨®n a¨²n no ha sido determinado. En todo caso, es de bastantes cientos de millones. Todo ello es contemplado en una auditor¨ªa que realiza la Intervenci¨®n General del Estado y cuyos primeros resultados fueron comunicados al fiscal por orden del ministro de Hacienda.

El centro de atenci¨®n de todas las fuentes consultadas es Antonio de la Rosa V¨¢zquez, quien desde hace unos diez a?os y hasta el pasado mes de junio fue el secretario general del Consorcio de la Zona Franca.El se?or De la Rosa est¨¢ en ignorado paradero desde hace semanas. En su domicilio de Barcelona se nos ha dicho que no ten¨ªan noticias de ¨¦l desde ?hace uno o dos meses?. ?He hecho todo lo posible para saber d¨®nde est¨¢ y ninguna de mis gestiones ha tenido ¨¦xito?, ha declarado, a su vez un antiguo alto cargo del Consorcio y amigo personal de De la Rosa.

No obstante, la trascendencia del tema supera la actuaci¨®n de una sola persona. El Consorcio arrastra un endeudamiento de 9.000 millones de pesetas y casi nadie expresa ya el deseo de que el ente contin¨²e como hasta ahora. El alcalde de Barcelona fue quien, poco despu¨¦s de las elecciones municipales, se dirigi¨® personalmente al ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa-A?overos, expres¨¢ndole su preocupaci¨®n por la situaci¨®n del Consorcio.

El ministro de Hacienda y el alcalde de Barcelona -presidente nato del Consorcio- acordaron nombrar un nuevo delegado. La persona escogida fue Carlos G¨¹ell de Sentmenat, en quien reca¨ªa la doble condici¨®n de ser miembro del Consorcio barcelon¨¦s y dirigente de un peque?o partido en v¨ªas de fusi¨®n con UCD. Paralelamente, el se?or De la Rosa solicit¨® la jubilaci¨®n. Pocas semanas despu¨¦s de que ¨¦sta fuese efectiva, desapareci¨®, sin que ahora pueda precisarse su paradero.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es titular de ochocientas hect¨¢reas de terrenos industriales situados al sureste de Barcelona, entre el casco urbano y el aeropuerto. Los organismos que forman el Consorcio son la Administraci¨®n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona. El Consorcio est¨¢ dirigido por un pleno en el que participan representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Administraci¨®n central a trav¨¦s de diversos delegados provinciales. Las decisiones y la ejecuci¨®n de las mismas corresponden a este pleno, y por delegaci¨®n, a un comit¨¦ ejecutivo presidido por el delegado especial del Estado, dos concejales, el delegado de Hacienda, el administrador de Aduanas y el ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto. Al consejo y al comit¨¦ est¨¢ incorporado el secretario general del Consorcio. Preceptivamente se realizan auditor¨ªas de las cuentas del Consorcio por parte del Estado y del Ayuntamiento. Las competencias del secretario general son, estatutariamente, levantar actas, y actuar como jefe de personal y supervisar informes. Su antecedente es el dep¨®sito franco de mercanc¨ªas, creado en 1916.

Las zonas francas sirven para situar en ellas industrias de transformaci¨®n que reciben materias primas sin pagar aduanas y exportan productos acabados sin intervenci¨®n fiscal del Estado. Son islas fiscales dentro de los Estados, justificadas por la creaci¨®n de puestos de trabajo. En la Europa comunitaria no existen pr¨¢cticamente.

Historia de la zona franca

Pese a que jur¨ªdicamente la zona franca existe desde 1929, hasta principios de los cincuenta los terrenos del Consorcio no albergaron una industria en r¨¦gimen de zona franca: la SEAT, que ocup¨® 1.250.000 metros cuadrados. A?os despu¨¦s se implant¨®, bajo el mismo r¨¦gimen fiscal., Motor Ib¨¦rica. Son las dos ¨²nicas empresas instaladas en r¨¦gimen de zona franca. En 1.965, la ley 102, de 17 de julio, estableci¨® una renuncia del Consorcio a crear un puerto franco, oblig¨® a la venta de 222 hect¨¢reas a la Junta de Obras del Puerto para construir nuevas d¨¢rsenas, y autoriz¨® al Consorcio a utilizar sus terrenos como pol¨ªgono industrial. Todo ello sin influir en la existencia de dep¨®sitos francos de mercanc¨ªas.

Los primeros ingresos del Consorcio fueron unos arbitrios sobre la extracci¨®n de ¨¢ridos, a los que se a?adieron las rentas de los dep¨®sitos francos, los arrendamientos de las dos empresas en r¨¦gimen de zona franca, y, finalmente, desde 1965, los arrendamientos del pol¨ªgono industrial.

En 1975, siendo delegado especial del Estado en la zona franca Santiago Udina Martorell, se concibe la creaci¨®n del Centro Integrado de Transportes y Almacenamiento (CITA), a ubicar en los t¨¦rminos municipales de Granollers, Montmelo y Perets, en la comarca del Vall¨¦s oriental,. a unos veinte kil¨®metros de Barcelona. El centro deber¨ªa ocupar unas trescientas hect¨¢reas. Para ello, se procedi¨® progresivamente a la compra de fincas. Se trataba de comprar zonas r¨²sticas que iban a ser posteriormente recalificadas para pasar a industriales.

Compras con escrituras privadas

Con la intervenci¨®n de mediadores -al parecer dos abogados barceloneses que percib¨ªan una comisi¨®n de un 3%- el Consorcio fue comprando, real o aparentemente, fincas r¨²sticas. La compra se efectuaba mediante documentos privados, sin levantar escritura p¨²blica, ¨²nico documento inscribible en el Registro de la Propiedad. La explicaci¨®n de este proceder es que as¨ª se evitaban cuantiosos pagos en concepto de derechos reales que podr¨ªan haber sobrepasado los cien millones de pesetas.

En las primeras compras de terrenos hubo peritajes topogr¨¢ficos previos. Pero, seg¨²n diversas fuentes, no hay constancia de que hubiese tales peritajes en las ¨²ltimas operaciones de compra. En todos los casos, el vendedor era, real o aparentemente, pagado mediante tal¨®n firmado por dos altos cargos del Consorcio, entre los que figuraban, en diversas combinaciones, el interventor, el secretario general y el delegado especial del Estado. Los vendedores firmaban un simple recibo.

Fincas sin registro

La auditor¨ªa en curso, que analiza todo lo sucedido desde 1973, ha hallado claras presunciones de irregularidades en estas operaciones. Una fuente indic¨® que en los registros de propiedad consultados no aparec¨ªan cuatro fincas aparentemente vendidas. Estas cuatro fincas hab¨ªan sido elegidas al azar, entre muchas otras, con lo cual la irregularidad puede ser de mayores proporciones. Otra fuente precis¨® que no aparec¨ªan un total de 180 hect¨¢reas, aparentemente compradas, y cuyo importe total seria de unos 1. 100 millones de pesetas.

Result¨®, seg¨²n fuentes contrastadas, que si bien eran trescientas hect¨¢reas las inicialmente previstas para el CITA, llegaron a ser unas 370 las que te¨®ricamente se compraron. Las que actualmente aparecen como propiedad del Consorcio son s¨®lo unas doscientas hect¨¢reas.

Seg¨²n los documentos privados de venta, el precio pagado por el Consorcio por los terrenos era de veinticinco pesetas el palmo cuadrado. La mitad de esta cantidad aparec¨ªa como precio del terreno, y la otra mitad rese?ada como pago en concepto de p¨¦rdida de cosecha.

Antes de que se iniciara la auditor¨ªa se produjo algo sorprendente , ya plenamente investigado por los funcionarios del Cuerpo de Intervenci¨®n del Estado que llevan a cabo la auditor¨ªa. El Consorcio decidi¨® vender parte de los terrenos que acababa de comprar para el Centro de Transportes Internacionales, el CITA. En poco tiempo, el Consorcio pas¨® de comprador a vendedor, sin que hubiese desestimado el proyecto que hab¨ªa llevado a la compra. La venta de los terrenos se produjo por falta de liquidez, seg¨²n las fuentes, y, en parte, por considerar que se hab¨ªan comprado demasiados terrenos.

Lo sorprendente es que, nuevamente por la f¨®rmula del documento privado, firmado en el mes de mayo de este a?o, y mediante la colaboraci¨®n de un intermediario apellidado Del Barco, se concert¨® la venta de terrenos a un precio que era la mitad del pagado poco meses antes. De esta forma se vendieron terrenos o, mejor dicho, se firm¨® el documento privado de venta, por un total de unos 570 millones de pesetas.

Ventas ficticias

El documento privado de la venta de terrenos por 570 millones pospon¨ªa el pago de esta cantidad a ulterior fecha, hacia finales de junio, que es cuando se produjeron m¨²ltiples acontecimientos en el consorcio, incluidos cambios de personas. En el momento del pago no apareci¨® el dinero, pero s¨ª un notario que comunic¨® formalmente, por encargo del presunto comprador o intermediario del comprador, que se solicitaba una pr¨®rroga de seis meses para hacer efectivo el pago. La pregunta queda por responder es si los terrenos de aquella venta existen realmente y son propiedad del Consorcio, as¨ª como en nombre de qui¨¦n obraba el intermediario. Este ¨²ltimo fue, seg¨²n fuentes directas, formalmente preguntado respecto a quien representaba, pero, al parecer, rehus¨® facilitar dicha informaci¨®n. No parece que haya prueba formal de que el intermediario obrase en nombre de alguien entonces relacionado con el Consorcio, o con la compra real o ficticia por parte del Consorcio, de unos terrenos que se pretend¨ªa, siempre real o ficticiamente, vender poco despu¨¦s de haber comprado, y a mitad de precio.

Las gestiones efectuadas para ponerse en contacto con Antonio de la Rosa y obtener su versi¨®n de los hechos, y en particular saber si ¨¦l era, el encargado de entregar, como afirman algunas fuentes, los talones con los que Consorcio pagaban los terrenos existentes no han tenido ¨¦xito. Tambi¨¦n quedaba por indagar el movimiento de cuentas bancarias de otras personas, por las que pod¨ªan pasar los fondos.

Nueve mil millones de deuda

Todo este problema concreto puede situarse en un marco m¨¢s ampl¨ªo. En primer lugar hay que se?alar la escasa rentabilidad del Consorcio. Dos cifras hablan por s¨ª solas: los ingresos anuales ordinarios y los del arrendamiento de los terrenos industriales del pol¨ªgono de la zona franca totalizan unos 450 millones anuales. El endeudamiento del Consorcio es de 9.000 millones.

Estos 9.000 millones conseguidos por el Consorcio en los mercados financieros se descomponen de la siguiente forma: unos 5.500 en obligaciones colocadas a las cajas de ahorro catalanas; 2.800 millones, de cr¨¦ditos bancarios, y el resto, de otras fuentes financieras. Previsiblemente, el Ayuntamiento tratar¨¢ de encontrar ayuda del Estado para cubrir estas deudas.