Los certificados de buena conducta ser¨¢n sustituidos por los de antecedentes penales

El Pleno del Senado aprob¨® ayer una proposici¨®n de ley del senador socialista Rafael Nadal, por la que se sustituyen los actuales certificados de buena conducta, que hasta ahora expiden las comisar¨ªas de polic¨ªa y los puestos de la Guardia Civil, por el certificado de antecedentes penales y una declaraci¨®n complementaria que el propio interesado har¨¢ en determinados casos ante los ayuntamientos o gobiernos civiles, a su elecci¨®n.

En su origen, la proposici¨®n pretend¨ªa que tales certificados fuesen expedidos por los alcaldes, si bien el mismo proponente opinaba que el ideal ser¨ªa suprimirlos. De cualquier forma, se?al¨® el se?or Nadal que la ley conserva la esencia de su proposici¨®n, aunque tenga otras formas. El portavoz del Grupo Socialista, lrizar, resalt¨® la arbitrariedad de los actuales certificados de buena conducta y la necesidad de esta ley. Afirm¨® que, de todas formas, su grupo no se encuentra plenamente satisfecho con ¨¦sta, porque lo que pretende es la desaparici¨®n de los certificados en cuesti¨®n, y en este sentido opin¨® sobre la declaraci¨®n personal complementaria ?que es como un certificado que se hace uno a s¨ª mismo?.En esta declaraci¨®n, seg¨²n la ley aprobada, el interesado deber¨¢ indicar si se encuentra inculpado o procesado, si se le ha aplicado medida de seguridad, si est¨¢ implicado en procedimiento fundado en la ley de Peligrosidad Social, si ha sido condenado en juicio de faltas en los ¨²ltimos tres a?os o, en el mismo plazo, si ha sido multado por la autoridad gubernativa. No habr¨¢ que declarar las sanciones por hechos amnistiados o indultados.

Manuel Villar Arregui, de UCD, sostuvo que los certificados de buena conducta desaparecer¨¢n con esta ley, sustituidos por la declaraci¨®n, necesaria para determinados casos en que no bastan los antecedentes penales negativos. ?Lo que queda claro es que en, adelante ning¨²n funcionario puede juzgar sobre la conducta de un ciudadano, salvo los tribunales?, dijo. La ley fue aprobada por unanimidad.

En la misma sesi¨®n fue rechazada, en virtud del voto negativo de UCD, otra proposici¨®n socialista que ped¨ªa que el Gobierno remitiese a las Cortes un proyecto de ley para regular la situaci¨®n de los auxiliares de farmacia. La falta de acuerdo se debi¨® a que UCD, aunque aceptaba la necesidad de regular las condiciones de estos, trabajadores, no consent¨ªa de ninguna manera que hubiese de ser obligatoriamente por ley, ya que consideraba que la norma de este rango comportar¨ªa un encorsetamiento excesivo.

Mientras los socialistas afirmaban que los auxiliares de farmacia no pueden estar como dependientes de ultramarinos, sino que se les debe equiparar a los auxiliares sanitarios, el portavoz centrista, Francisco Villodres, tras infructuosos intentos de negociaci¨®n, dijo que su grupo aceptar¨ªa la proposici¨®n si se sustitu¨ªa la expresi¨®n ?proyecto de ley? por ?norma de rango adecuado?, a lo que Juan Jos¨¦ Laborda, portavoz socialista, replic¨® que aceptaban que se cambiase la ley por un decreto-ley.

UCD sostuvo que la regulaci¨®n no deb¨ªa de ser de rango legal y, tras cinco minutos de suspensi¨®n del Pleno para intentar una nueva negociaci¨®n, Laborda ofreci¨® una f¨®rmula que dijese que el Gobierno regular¨¢ mediante la norma adecuada, ?sin perjuicio de los aspectos que deban ser regulados por ley?. UCD no acept¨® esto y la proposici¨®n fue votada en su redacci¨®n original y derrotada por 75 votos en contra y 51 a favor.

Por unanimidad, en cambio, fue aprobada otra proposici¨®n socialista para que los ayuntamientos puedan contratar a personas que cobran el subsidio de desempleo. El senador Ferrer, del Grupo Socialista Catal¨¢n, advirti¨® que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el mismo sentido aparec¨ªa ayer en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.