Operaci¨®n pol¨ªtica y financiera para superar las anomal¨ªas del consorcio de la zona franca de Barcelona

El reciente nombramiento del concejal centrista y delegado especial del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Carlos G¨¹ell de Sentmenat, como presidente del consejo de administraci¨®n del Puerto de Barcelona est¨¢ en el centro de una operaci¨®n pol¨ªtica y financiera tendente a superar el problema creado con las muy graves anomal¨ªas descubiertas en el citado Consorcio. El eje del tema est¨¢ en el pago por el Ministerio de Obras P¨²blicas de fuertes cantidades por la cesi¨®n por parte del Consorcio de 120 hect¨¢reas, destinadas a la ampliaci¨®n del puerto de Barcelona.Por otro lado, recientes averiguaciones indican que la sorprendente forma de proceder del Consorcio en los ¨²ltimos a?os alcanza a varias figuras de la vida p¨²blica, al tiempo que no queda limitada a la simple compra de fincas inexistentes.

El proceso arranca de un singular marco legal, fruto directo de lo que fue la Barcelona de Porcioles. Configuran b¨¢sicamente este marco la ley n¨²mero 102 de la Jefatura del Estado, de fecha 17 de julio de 1965, y el ?estatuto de la Zona Franca de Barcelona?, dictado por orden ministerial de 1 de julio de 1968. Ambas disposiciones fueron promulgadas siendo Juan Jos¨¦ Espinosa Sanmart¨ªn ministro de Hacienda. Todo ello fue tan positivo para la trayectoria personal de los rectores del Consorcio que actualmente el citado ministro franquista aparece como presidente honorario del Consorcio.

El pasado 4 de noviembre, este diario revel¨® lo que constituye el punto de mayor esc¨¢ndalo de todo el gran tema del Consorcio: la inexistencia de fincas aparentemente compradas por el Consorcio, por un total de 181 hect¨¢reas, por un valor pr¨®ximo a unos 1.100 millones de pesetas, y, la desaparici¨®n del abogado del Estado en excedencia Antonio de la Rosa V¨¢zquez, durante largos a?os secretario general y aut¨¦ntico hombre fuerte del Consorcio.

En la g¨¦nesis de aquella Informaci¨®n destaca el mutismo de la Administraci¨®n, en particular el Ayuntamiento de Barcelona, que, con una interpretaci¨®n muy estricta de lo que era y es una mera remisi¨®n de un informe al ministerio fiscal, no informaba le lo mucho que pod¨ªa interesar al conjunto de la ciudadan¨ªa.

Pese a este mutismo. muy diferentes fuentes, amparadas casi siempre en documentaci¨®n oficial, han ido facilitando en las pasadas semanas datos complementarios. En base a ellos puede ya establecerse que la desaparici¨®n del secretario general de la entidad y de mil millones de pesetas en pago de terrenos inexistentes son el aspecto m¨¢s escandaloso y evidente de todo un tipo de gesti¨®n. pero que esta gesti¨®n aparece adem¨¢s como responsable de un endeudamiento muy superior (9.000 ¨® 10.000 millones), ocasionado en cinco a?os escasos. Este proceso de endeudamiento de una entidad p¨²blica ha sido paralelo a m¨¢s de un beneficio privado. El comportamiento del Ayuntamiento barcelon¨¦s y de los responsables directos no demuestra una voluntad real de llegar al fondo del tema.

Siendo delegado especial del Estado en el Consorcio Santiago Udina Martorell se llev¨® a cabo una pol¨ªtica de expansi¨®n que, vista desde la perspectiva de hoy, parecer¨ªa incre¨ªble. La misma pol¨ªtica fue continuada por el sucesor de Udina, Jos¨¦ Luis Bruna Quixano. En ambos casos, el responsable, de la ejecuci¨®n de aquella pol¨ªtica de grandiosidad, con muchos poderes personales, fue el hoy desaparecido Antonio de la Rosa.

Al margen siempre del tema, expuesto en su d¨ªa, de los inexistentes terrenos, el actual endeudamiento, fruto directo de aquella pol¨ªtica, se centra en los siguientes puntos: edificaci¨®n de dos grandes y suntuosos edificios (uno de ellos a¨²n inocupado), un incre¨ªble contrato con una empresa privada llamada Docks del Mediterr¨¢neo, SA. la construcci¨®n de unos almacenes para el propio Consorcio y la compra de por lo menos una extra?a sociedad privada. Para ello hubo de procederse a la financiaci¨®n exterior, mediante emisi¨®n de obligaciones por importe de 5.000 millones (suscritas en su mayor¨ªa por las cajas de ahorro catalanas) a obtener cr¨¦ditos por valor d( 2.500 millones de diversos bancos y otros mil millones de empresas constructoras.

Respecto a los dos edificios citados, hay que destacar que uno de ellos, o ambos, se encuentran en situaci¨®n de total ilegalidad urban¨ªstica, al estar edificado sobre zona de equipamiento. Cada uno de ellos cost¨® unos mil millones de pesetas. Uno ocupa a los 260 empleados que, incomprensiblemente, mantiene el Consorcio, cuya ¨²nica funci¨®n real ser¨ªa cuidar de la gesti¨®n de un pol¨ªgono industrial de ochocientas hect¨¢reas. Este edificio usado por el propio Consorcio es de un lujo indescriptible. Posiblemente ninguna instituci¨®n p¨²blica de toda Espa?a cuenta con unas instalaciones comparables. El otro edificio est¨¢ inocupado.

No menos inter¨¦s ofrecen las relaciones del Consorcio con la empresa privada Docks del Mediterr¨¢neo, SA, constituida el 23 de febrero de 1970 con un capital de s¨®lo medio mill¨®n de pesetas. El 6 de mayo de 1975, dicha empresa contrat¨® en arriendo una superficie de terreno urbanizado, propiedad del Consorcio, de 32.000 metros cuadrados, sitos en la calle cinco del sector del pol¨ªgono industrial.

Fue un arrendamiento en el cual el Consorcio, adem¨¢s de arrendador dador, hizo el papel de banco, financiando unas obras de construcci¨®n para Docks del Mediterr¨¢neo, SA, de unos almacenes de dos plantas, en r¨¦gimen de excepci¨®n arancelaria, con una superficie por planta de 2.000 metros cuadrados.

Las obras financiadas por el consorcio para dicha empresa privada importaban en su primera fase 315 millones de pesetas, y en su segunda fase, 214 millones. Ahora, Carlos G¨¹ell, delegado especial del Estado en el Consorcio, afirma que la deuda de Docks -con su medio mill¨®n de pesetas de capital- con el Consorcio es e ochocientos millones.

Por otra parte, Docks del Mediterr¨¢neo, SA, obr¨® asesorada t¨¦cnicamente por otra empresa, denominada Asesoramiento de Tr¨¢fico y Comercio Internacioal (ATCI), fundada el 29 de sepptiembre de 1975, con Antonio de la Rosa Mart¨ª -hijo de Antonio de la Rosa V¨¢zquez, secretario general del Consorcio- como gerente. De la Rosa hijo ocup¨® la gerencia de ATCI hasta el 14 de marzo de 1978, en que pas¨® a ser presidente de la misma sociedad, cuyo domicilio social est¨¢ situado en el edificio que es sede principal y propiedad del Banco Garriga Nogu¨¦s. El consejero delegado de dicho banco, de quien eran dientes destacados tanto ATCI como el propio Consorcio, es otro hijo de De la Rosa, Javier de la Rosa Mart¨ª. Este ¨²ltimo, seg¨²n fuentes financieras, est¨¢ a punto de ser destinado a otra funci¨®n, siempre dentro del grupo Banesto. Otro proyecto de orden comparable fue la construcci¨®n de unos almacenes de dep¨®sito de tres plantas, con una superficie total de 32.000 metros cuadrados. Su coste ha sido de unos seiscientos millones de pesetas. Su utilidad y, desde luego. su rentabilidad no aparecen muy claras. Despu¨¦s de estar largo tiempo inocupados, acaban de ser arrendados como dep¨®sito a la Tabacalera, que pagar¨¢ unos cuarenta millones al a?o.

Otro tema lo constituye la aparici¨®n en el informe emitido por el Consorcio con relaci¨®n a las emisiones de obligaciones de una sociedad mercantil privada denominada Inmuebles y Explotaciones, SA (Inedsa). Tanto en el informe de 1976 como en el de 1977 se afirma poseer el ciento por ciento de dicha sociedad, cuyo patrimonio se cifra en 78 millones de pesetas. En cambio, el registro mercantil se?ala un capital de un mill¨®n de pesetas (el de su constituci¨®n, en 1972), no indica el nombre de ninguna persona del consejo que sea conocida por pertenecer al Consorcio ni muestra ninguna actividad desde junio de 1977. Preguntado al respecto, Carlos G¨¹ell afirm¨® que ?dicha sociedad es, en realidad, un terreno valorado en 78 millones, pero que, por lo menos ahora, no vale dicha cantidad. Lo he puesto a la venta y no aparece ninguna oferta?.

Todas estas operaciones, al igual que la compra de terrenos inexistentes, se hicieron en base a financiaciones exteriores, totalmente ajenas al presupuesto ordinario del Consorcio.