Las complicidades de la matanza de Atocha permanecen en la sombra

La vista p¨²blica del juicio sobre la matanza de Atocha se inicia ma?ana en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, justo a los tres a?os y veinticinco d¨ªas del atentado en el que perdieron la vida cuatro abogados y un auxiliar de despacho, y fueron grav¨ªsimamente heridos otros cuatro abogados. En principio, el juicio est¨¢ previsto para tres d¨ªas, pero, probablemente, se prolongar¨¢ durante toda la semana, si se tiene en cuenta el n¨²mero de abogados defensores y de la acusaci¨®n particular que tienen que intervenir. Despu¨¦s del interrogatorio de los cinco procesados, que finalmente se sentar¨¢n en el banquillo (uno, Fernando Lerdo de Tejada, est¨¢ en paradero desconocido, y otro, Sim¨®n Fern¨¢ndez Palacios, falleci¨® durante la instrucci¨®n del sumario), desfilar¨¢n por estrados 81 testigos.

El juicio sobre la matanza de Atocha, que va a ocupar la atenci¨®n p¨²blica a lo largo de la semana pr¨®xima, tendr¨¢ como principal objetivo determinar en el ¨¢mbito del derecho la participaci¨®n de los procesados en los hechos que les imputan el ministerio p¨²blico y la acusaci¨®n particular, si bien los propios autores materiales de la matanza han reconocido en sus declaraciones su autor¨ªa, y los abogados que les defienden no la niegan, aunque la tipifican jur¨ªdicamente de forma m¨¢s leve que el ministerio fiscal y la acusaci¨®n particular, y a¨²n tratan de justificarla con distintas atenuantes.Aparte de este tema central, y en estrecha relaci¨®n con ¨¦l, el juicio va a dar ocasi¨®n para debatir p¨²blicamente ciertos aspectos oscuros, no suficientemente investigados en el sumario, que apuntan al contexto pol¨ªtico y a las complicidades que hicieron posibles los asesinatos. Entre estos aspectos oscuros o pistas, ya pr¨¢cticamente cegadas por el paso del tiempo, figuran las conexiones pol¨ªticas de los procesados, supuestas complicidades de alg¨²n funcionario p¨²blico, origen de las armas y de las municiones empleadas en el crimen y destino de los fondos obtenidos mediante u?a exacci¨®n ilegal del antiguo sindicato de Transportes de Madrid.

Para arrojar m¨¢s luz sobre estos aspectos, aparte de los datos que ya obran en el sumario, las partes enfrentadas en el proceso (acusaciones p¨²blica y particular, por un lado, y abogados defensores, por otro), han citado a declarar a 49 y 32 testigos, respectivamente. Entre ellos, los propios abogados que sobrevivieron a su ejecuci¨®n en la noche del d¨ªa 24 de enero de 1977, fecha de los tr¨¢gicos sucesos; los directivos, en aquellas fechas, de la revista Fuerza Nueva; los polic¨ªas Antonio Gonz¨¢lez Pacheco y Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Gay, y los presidentes del antiguo sindicato vertical de Transportes, tanto a nivel nacional como provincial de Madrid, Vicente Garc¨ªa Ribes y Jos¨¦ Mar¨ªa Cabildo, respectivamente. Tambi¨¦n han sido propuestos varios peritos de bal¨ªstica y de armas para determinar el origen y la naturaleza de las municiones y armas empleadas en el crimen, entre ellos dos inspectores del Cuerpo General de Polic¨ªa y un capit¨¢n interventor de la Guardia Civil.

Respecto a las armas y a la munici¨®n empleada existen abundantes datos en el sumario que apuntan a su origen y procedencia. La munici¨®n era del mismo tipo que la suministrada a jefes y oficiales del Ej¨¦rcito. Respecto a las armas empleadas en los asesinatos, concretamente la pistola del calibre nueve mil¨ªmetros Parabellum, marca F. N. Brownings, empu?ada por Fern¨¢ndez Cerra, y la pistola marca Star, empu?ada por Garc¨ªa Juli¨¢, con la que se dio muerte, seg¨²n se ha podido determinar, a los abogados Francisco Javier Sauquillo y Seraf¨ªn Holgado, su origen es desconocido, pues uno declar¨® en el sumario que la hab¨ªa encontrado en la calle, y otro en Canarias, mientras realizaba el servicio militar. Por otra parte, el servicio de Intervenci¨®n de Armas de la Guardia Civil no ha podido determinar su propietario, y algunas de ellas eran armas reconstruidas con piezas de otras de la misma serie. Aparte de las utilizadas directamente en el crimen, los procesados dispon¨ªan de varias armas de marca Astra, Llama, Star y Brownings. Concretamente, al procesado, ya fallecido, Sim¨®n Ram¨®n Fern¨¢ndez Palacios se le ocuparon seis armas de fuego cortas, tres con cargador ajustado y una bala en la rec¨¢mara, un ca?¨®n de pistola suelto y abundante munici¨®n.

Los fondos del antiguo sindicato de Transportes de Madrid, procedentes de una cuota ilegal cobrada a los transportistas, fueron destinados, en cuant¨ªa no determinada, seg¨²n la tesis de la acusaci¨®n particular, para financiar y ocultar a los autores del qu¨ªntuple asesinato. De hecho, la investigaci¨®n judicial ha determinado que no se justificaron 1.200.000 pesetas correspondientes a ingresos por recibos del per¨ªodo agosto-diciembre de 1976, y del d¨ªa 1 al 14 de marzo de 1977, fechas estas ¨²ltimas inmediatamente posteriores a la del atentado. Por su parte, el ministerio fiscal y la acusaci¨®n particular mantienen como hecho demostrado que Francisco Albaladejo, antiguo secretario del sindicato de Transportes de Madrid, dio algunas cantidades a Fern¨¢ndez Cerra para que se marchara a Almer¨ªa.

Conexiones pol¨ªticas

Las conexiones pol¨ªticas de los procesados con Fuerza Nueva, Falange Espa?ola de las JONS y la Guardia de Franco son especialmente subrayadas por los abogados de la acusaci¨®n particular. Tampoco dejan pasar el hecho, constatable por numerosas fotograf¨ªas publicadas en los medios informativos, de que varios de ellos han formado parte de los servicios de seguridad de Blas Pi?ar y de Raimundo Fern¨¢ndez-Cuesta. Precisamente, esta aparente relaci¨®n de algunos de los procesados con los dos citados pol¨ªticos determin¨® la declaraci¨®n de ¨¦stos en el sumario en septiembre de 1978 y en mayo de 1979. Por lo que se sabe, ambos pol¨ªticos negaron cualquier tipo de vinculaci¨®n personal o pol¨ªtica con los procesados.

Fern¨¢ndez-Cuesta atribuy¨® a la casualidad el hecho de que algunos de los procesados apareciesen junto a ¨¦l en fotograf¨ªas publicadas en la prensa. Respecto a la militancia pol¨ªtica de algunos de los procesados, confesada por ¨¦stos como falangista, el se?or Fern¨¢dez-Cuesta neg¨® que militasen en FE de las JONS y no pudo explicar de manera convincente su presencia en locales y en congresos de este partido, a pesar de que la misma s¨®lo est¨¢ permitida a los militantes.

Blas Pi?ar, por su parte, fue interrogado, y as¨ª consta en el sumario, sobre su supuesta relaci¨®n personal y pol¨ªtica con los procesados, as¨ª como sobre la relaci¨®n de ¨¦stos con los servicios de seguridad de Fuerza Nueva; sobre la militancia pol¨ªtica de algunos de los procesados en Fuerza Nueva y sobre la publicaci¨®n en la revista Fuerza Nueva, con posterioridad a los asesinatos y antes de la detenci¨®n de los presuntos autores, de determinados datos e hip¨®tesis sobre el crimen cometido.

La perspectiva con la que abordan el enjuiciamiento de los hechos la acusaci¨®n particular, en representaci¨®n de los familiares de las v¨ªctimas y de los heridos, y los abogados defensores de los procesados es distinta y aun contradictoria, y tampoco es exactamente coincidente en lo que respecta a la acusaci¨®n particular y al ministerio fiscal. La acusaci¨®n particular insiste en la existencia de un grupo de personas alrededor de Francisco Albaladejo, secretario del Sindicato de Transportes de Madrid, que comparten actitudes pol¨ªticas afines, que disponen de armas de fuego y que, con la finalidad de agravar la espiral de violencia que se hab¨ªa iniciado para atemorizar a la poblaci¨®n y provocar la intervenci¨®n de los estamentos armados del Estado, se ponen de acuerdo para realizar un atentado contra personas y entidades que consideraban implicadas en el proceso democr¨¢tico que se iniciaba en Espa?a a primeros de 1977, al que eran opuestos.

Seg¨²n la acusaci¨®n particular, la idea de que el atentado se ejecutara en el despacho laboralista de la calle de Atocha, de Madrid, parti¨® de Francisco Albaladejo, ?exacerbado por la huelga del transporte privado de viajeros que por aquellas fechas se produc¨ªa en la capital?. Precisamente en el despacho laboralista de Atocha trabajaban los letrados que asesoraban a la comisi¨®n representativa de los trabajadores del transporte que dirig¨ªa las negociaciones con los empresarios. El hecho de que los autores materiales del crimen -Garc¨ªa Juli¨¢ y Fern¨¢ndez Cerra- preguntasen por Joaqu¨ªn Navarro cuando llamaron a la puerta del despacho es interpretado por la acusaci¨®n particular como pretexto utilizado por aqu¨¦llos para que se les franqueara la entrada, ya que sab¨ªan por Al