La culpa del paro la tiene el parado

A partir del mes de mayo de 1976, el paro pasa a ser el problema socioecon¨®mico m¨¢s importante para los espa?oles (Francisco Alvira y Jos¨¦ Garc¨ªa L¨®pez, en el n¨²mero 2 de Papeles de Econom¨ªa Espa?ola), pero ser¨¢ necesario que pasen cuatro a?os para que nuestra clase pol¨ªtica participe de la misma opini¨®n. En un momento en que, como se?alan los citados autores, ?el 31 % de los hogares con hijos mayores de dieciocho a?os, que convivan con sus padres, y el 30% de los hogares cuyo cabeza de familia sea trabajador sin cualificar y tenga, entre 45 y 60 a?os tienen problemas de empleo?. En un momento en que el Equipo de Coyuntura Econ¨®mica, dirigido por el, profesor Fuentes Quintana, predice (ante una hip¨®tesis ?optimista? de crecimiento del PIB en el 1 %, y de la productividad media del sistema en un 3,5%), un descenso del nivel de ocupaci¨®n del 2-,5%, equivalente a unas 295.000 personas, con lo que acabar¨ªamos el a?o con una tasa de paro del 12,4%. Es decir: un mill¨®n y medio de parados.. Situaci¨®n esta que encaja ciertamente mal con nuestra Constituci¨®n, cuyo art¨ªculo 35 declara que ?todo espa?ol tiene derecho al trabajo?. Y no parece que nos encontremos ante un simple derecho declarativo a agradecer por sus buenas intenciones, sino, m¨¢s bien, ante un ?derecho armado?, pues no hay que olvidar que el art¨ªculo 4Tafirma que ?los poderes p¨²blicos-..., de manera especial, realizar¨¢n una pol¨ªtica orientada al pleno empleo?. Nos encontramos, por tanto, ante un binomio constitucional, compuesto por el derecho de todo espa?ol a tener empleo y por la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de procur¨¢rselo. Y ahora es obvio que esta previsi¨®n constitucional no se produce, y si bien no parece muy sensato tachar a las realidades econ¨®micas de inconstitucionales, s¨ª que puede ser oportuno dudar de la legalidad de los instrumentos jur¨ªdicos utilizados por el Gobierno cuando ¨¦stos no se orienten al pleno empleo.Paulatinamente, el empleo se ha ido convirtiendo en un bien escaso. El mercado est¨¢ ocupado preferentemente en expulsar mano de obra, abri¨¦ndose cada vez m¨¢s la tijera entre la productividad y el empleo; a mayor productividad, menor empleo. De ah¨ª que para dar cumplimiento al mandato constitucional, y partiendo de la escasez del bien empleo, no nos quede otro remedio que la redistribuci¨®n, o, si ustedes lo prefieren, el ?racionamiento del empleo?. Deberemos, pues, optar entre repartir el mayor n¨²mero posible de empleo entre el mayor n¨²mero posible de trabajadores (lo que supondr¨ªa romper la ecuaci¨®n anteriormente apuntada: la mayor cantidad de trabajo con el menor n¨²mero posible de trabajadores), o bien que lo que se reparta sea el beneficio obtenido por el empleo existente; es decir, detraer de ¨¦l los fondos necesarios para extender la protecci¨®n del desempleo. Y de esta manera, y dentro del esp¨ªritu constitucional, la pol¨ªtica de plena protecci¨®n sustituir¨ªa a la pol¨ªtica de pleno empleo.

La primera posibilidad, la de ?generar empleo desde arriba?, ante la aton¨ªa o quiebra del mercado de trabajo, obligar¨ªa a una r¨ªgida planificaci¨®n de la ocupaci¨®n de las fuerzas de trabajo, dif¨ªcilmente sintonizable con nuestra Constituci¨®n; por otra parte, la reducci¨®n de la jornada, la disminuci¨®n de la edad de jubilaci¨®n, la supresi¨®n de las horas extraordinarias y del pluriempleo son medidas que, aunque necesarias y beneficiosas, tienen efectos limitados; lo mismo que el relanzamiento y colocaci¨®n selectiva del gasto p¨²blico. A la postre, se impondr¨ªan las leyes del mercado y la poblaci¨®n obrera seguir¨ªa siendo ?relativamente supernumeraria?. Ahora no nos queda, pues, otro remedio que optar por la segunda alternativa, en l¨ªnea con aquella ben¨¦fica e incumplida promesa de los pactos de la Moncloa: ?... La extensi¨®n progresiva del subsidio a todos los parados ... ?

Y para que tengamos una idea clara de estos asuntos, conviene no olvidar que empezamos el a?o 1979 con un ¨ªndice de desprotecci¨®n del 61,9%, y que, por desgracia, la situaci¨®n empeora, y muy dif¨ªcilmente se podr¨¢ corregir mientras se siga manteniendo la preferencia por un sistema caracterizado por adoptar un mecanismo de protecci¨®n en funci¨®n de la idea contributiva del. ?seguro?.

Admitiendo la dolorosa realidad de una bolsa estructura de paro dif¨ªcilmente reversible, la pol¨ªtica de la plena protecci¨®n del desempleo pasa a ser ineluctablemente el objetivo nacional prioritario, lo que choca aparatosamente con la actual tendencia de desprotecci¨®n, asentada en el soporte ideol¨®gico del ?fraude al desempleo?. La acometida para reducir el salario indirecto y desmantelar el Estado asistencial precisa de una publicidad ideol¨®gica espec¨ªfica. Es necesario sospechar de la honestidad del enfermo o del parado, aqu¨¦l puede ser un p¨ªcaro y ¨¦ste un vago, o un sinverg¨¹enza que compagina trabajo y subsidio... Y as¨ª, poco a poco, se va cambiando la se?a de identidad de la pol¨ªtica de empleo; ya no se caracterizar¨¢ ¨¦sta por intentar promover el empleo o proteger el desempleo, sino por la ?investigaci¨®n del fraude?. Y todo ello, con el aparato y cacareo propio de la inanidad. Todo parado pasar¨¢ a ser un sospechoso, presuntamente culpable de la existencia del paro. Se convertir¨¢ en un agente molesto para la poblaci¨®n ocupada y bien pensante. Y si bien, quiz¨¢ por pudor, no se llegue a decir que la culpa del paro la tiene el parado, al menos se le exigir¨¢ demostrar su inocencia.

Y, mientras tanto, est¨¢ a punto de entrar en vigor una ley de empleo que, para extender la protecci¨®n a dieciocho meses, exige un per¨ªodo de cotizaci¨®n seis veces superior al actual.