La comparsa del desarrollo: el caso andaluz / y 2

La actuaci¨®n del sector p¨²blico en Andaluc¨ªa, consecuentemente con la primac¨ªa dada por la pol¨ªtica, econ¨®mica al crecimiento per se, ha carecido y carece de instrumentaci¨®n compensadora en su triple dimensi¨®n de suministrador de servicios p¨²blicos, autoridad econ¨®mica y fiscal y en su participaci¨®n directa en el proceso productivo.La infraestructura, en general, mantiene su d¨¦ficit en relaci¨®n con la media nacional, y no hablemos del equipamiento en sanidad y ense?anza. La red de comunicaciones s¨®lo se desarroll¨® en la medida de los requerimientos tur¨ªsticos.

Como autoridad econ¨®mica, se encarg¨® de asignar a Andaluc¨ªa un papel de proveedora de materias primas, mano de obra y de un mercado cautivo para los productos industriales del resto del Estado espa?ol.

Exceptuando los incentivos fiscales de los polos de desarrollo, que deben su fracaso principalmente a la falta de una acci¨®n econ¨®mica coordinada del sector p¨²blico que suministrara paralelamente la infraestructura necesaria, Andaluc¨ªa, a igual que otras ¨¢reas subdesarrolladas, cont¨® con menor o similar ayuda p¨²blica que las otras ¨¢reas industriales. Pero esto no s¨®lo fue en el pasado, sino, lo que es peor, se mantiene en nuestros d¨ªas.

Hoy, como el Gobierno reconoce en programa econ¨®mico, existe una insuficiente atenci¨®n a las exigencias del desarrollo regional. El ¨²nico instrumento espec¨ªfico son las Sociedades de Desarrollo Industrial (Sodian para Andaluc¨ªa). Pues bien, este instrumento de acci¨®n regional, de escasa dimensi¨®n financiera (la inversi¨®n prevista por Sodian para 1980 es de 3.795 millones de pesetas, cifra inferior a s¨®lo el cr¨¦dito oficial excepcional concedido a Altos Hornos de Vizcaya en 1978, por un valor de 4.500 millones), tiene serias limitaciones en cuanto a su actividad financiera: a¨²n no se reglament¨® su posibilidad de acceso a los pr¨¦stamos de regulaci¨®n especial de las cajas de ahorro ni a l¨ªneas especiales de cr¨¦dito oficial, posibilidades reconocidas en los reales decretos de su creaci¨®n. Y a¨²n m¨¢s, en su acci¨®n promotora se le exige una actuaci¨®n de estricta rentabilidad econ¨®mica a corto plazo, pues su participaci¨®n accionaria debe ser minoritaria y temporal.

Por lo dem¨¢s, la actuaci¨®n del INI en Andaluc¨ªa se limita a mantener su inmovilizado (4,2% del total nacional en 1975) en industrias contaminantes (ENCE en Huelva), ?elefantes blancos? (AESA en C¨¢diz y Sevilla y Baz¨¢n en San Fernando) y servicios (Iberia, Butano y Artespa?a), conservando tambi¨¦n una congruente presencia testimonial en el sector minero.

Por v¨ªa del cr¨¦dito oficial, los empresarios andaluces tienen en 1978 un saldo en cuentas de cr¨¦dito por importe de 134.000 millones de pesetas, es decir, un 13,4% sobre el total concedido. Participaci¨®n nada compensadora, pues Catalu?a recibi¨® el 12,3% y Madrid el 27,8% (2). Por la v¨ªa extraordinaria, tampoco disfrut¨® Andaluc¨ªa de especial atenci¨®n. El Instituto de Cr¨¦dito Oficial ha concedido, entre otros cr¨¦ditos excepcionales, para damnificados de Vizcaya (1.050 millones de pesetas), Baz¨¢n (3.000 millones), Altos Hornos del Mediterr¨¢neo (8.000 millones), Ensidesa (11.000 millones), Altos Hornos de Vizcaya (4.500 millones), Echevarr¨ªa (3.750 millones) y Babcok y Wilcox (2.200 millones).

El papel del sistema financiero

Como contrapartida al escaso apoyo oficial que recibe de la Administraci¨®n central, Andaluc¨ªa aporta su mano de obra y sus recursos financieros al desarrollo industrial de otras ¨¢reas del Estado El tradicional saqueo del ahorro andaluz queda confirmado con los datos del Banco de Espa?a sobre inversi¨®n bancaria regional, hasta ahora guardados celosamente y publicados por J. Mu?oz, S Rold¨¢n y A. Serrano (3). Como apuntan sus autores, de cada cien pesetas captadas por la banca, se invirtieron al final del primer semestre de 1978: 74,7, en Andaluc¨ªa; 143,3, en Madrid; 121,3, en Barcelona, y 180,5, en Bilbao. Datos m¨¢s recientes indican que la proporci¨®n de los dep¨®sitos nacionales captados y de las inversiones son a¨²n m¨¢s desiguales: para Madrid, respectivamente, de 16,1% y 35,1%; para Barcelona, del 7,2% y 20,7%, y para Bilbao, de 4,4% y 7,4%. Respecto a las cajas de ahorro, de las que se desconoce su inversi¨®n regional, se puede estimar en base a sus aplicaciones obligatorias (60% de los recursos ajenos). Estas van destinadas a financiar viviendas, autopistas, obligaciones INI y los endeudamientos de las principales corporaciones locales (Madrid, Bilbao y Barcelona). Comportamiento que, con vistas al futuro, viene a consolidar la OM del 21 de diciembre de 1979 sobre la expansi¨®n regional, seg¨²n la cual se mantiene el control de la penetraci¨®n interregional en manos de las grandes cajas. S¨®lo podr¨¢n abrir libremente oficinas en su regi¨®n o en capitales de m¨¢s de 400.000 habitantes de fuera de la regi¨®n diecisiete cajas de ahorro entre las cuales, cuatro son catalanas; cuatro, vasco-navarras; dos, gallegas, y dos, andaluzas (Ronda y Granada). Se legitima as¨ª la exclusividad del flujo financiero interregional a las grandes entidades de ahorro, que son, por este orden: Caixa y las Cajas de Madrid, Zaragoza, Arag¨®n y Rioja, Barcelona y Valencia, todas ellas con m¨¢s de 100.000 millones de pesetas de dep¨®sitos.

La financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas ofrece problemas de dos niveles distintos. En primer lugar, las indefiniciones existentes en la ley correspondiente respecto a la determinaci¨®n de conceptos tales como porcentaje de participaci¨®n en ingresos estatales, participaci¨®n y dotaciones al Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial, etc¨¦tera. En cualquier caso, y como consecuencia del desfase temporal en la ?carrera? auton¨®mica de las distintas regiones, dejando aparte el tratamiento muy particular previsto para el caso vasco, puede determinar que por las indefiniciones se?aladas sean las primeras comunidades aut¨®nomas las que, al precisar estos conceptos y al estar las arcas del Estado m¨¢s repletas, sean las que de verdad tengan una cierta autonom¨ªa financiera, siendo las restantes regiones las que financien a las primeras en llegar.

El segundo grupo de problemas proviene de la existencia de un Estatuto de Autonom¨ªa para el Pa¨ªs Vasco completamente at¨ªpico por la vigencia del r¨¦gimen de conciertos, del cual disponemos de una experiencia reciente, como es el caso alav¨¦s, donde se especula con un super¨¢vit de unos 5.000 millones de pesetas. Tienen su origen tambi¨¦n en la posibilidad de cesi¨®n a las comunidades aut¨®nomas de impuestos como el del patrimonio, que puede estar gravando elementos patrimoniales situados fuera del territorio de la comunidad al atender al domicilio fiscal del sujeto pasivo para afectarlo a una u otra regi¨®n. Si tenemos en cuenta la concentraci¨®n relativa de contribuyentes de otras ¨¢reas en centros como Madrid, Bilbao y Barcelona, podemos concluir que se puede ver reducida la capacitaci¨®n recaudatoria de regiones como Andaluc¨ªa, agudiz¨¢ndose a¨²n m¨¢s las desigualdades antes mencionadas.

Lo dicho aqu¨ª no corresponde sino a una r¨¢pida s¨ªntesis de aspectos parciales de algunos hechos referentes al tratamiento discriminatorio aplicado a Andaluc¨ªa, pero que, sin duda, son relevantes para .mostrar el grado de dependencia econ¨®mica y sumisi¨®n pol¨ªtica de una regi¨®n espa?ola con entidad cultural, ambiental y econ¨®mica propia demostrada a lo largo de su historia y reconocida internacionalmente, que adem¨¢s cuenta con un potencia? humano superior al de cerca de cien naciones. (4).

Se ha tratado tambi¨¦n de demostrar aqu¨ª que la explotaci¨®n de Andaluc¨ªa ha sido deliberadamente alentada y promovida por los poderes p¨²blicos centrales. Actitud que contrasta diametralmente con la seguida por los Gobiernos de otros pa¨ªses, reflejada, por ejemplo, en la ayuda permanente y masiva al sur italiano, o, m¨¢s recientemente, en el plan franc¨¦s para el Suroeste. Las decisiones que se adopten en la aplicaci¨®n de la financiaci¨®n de las autonom¨ªas permitir¨¢n probar la voluntad del Gobierno de dar un giro completo a la ?contrapol¨ªtica? regional mantenida hasta ahora.

(2) La participaci¨®n de Madrid posiblemente est¨¦ sesgada al alza por la localizaci¨®n de las sedes sociales en la capital.

(3) ?La decadencia econ¨®mica andaluza?, en Tribuna Libre de EL PAIS, 6 de marzo de 1980.

(4) V¨¦ase UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics 1979, Nueva York, 1979.