Las acusaciones de estafa en Naviera de Letasa pueden conducir a un nuevo Matesa

La existencia comprobada de documentos falsos de compraventa, la igualmente comprobada participaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez Tapia, principal accionista de la Naviera Letasa, en dos intentos de hacer embargar los buques de la compa?¨ªa en puertos extranjeros, y la inexplicada existencia de un desfase de veintis¨¦is millones de d¨®lares (unos 1.800 millones de pesetas) entre el precio en el mercado internacional de esos mismos buques y la cifra que figura en un documento de venta a un armador griego, son los datos que abonan la hip¨®tesis de la existencia de una monumental estafa de la que ser¨ªan v¨ªctimas tanto los acreedores de la naviera -declarada en quiebra a fines de marzo- como los 450 empleados de la misma, cuyos puestos de trabajo quedar¨ªan en el aire. Tal es la opini¨®n que expresaron ayer el comit¨¦ de empresa, por una parte, y el depositario judicial de la quiebra, Juan Mar¨ªa Ayo, por otra.

De confirmarse los extremos denunciados, con el apoyo de fotocopias de documentos diversos, en una conferencia de Prensa celebrada ayer en Bilbao, se dar¨ªa retrospectivamente la raz¨®n a quienes ya a fines de 1977, a ra¨ªz de ser declarada la suspensi¨®n de pagos de Letasa, SA (cuyo pasivo de casi 11.000 millones de pesetas la convert¨ªa en la suspensi¨®n de mayor volumen jam¨¢s registrada en Espa?a), hablaron de la existencia de ?un nuevo Matesa?.La sensatez de esa opini¨®n se ver¨ªa reforzada al conocerse, hace unos meses, los pormenores de una operaci¨®n realizada por Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez Tapia, en 1975, consistente en la venta a un armador iran¨ª de tres peque?os barcos (valorados en unos sesenta millones de pesetas) por un importe superior a los cuatrocientos millones. El misterio se aclarar¨ªa al descubrirse un documento en el que se inclu¨ªa una cl¨¢usula que hac¨ªa constar que el armador iran¨ª ?no podr¨¢ ser considerado responsable del pago de los importes que figuran en el acuerdo?. Naturalmente, la cl¨¢usula equival¨ªa al reconocimiento de que se trataba de una compraventa ficticia. Sus firmantes se beneficiar¨ªan, sin embargo, de los cr¨¦ditos oficiales concedidos para financiar la operaci¨®n, en base a la legislaci¨®n sobre cr¨¦ditos a la exportaci¨®n. La posible estafa al erario p¨²blico resultante de esta operaci¨®n -cuyo importe total superar¨ªa los seiscientos millones de pesetas- se encuentra pendiente de resoluci¨®n desde junio pasado, fecha en la que varios bancos acreedores presentaron ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Bilbao una denuncia por las presuntas irregularidades cometidas por el grupo L¨®pez Tapia.

Dicha denuncia estuvo motivada, en lo inmediato, por la venta de la flota de Letasa a un armador griego (a trav¨¦s de una empresa liberiana, cuyo capital social es, al parecer, de mil d¨®lares, unas 70.000 pesetas), justamente dos d¨ªas antes de que fuese declarada la quiebra, lo que convert¨ªa dicha venta en ilegal. La Subsecretar¨ªa de Pesca y Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmar¨ªa la ilegalidad de tal operaci¨®n en un documento firmado el 12 de junio.

De nuevo la operaci¨®n aparec¨ªa ensombrecida por toda clase de interrogantes. ?Por qu¨¦ la insistencia de L¨®pez Tapia en centrar toda su estrategia en esa venta, cuando no ser¨ªa dif¨ªcil encontrar compradores dispuestos a pagar entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas m¨¢s que los ofertados por el armador griego, cuya solvencia, por otra parte, parec¨ªa m¨¢s que dudosa? ?Qui¨¦n hay detr¨¢s de la empresa Magnolia Ocean Shipping, constituida expresamente para la operaci¨®n, con un capital social rid¨ªculo? ?Por qu¨¦ el acuerdo incluye el pago de una comisi¨®n de veinticuatro millones de pesetas al armador griego? ?Por qu¨¦ se desecha de partida la posibilidad de un acuerdo con los acreedores, que permitiera la continuidad de una empresa perfectamente viable, seg¨²n los t¨¦cnicos, o al menos la posibilidad de venta a un armador espa?ol, lo que garantizar¨ªa la continuidad de los puestos de trabajo?

Quiz¨¢ de nuevo el secreto est¨¦ en la posibilidad de una financiaci¨®n de la operaci¨®n por parte del Banco de Cr¨¦dito a la Exportaci¨®n, lo que permitir¨ªa disponer r¨¢pidamente de dinero l¨ªquido.

Tal parece ser la perspectiva contemplada por el grupo L¨®pez Tapia, deseoso de convertir r¨¢pidamente sus acciones en dinero.

En opini¨®n de los acreedores hipotecarios parece, sin embargo, dudoso que la Administraci¨®n, tras el esc¨¢ndalo de la venta fraudulenta de 1975, se muestre de nuevo dispuesta a financiar un negocio privado con fondos p¨²blicos. Los representantes de los trabajadores llamaron la atenci¨®n sobre este punto, subrayando la incoherencia de que se apliquen tales ventajas crediticias a operaciones de venta de productos de segunda mano.

La presunta estafa

El depositario judicial de la quiebra, Juan Mar¨ªa Ayo, no dud¨® en emplear la palabra estafa para calificar la operaci¨®n, aunque evit¨® pronunciar ciertos vocablos, dejando sin respuesta la pregunta obvia planteada por los informadores: ?No es posible que, directa o indirectamente, sea el propio grupo de L¨®pez Tapia quien est¨¦ detr¨¢s de la compa?¨ªa liberiana que en tan ventajosas condiciones compra la flota, benefici¨¢ndose, paralelamente, de los cr¨¦ditos oficiales?

Esta sospecha, expresada hace meses por los trabajadores, se ver¨ªa reforzada por la actitud del propio L¨®pez Tapia durante los ¨²ltimos meses, tendente, al menos en apariencia, a entorpecer la actividad de una empresa de la que sigue siendo principal accionista.

Esta actitud de entorpecimiento se habr¨ªa manifestado, seg¨²n se revel¨® ayer, por la existencia de presiones a posibles clientes, a los que habr¨ªa desaconsejado utilizar los servicios de su propia compa?¨ªa, advirti¨¦ndoles del peligro de que los buques fueran confiscados en cualquier puerto.

Pero no s¨®lo es esto; por dos veces consecutivas, en Argentina y en Brasil, L¨®pez Tapia intent¨® personalmente que las autoridades de los puertos de Villa Constituci¨®n, primero, y de R¨ªo Grande do Sul, despu¨¦s, embargasen el Marco Azul, barco de la compa?¨ªa, presentando un documento seg¨²n el cual el nuevo propietario del mismo era el se?or Angelicousis, armador griego, que lo habr¨ªa adquirido por 585 millones de pesetas. La habilidad del capit¨¢n logr¨® en ambas ocasiones evitar el embargo del buque, pero no la retenci¨®n del mismo durante un mes, lo que ocasion¨® a la compa?¨ªa una p¨¦rdida de treinta millones de pesetas. El se?or Ayo a?adi¨® a dicha cifra la de otros cien millones, que supondr¨ªan, a su juicio, las p¨¦rdidas indirectas ocasionadas por esta actitud de L¨®pez Tapia, que ha hecho cundir la duda entre los fletadores habituales de la naviera.

As¨ª las cosas, la reciente intervenci¨®n en el tema de la Federaci¨®n de la Marina Mercante, de UGT, asegurando que la soluci¨®n al problema -incluyendo la salvaguardia de los puestos de trabajo- depend¨ªa del acuerdo con el armador griego, ha suscitado la irritaci¨®n del comit¨¦ de empresa, cuyos representantes presentaron ayer diversos documentos que probar¨ªan la inexistencia de garant¨ªa alguna en dicho sentido. Esta falta de garant¨ªa se ver¨ªa reforzada, en opini¨®n del depositario general de la quiebra, por el hecho de que el presunto comprador haya sido incapaz de cumplir el compromiso de pagar en el plazo estipulado en el contrato el precio convenido.

A su vez, este hecho ser¨ªa un argumento adicional para quienes piensan que toda la operaci¨®n est¨¢ montada sobre la hip¨®tesis de poder disponer de fondos p¨²blicos para financiar lo que pudiera ser un negocio a doble banda.