De los funcionarios

Esta Espa?a nuestra de los vaivenes parece haber encontrado, ?al fin!, la ra¨ªz de los numerosos males que la aquejan, la culpa es de los funcionarios. As¨ª, la codiciada situaci¨®n de funcionario, en otro no tan lejano tiempo, ha pasado a ser poco menos que la escoria vituperada y vituperable de la sociedad, a tenor de lo que a diario se oye y se escribe en los medios de difusi¨®n. En tal campa?a parecen tomar indirecta participaci¨®n altos responsables de la pol¨ªtica gubernamental a quienes debe resultar harto c¨®modo descargar sobre los funcionarios toda la incompetencia e incapacidad de administrar de los Gobiernos que se suceden.Pocas son las voces, sin embargo, que intentan realizar un mediano an¨¢lisis de cu¨¢l es la situaci¨®n real de nuestra Administraci¨®n p¨²blica y de los males que la aquejan. Desear¨ªamos contribuir a ello.

El primer dato que se constata objetivamente es que la Administraci¨®n espa?ola no es ese Moloch que devora al pa¨ªs implacablemente. La Administraci¨®n p¨²blica espa?ola, con sus 1.300.000 empleados, ocupa al 10% de la poblaci¨®n activa frente al 16% de promedio en la Comunidad Econ¨®mica Europea, donde la muy liberal Inglaterra se alza con la palma al tener, nada m¨¢s y nada menos, que al 21% de su poblaci¨®n activa empleado en la Administraci¨®n. Ser¨ªa faltar a la objetividad no advertir que las difrencias m¨¢s abismales se producen en el campo de la Adm¨ªnistraci¨®n local, donde los efectivos en Espa?a no alcanzan el 25% de lo que es habitual en otros pa¨ªses, como es necesario tener en cuenta que el volumen presupuestario espa?ol sobre el total del PIB es tambi¨¦n netamente inferior al porcentaje promedio de Europa. Estas aclaraciones, sin embargo, no eliminan la evidente constataci¨®n de que Espa?a no es un pa¨ªs sobre cargado de Administraci¨®n, sino m¨¢s bien lo contrario.

El hecho anterior no supone que sea tesis defendible el aumentar la Administraci¨®n p¨²blica. Aqu¨ª y ahora la tarea es hacer productiva y eficaz la que tenemos, ya que todo el mundo parecemos estar de acuerdo en que la que hay funciona mal.

Y es a la hora de analizar este mal funcionamiento y asignar responsabilidades cuando se echa de menos un m¨ªnimo de objetividad. No es serio pretender que es la indolencia natural e individual de los funcionarios la causa del mal funcionamiento de la Administraci¨®n. Por decirlo en palabras llanas, no se puede cerrar un an¨¢lisis sobre el mal funcionamiento de la Administiaci¨®n diciendo que los funcionarios son vagos por naturaleza o, lo que es peor, que ?la Administraci¨®n es lenta, ineficaz, irresponsable, inhumana, c¨ªnica, arrogante e indisciplinada?, en frase atribuida al ministro responsable de la funci¨®n p¨²blica, que ¨¦ste no ha desmentido y, que de ser cierta, cuestiona, ante todo, la capacidad del ministro para ocupar el puesto que ocupa, como cuestiona la seriedad profesional del peri¨®dico que la hac¨ªa suya.

Las raices de la inericacia

Los funcionarios, muchos de ellos llegados a la Administraci¨®n en las ¨²ltimas d¨¦cadas con evidentes ganas de trabajar y hacer las cosas bien, son ciudadanos normales e los que adem¨¢s se ha exigido una seria preparaci¨®n te¨®rica -via oposiciones- para acceder al puesto de trabajo.

Las ra¨ªces de la ineficacia hay que buscarlas m¨¢s al fondo. Un fondo en el que concurren una multitud de causas, buena parte de las cuales son de la incumbencia del poder pol¨ªtico presente y pasado. Un poder pol¨ªtico que no ha abordado las reformas de Administraci¨®n y funci¨®n p¨²blica, generalizadas en toda Europa tras la segunda guerra mundial, que no utiliza para la toma de decisiones el ingente capital humano de que dispone y que en los ¨²ltimos a?os, al congelar constantemente la toma de decisiones administrativas, por razones que no es del caso analizar aqu¨ª, congela, al mismo tiempo, el funcionamiento de la rnaquinaria administrativa. Un poder pol¨ªtico, en fin, que carente de una pol¨ªtica global de funci¨®n p¨²blica parece empecinado en sembrar el caos y la disfunci¨®n diseminando competencias entre Presidencia y Hacienda, y que al limitarse a tapar cada d¨ªa los socavones abiertos la v¨ªspera, logra que en la Administraci¨®n el sistema natural de organizaci¨®n sean los reinos de taifas corporativos y sectoriales que el ciudadano tiene tanto que sufragar corno soportar.

Este an¨¢lisis no significa que los funcionarios estemos exentos de toda culpa. Tambi¨¦n somos corresponsable.s de la situaci¨®n. Sobre todo porque hemos aceptado el juego que marcaba el poder. El juego de ver bajar vertiginosamente nuestro poder adquisitivo en los ¨²ltimos a?os y aceptar a cambio reducciones de horario que posibilitaban la salida del pluriempleo. El juego de que no exista carrera administrativa e intentar a cambio la ?hinchaz¨®n de plantillas?, provocando reformas administrativas ¨²nicamente destinadas a crear nuevos puestos. El juego de no tener derecho a la negociaci¨®n colectiva y recurrir, a cambio, a la presi¨®n sectorial y corporativa para as¨ª sacarnos las casta?as del fuego. En definitiva, haber aceptado las puertas de salida falsas en lugar de encarar de frente la situaci¨®n. Y a¨²n este mea culpa cabe decirse de ciertos grupos de funcionarios, bur¨®cratas en su mayor parte, pero no se puede aplicar a amplios colectivos funcionariales que se han limitado a soportar pasivamente la crisis. Porque es hora de que la opini¨®n p¨²blica sepa que tambi¨¦n hay funcionarios que barren las calles, vigilan los montes y tapan los baches de las carreteras.

Y, claro es, no todo puede reduc¨ªrse a la seguridad en el empleo, como ¨²ltimamente se nos aduce constantemente a la hora de pedirnos un a?o m¨¢s que aceptemos topes salariales por debajo de los del sector privado, reduciendo a¨²n m¨¢s nuestro ya menguado poder adquisitivo. Es cierto que los funcionarios tienen estabilidad en el empleo. Pero, ?acaso no la tienen tambi¨¦n los trabajadores de Renfe, Iberia, Ensidesa o Seat? Ello no les exime, sin embargo, de ganar cantidades muy superiores a las que ganan los funcionarios y de tener unos derechos sociales y sindicales muy por encima de los de ¨¦stos.

Por eso entendemos que es una mala pol¨ªtica y un mal negocio para cualquier pa¨ªs una administraci¨®n pagada, de desmoralizada y de mala imagen, como comienza a ocurrir en Espa?a. Qu¨¦ son necesarias reformas en profundidad, estamos tan de acuerdo que no hacemos otra cosa que pedirlas desde hace a?os.