Los institutos vascos, sin educaci¨®n f¨ªsica desde hace dos meses
La Consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno vasco recibe hoy en Vitoria a los representantes de las centrales sindicales y de la coordinadora de ense?antes de educaci¨®n f¨ªsica de Vizcaya y Alava, sector que lleva dos meses de huelga en demanda, fundamentalmente, de su equiparaci¨®n salarial y profesional con el resto del profesorado de ense?anza media, formaci¨®n profesional y escuelas de magisterio.La movilizaci¨®n de los profesores de educaci¨®n f¨ªsica se inici¨® a mediados de febrero, junto con la del resto del profesorado contratado del Pa¨ªs Vasco. El acuerdo logrado para el conjunto del sector dej¨® en solitario a los profesores de educaci¨®n f¨ªsica, que han resentido vivamente desde entonces la indiferencia social existente en torno a sus reivindicaciones. S¨®lo a duras penas han ido rompiendo ese cerco a lo largo de la huelga, logrando paulatinamente el apoyo de las centrales mayoritarias y de las asociaciones de padres.
Esta indiferencia contrasta con las precarias condiciones salariales de estos titulados, que no s¨®lo siguen cobrando entre 18.000 pesetas (los adjuntos) y 30.000 (los titulares), sino que, adem¨¢s, no cobran seminarios ni tutor¨ªas ni tienen derecho a cargos de responsabilidad docente en los centros. Un primer contacto con la Consejer¨ªa de Educaci¨®n del Gobierno vasco, el pasado d¨ªa 17, sirvi¨® para que se reconociera lo injusto de su marginaci¨®n y humillante situaci¨®n profesional, pero no para obtener de los poderes auton¨®micos un compromiso concreto en torno a los temas planteados.
Junto a la equiparaci¨®n salarial, los profesores de educaci¨®n f¨ªsica vienen reclamando desde hace meses el r¨¢pido desarrollo reglamentario de la ley de Cultura F¨ªsica, aprobada en el Parlamento hace un ano, pero inaplicada todav¨ªa. El pasado 26 de marzo, un paro de veinticuatro horas de toda la ense?anza media de Vizcaya y Alava, ampliamente seguido, sirvi¨® para constatar el apoyo de la ense?anza en general a estas reivindicaciones, pero no para modificar la actitud de indiferencia real que los interesados siguen denunciando en la Administraci¨®n auton¨®mica y central.
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